La insumisión es de recibo: por qué casi 200.000 británicos se plantean no pagar la luz y el gas

Mañana, 1 de octubre, se cumple la fecha límite que la campaña Don’t Pay UK marcó como ultimátum al Gobierno británico. La idea, que se puso en marcha a mediados de junio, era sencilla. Si en esa fecha se alcanzaba la cifra de un millón de adhesiones, todas esas personas cancelarían la domiciliación de su recibo de la luz y el gas y dejarían de pagar. El principio es el mismo que opera en ese viejo dicho capitalista que se atribuye a John Paul Getty: si le debes 100 dólares al banco , es tu problema. Si le debes 100 millones, es un problema del banco (o de la energética en este caso).

La campaña estaba de alguna manera más pensada como un gimmick, como una forma de llamar la atención de los medios y hacer activismo de calle que como una amenaza real, y no parece que vaya a hacerse efectiva dado que finalmente las adhesiones no han alcanzado los 200.000 hogares, pero en cierta manera ha logrado su objetivo. Desde que se puso en marcha, hace cuatro meses, han cambiado muchas cosas en el Reino Unido. Entre otras, hay un nuevo jefe de Estado y una nueva primera ministra. Lo que no ha cambiado tanto es la perspectiva fúnebre para lo que todo el mundo asume que va a ser un “invierno del descontento”, usando la expresión que acuñó Margaret Thatcher antes de acceder al poder en 1979.

La nueva primera ministra, Liz Truss, gran admiradora de Thatcher e inveterada creyente en el libre mercado, anunció nada más tomar posesión de su cargo un paquete de medidas para moderar la factura de la luz en los próximos meses, pero desde la campaña lo consideran insuficientes. “El precio mínimo que promete el Gobierno reduciría la subida a un 27%. Sigue siendo una escalada en unas facturas que ya han alcanzado precios históricos. Vamos a estar pagando un 96% más que el invierno pasado”, señalan.

La iniciativa Don’t Pay UK tiene ahora una cara visible que atiende a las televisiones, un analista de datos de 26 años llamado Jake Cable, pero el liderazgo permanece anónimo (solo son personas interesadas en luchar contra la pobreza energética, insisten) y sus activistas suelen hablar con los medios sin revelar sus nombres reales. Así lo hace también Simon, un portavoz de la zona de las Midlands que habló con EL PAÍS: “En mi casa somos dos adultos y dos niños. Esto no nos va a hundir, pero claro que nos va a afectar, ¿cómo no va a afectarte una factura de 4.000 o 5.000 libras anuales? Trabajo en el sector de la construcción y sé que las casas más baratas son las peor preparadas. La gente va a tener que escoger entre comer y poner la calefacción”, explica.

Parte de su tarea como apóstol de la campaña consiste en explicar a quienes dudan en unirse que, en realidad, “se tarda mucho en cortar la luz a una casa”. Es decir, que, si dejan de pagar, eso no se traducirá en un corte inmediato de suministro, sobre todo si son muchas las casas que lo hacen. Desde instancias oficiales se les advierte: dejar de pagar la luz les haría entrar en un registro de morosos y eso afectaría a su capacidad para obtener créditos en el futuro. A Simon le parece que esa amenaza es como decirle a alguien que está a punto de despeñarse por un barranco que tendrá que enfrentarse a mucho papeleo del seguro. “Decir eso denota mucho privilegio, hay que estar muy acomodado para pensar así. Los medios tratan de difundir el miedo, pero no pueden competir con el miedo a dejar de comer que ya tiene la gente”. El activista insiste también en la transversalidad del movimiento. “Viejos, jóvenes, izquierdas, derechas, esto nos afecta a todos”, dice, y si tiene que hacer un retrato del tipo de personas que se encuentran en la campaña es el de alguien que quizá estuvo involucrado en las protestas contra la guerra de Irak pero después no volvió a implicarse en el activismo, como es su caso.

Para Bart Cammaerts, investigador de la London School of Economics centrado en los movimientos modernos de protesta, esta insistencia en el carácter apolítico del movimiento enlaza a Don’t Pay UK con otras plataformas como UK Uncut, el movimiento que surgió también en el Reino Unido contra las medidas de austeridad, e incluso con Occupy Wall Street, el movimiento que surgió en Nueva York en 2011, que también subrayaba la dicotomía entre el 1% de la sociedad (los megarricos) frente al resto y, según Cammaerts, se resistía al principio a calificarse de anticapitalista. “La campaña me parece muy bien diseñada. Con gran extensión regional y buena resonancia mediática”, dice. “Pero las exigencias no me parecen muy radicales. Lo que piden es volver a los precios de 2021 y no hablan tanto de la posibilidad de renacionalizar las eléctricas, que fueron privatizadas y están muchas en manos de empresas francesas, como sí han pedido Gordon Brown y Jeremy Corbyn”, añade.

No con mis impuestos

La iniciativa se inscribe en la larga tradición de la desobediencia civil económica, que tiene otros ejemplos recientes: en la ciudad californiana de Oakland, cuna de los Panteras Negras y con importante pedigrí de asociacionismo izquierdista, cientos de vecinos acaban de salir victoriosos de una huelga de alquileres motivada por unas subidas de hasta el 50% por parte de grandes propietarios. Y en febrero de este año millones de personas en Myanmar dejaron de pagar la electricidad como medida de presión contra el Gobierno militar.

El primero en conceptualizar y practicar a la vez el negarse a pagar como forma de protesta fue Henry David Thoreau, que dejó escrito en su libro Desobediencia civil que el ciudadano no tiene por qué convertirse en un agente de la injusticia permitiendo que su gobierno perpetre acciones moralmente reprobables y, por tanto, puede abstenerse de financiarlas. Él mismo dejó de abonar sus impuestos durante seis años porque se negaba a contribuir a la guerra que libró Estados Unidos contra México entre 1846 y 1848 y a mantener en pie el esclavismo.

El autor de Walden se inspiró en la obra de anarquistas cristianos como Adin Ballou y William Lloyd Garrison y sigue siendo la principal referencia a la que recurren los practicantes de la desobediencia civil económica. En los sesenta y setenta hubo muchos objetores de impuestos en Estados Unidos, que se negaban a financiar así la guerra de Vietnam. El movimiento alcanzó un máximo de visibilidad en 1968, cuando se formó la Editors and Writers War Tax Protest, a la que se acogieron gente como Susan Sontag, James Baldwin, Gloria Steinem, Noam Chomsky, Hunter S. Thompson y Kurt Vonnegut.

Desde la campaña Don’t Pay UK prefieren citar otro ejemplo que les queda más cerca como precedente. En 1989, Margaret Thatcher trató de introducir la llamada poll tax, un impuesto tipo tarifa plana (no basado en la renta ni en las propiedades, sino en el número de habitantes de cada hogar) según el cual, como resumió un ministro tory en un momento de candor involuntario, “un duque pagaría lo mismo que un barrendero”. La resistencia organizada ante la medida fue tal, con 20 millones de británicos asegurando que no pagarían, que ­John Major se vio obligado a retirarla en 1990, una vez defenestrada Thatcher. Está considerado el mayor acto de desobediencia civil de la historia moderna del Reino Unido, y los historiadores señalan que una clave de su éxito fue la alianza de las fuerzas del orden con los insurrectos. Muchas policías locales se negaron a actuar contra los morosos.

“Yo era muy joven y no lo recuerdo”, asegura Simon, el activista de Don’t Pay UK. “Pero claro que es nuestro modelo. No somos como los franceses, no se nos da tan bien la protesta como a ellos, pero cuando vemos una injusticia real sabemos reconocerla”.

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