Un sabueso para rastrear a Juan Carlos I

6 de abril, 2021, 11.00 horas

Juan Ignacio Campos, el hombre que, según dicen, sabe mucho de básculas, lleva desde junio de 2020 como responsable de un grupo de cinco fiscales que investigan a Juan Carlos I. Y después de semejante encargo, o quizá en el mismo paquete, es, desde el 21 de enero de 2021, teniente fiscal del Tribunal Supremo, el número dos de la Fiscalía General del Estado. Nacido en 1950, cumplirá setenta y dos años el 7 de noviembre de 2022, fecha en que, previsiblemente, se acogerá a la jubilación. Especializado en delitos económicos, Campos es coordinador de esa materia en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El martes 6 de abril atiende con su estilo, siempre afable y bienhumorado, una duda.

Pregunta.— La defensa del rey Juan Carlos I, ¿ha sido notificada de las diligencias de investigación que se siguen en la Fiscalía del Supremo?

Respuesta.— Sabes que conozco bien al abogado de la defensa del rey emérito, Javier Sánchez-Junco. Nada más abrirse las primeras diligencias en junio de 2020 se las notificamos. Le ofrecimos personarse. Dio acuse de recibo. Contestó que agradecía el aviso y que lo consultaría con su cliente. No se personaron.

P.— ¿Y esa notificación se volvió a repetir con las otras dos diligencias de investigación iniciadas más tarde?

R.— Así es. Se les volvió a informar cada vez que abrimos nuevas diligencias. Mismo procedimiento.

(…) Aunque en sus más de cuarenta años de actividad ya han pasado por sus manos importantes casos de corrupción (Malaya en Marbella; Terra Mítica en Benidorm; los presuntos delitos del senador Luis Bárcenas; Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia; el caso Nóos o el recurso de casación contra la primera sentencia de Gürtel), Campos está ante “el encargo” de su carrera como fiscal.

Tiene que decidir sobre las actividades o el horizonte penal de Juan Carlos I.

(…) Se trata de la de los cien millones de dólares transferidos por el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí a la cuenta de la Fundación Lucum, propiedad de Juan Carlos I, en 2008, en relación con la investigación del tren de alta velocidad Medina-La Meca; las transferencias de alrededor de ochocientos mil euros realizadas por el amigo de Juan Carlos I el magnate mexicano Allen Sanginés-Krause a través del coronel del Ejército del Aire, ayudante y presunto testaferro Nicolás Murga, unos dineros destinados a sufragar gastos de la familia real —a excepción del rey Felipe VI, la reina Letizia y sus dos hijas—, y unas terceras diligencias sobre fondos provenientes de la isla de Jersey a través de un testaferro, Joaquín Romero-Maura.

(…) Campos y su equipo, al finalizar la investigación, no tienen escapatoria. No pueden eludir una “mínima toma de posición”. En el camino que les queda hasta ese final hay que definir todavía diligencias relevantes, según las conclusiones de la consulta a la Fiscalía General del Estado de 31 de marzo de 2005, sobre la competencia de las fiscalías para tramitar diligencias de investigación que afecten a personas aforadas. Campos se lo quiere pensar muy bien. He aquí lo que razona el 6 de abril de 2021:

“En las diligencias podría estar esa posibilidad, pero no existe obligación de declarar en las diligencias por parte del sospechoso o investigado que instruye el fiscal, y por lo tanto, podría perfectamente negarse. Y luego, además, lo que tiene dicho el Supremo es que las diligencias practicadas en esta sede, sobre todo las declaraciones, tienen un valor relativo. Soy contrario a citarlo [al rey emérito] a declarar en temas como la regularización fiscal. Primero, porque creo que él sabe poco de los posibles cálculos y vías que se usan para declarar menos a Hacienda. Y hay una segunda razón, y es que el emérito tendría que aguantar un circo mediático insoportable suponiendo que accediera a venir a declarar”.

(…) A finales de 2020, precisamente, la Fiscalía del Supremo resolvió abordar el asunto de la Fundación Zagatka. Por un lado, se acordó citar a declarar a Álvaro de Orleans-Borbón en calidad de testigo y, asimismo, cubrir un vacío existente: solicitar al fiscal Yves Bertossa los datos de la Fundación Zagatka y, sobre todo, las cuentas bancarias.

(…) Sin haber recibido esos datos, los fiscales Juan Ignacio Campos y Alejandro Luzón tomaron declaración a Orleans el 23 de marzo de 2021, por videoconferencia desde Mónaco, lugar donde reside.

El primo lejano de Juan Carlos I insistió en ser el único propietario de Zagatka y negó ser su testaferro o fiduciario. La impresión de los fiscales, tras un exhaustivo interrogatorio de más de dos horas, ha sido de un déjà vu, una declaración similar a la que ya había prestado en Ginebra en octubre de 2018 ante el fiscal Bertossa.

“Sus explicaciones no han revelado nada nuevo, lo había explicado en varios de sus comunicados. Nada distinto a lo que ya sabíamos. Dice que él es el propietario real y no un testaferro. Lo que hay que mirar son las cuentas. De dónde viene el dinero. (…) Todo lo demás tiene escasa importancia. Ya sabemos que se lo gasta Juan Carlos I porque Orleans se lo permite, pero para saber si es una suerte de donación o es realmente dinero del emérito hay que ver cómo se nutre esa cuenta”.

Sánchez-Junco y su equipo de asesores fiscales no iban a esperar cruzados de brazos. Metieron la directa a principios de diciembre de 2020 con la primera regularización fiscal. El 9 de diciembre se presentó una declaración complementaria a Hacienda por valor de 678.393,72 euros “sin requerimiento previo”, según el comunicado del abogado. Es una regularización de los fondos enviados por Sanginés-Krause al coronel Nicolás Murga, quien tenía como misión distribuir los fondos para cubrir gastos de Juan Carlos I, la reina Sofía y algunos de sus nietos. Entre esos gastos figura la compra y manutención de la yegua Dibelunga, para Victoria Federica, hija de la infanta Elena. La regularización se hace en la Comunidad de Madrid y se consideran los ochocientos mil euros transferidos por Sanginés-Krause una donación.

La Fiscalía del Supremo enseguida aclaró que iba a hacer las comprobaciones pertinentes. Pero la de Sanginés-Juan Carlos I solo sería la primera regularización.

El 26 de febrero de 2021, inesperadamente, Juan Carlos I regularizaba los viajes que había pagado la Fundación Zagatka. El abogado Sánchez-Junco informó a través de un comunicado que el rey emérito había presentado una segunda regularización fiscal por importe de 4.395.901,96 euros “sin requerimiento previo de clase alguna”.

La presentación de estas regularizaciones es la vía para que se pueda eludir una acusación por delito fiscal, que se hubiera cometido al superar la cuota defraudada de ciento veinte mil euros en un ejercicio. La espontaneidad es dudosa. O inducida. Porque la Fiscalía del Supremo ya había asumido la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Hay un aviso de que se han abierto diligencias. No se personan, pero regularizan. El caso, por otro lado, ha estado en los medios de comunicación todos los días.

¿Estaría Juan Carlos I menos informado que los demás españoles sobre los avatares de su fortuna?

Ernesto Ekaizer (Buenos Aires, 1949) es periodista. Este extracto es un adelanto editorial de su libro ‘El rey al desnudo. Historia de un fraude’, que Ediciones B publica el 17 de junio.

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