Los ministros y Europa

Todos los ministros del Gobierno que proceden de Unidas Podemos tendrán que presidir los consejos de ministros de la Unión Europea (UE) de su rama a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre. Por supuesto, no solo ellos, también los ministros socialistas correspondientes. España asume la presidencia de la Unión por quinta vez, y aunque esa situación ya no implica tanta importancia como en las tres primeras ocasiones en que ocurrió (dos con Felipe González y una con José María Aznar) porque en 2009 se creó el cargo de presidente del Consejo Europeo, que asumió casi todas sus funciones, sigue teniendo una serie de obligaciones formales y burocráticas importantes. Los ministros deberían estar ya, en teoría, contactando informalmente con sus colegas. Siempre que los propios líos en los que se están metiendo parte de ellos no les impidan echar una ojeada al dosier europeo.

La presidencia española de la Unión no ha implicado en ocasiones anteriores grandes broncas políticas, puesto que la agenda depende fundamentalmente de Bruselas, pero nunca se puede descartar que esta vaya a ser una ocasión especial: fundamentalmente porque una parte importante de esa presidencia coincidirá con la campaña de las elecciones generales de noviembre de 2023. Es posible que los principales partidos que acudan a las elecciones dejen de lado la Unión Europea en sus enfrentamientos, puesto que prácticamente ninguno de ellos defiende políticas antieuropeas. Pero una cosa es que no haya bronca con los objetivos de la Unión y otra que tampoco la haya con el protagonismo inevitable del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Si se echa una ojeada a la agenda de Bruselas, se comprueba que no están previstas iniciativas de gran calado, capaces de avanzar en la siempre deseada, y siempre postergada, reforma comunitaria. Sin embargo, tampoco una no-presidencia, como se calificó la de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2010. En esta ocasión hay otro elemento diferencial: estará también a punto de caducar la legislatura europea (mayo de 2024), con todo lo que ello implica: nuevo Parlamento, nueva Comisión, nuevos altos representantes… El semestre de la presidencia española tendrá que arreglárselas para terminar dosieres que la Comisión quiere cerrar antes de irse, proyectos del Parlamento Europeo que están a punto de votarse. Todos necesitan algo que haga ver a los ciudadanos europeos que cuando se los llama a las urnas hay un balance que ofrecer y capaz de animar a volver a votar. Para eso, dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su último discurso, “hace falta mejorar la manera en la que decidimos, explicamos y hacemos las cosas”.

Las dos circunstancias (elecciones generales españolas y elecciones europeas) deberían quizás animar a los responsables del Gobierno a procurar una mayor estabilidad interna y avanzar alianzas con otros focos de poder europeos, no solo socialistas. Es cierto que, con el Gobierno de Pedro Sánchez, España ha recuperado parte del perfil europeo que venía perdiendo desde 2004, pero ahora es necesario poner toda la energía en la agenda europea y para eso necesitará una estabilidad interna muy superior a la actual y difícilmente alcanzable en mitad de una dura campaña electoral.

Europa está en “modo gestión de crisis”, estiman muchos analistas, y no es posible plantearse ni por lo más remoto una reforma global de los Tratados, por mucho que sea necesario alterar las reglas de unanimidad. Pero eso no quiere decir que no sea posible ir avanzando en algunas otras reformas necesarias, caso a caso. Según el último informe de la Fundación Alternativas, es posible que en el semestre “español” se aprueben adaptaciones limitadas, relacionadas con la política fiscal, por ejemplo, políticas más proactivas respecto a la protección del Estado de derecho o avances importantes en la construcción de la Europa de la salud. Para entonces ya estará más clara cuál es la posición de Italia, mejor dicho, del Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni respecto a esos casos puntuales.

Y una última sugerencia: algunas asociaciones civiles han pedido que en las próximas elecciones al Parlamento Europeo se reserve un número de escaños para eurodiputados menores de 35 años. Aumentar la participación de personas jóvenes en la vida institucional europea fue una de las pocas conclusiones de la frustrada Conferencia sobre el Futuro de Europa.

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