No acertar ni uno
Está habiendo “inflación de segunda ronda”, pero no porque los salarios ganen poder adquisitivo
Echar una quiniela y no acertar ningún resultado debería estar tan premiado como hacer un pleno de 14 resultados. Esto es más o menos lo que ha ocurrido en el seno de la corriente principal de los economistas mundiales con el desarrollo de la inflación. Primero dijeron que sería un fenómeno transitorio, a continuación que no habría “inflación de segunda ronda” si los salarios subían por debajo de los precios, más adelante hicieron una vinculación espuria entre la subida del salario mínimo interprofesional y el empleo (relación inversa: cuanto menos SMI, más empleo, y viceversa); por último, entendieron que la inflación subyacente (aquella que no computa los precios energéticos ni los alimentos frescos) no sobrepasaría a la inflación general.
De los datos conocidos de la inflación en España del pasado mes de febrero la peor noticia parece, sin duda, la enorme subida de la inflación subyacente (7,7%), por encima de la general (6,1%) y por encima de la subyacente media de la zona europea (5,6%). Ya se puede prever, casi con seguridad, que en el año en curso será casi imposible volver a un incremento de los precios en el entorno del 2%, como en su momento dijeron los organismos internacionales y algunos servicios de estudio, después de un 2022 con los precios extraordinariamente altos.
Y está habiendo “inflación de segunda ronda” no porque los salarios suban por encima de los precios y ganen poder adquisitivo, sino porque una parte de las empresas está repercutiendo el aumento de sus costes en los precios de consumo para mantener los márgenes. En los dos últimos años los precios subieron un 2,1% (2021) y un 8,4% (2022) mientras los salarios solo lo hicieron un 1,5% y un 2,8%, respectivamente. En 2022 los beneficios de las compañías ganaron terreno en la renta nacional bruta en España mientras los salarios lo perdieron porcentualmente. Con los datos provisionales de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística, los salarios ocupan un 46,8% de la renta nacional bruta (un 48,1% un año antes), mientras que el excedente bruto de la explotación pasó de un 40,9% en 2021 a un 42,3% el pasado ejercicio. Este excedente es lo que queda de lo generado por la actividad una vez recompensado el factor trabajo. Incluye las rentas del capital, el beneficio de las empresas, el pago de intereses, la amortización de los factores de producción, la renta de los propietarios de inmuebles y los beneficios de los autónomos.
El catedrático de Economía Aplicada Rafael Myro corrobora estas tendencias en un artículo titulado Inflación y márgenes empresariales, en el que demuestra que el aumento de los beneficios empresariales explica casi por completo el aumento del deflactor en 2022, y que el peso porcentual de los beneficios brutos en la renta nacional aumentó sensiblemente ese año.
Ante esta situación y dado que sigue subiendo el precio de los productos importados, la cesta de la compra o los tipos de interés, el límite de actuación de muchas familias se agota: se reducen los depósitos bancarios, cae el ahorro embalsado en los tiempos del confinamiento y se reduce el efecto económico de un buen comportamiento del empleo (más de 20 millones de contribuyentes a la Seguridad Social) y de la última reforma laboral que ha convertido en fijos a muchos temporales.
Es en este contexto en el que se ha producido la prudente oferta sindical a la patronal para que los salarios suban un mínimo del 13,84% en el trienio 2022-2024, más las cláusulas salariales que dependerán de la situación económica de las empresas, medible por la evolución de sus márgenes de beneficios. Se trata de conseguir una distribución equitativa de los costes de la inflación entre el poder de compra de los asalariados y los beneficios empresariales de cada empresa y sector. CC OO y UGT tratan de evitar que una economía en transformación como la española vuelva al viejo formato de la Gran Recesión y otras experiencias anteriores del ajuste interno por la vía del empobrecimiento de los que dependen de un salario.
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