El pasado no es cuestión de tiempo

En política, el pasado no se define por el transcurso del tiempo, sino por la cancelación de responsabilidades. Por eso, los actuales responsables del Partido Popular (PP) no pueden mantener que los problemas de financiación ilegal y de redes de corrupción que enraizaron en su seno son solo una materia pretérita. No pueden decir que forman parte del pasado y que no tienen nada que ver con su actual desempeño simplemente porque han pasado unos meses o unos años. Aquí no ha habido nadie que asumiera responsabilidades en primera persona y que tenga derecho a dar por cerrado el caso y a olvidar el pasado.

Los actuales directivos del PP nunca han admitido la existencia de esas tramas, ni la responsabilidad, al menos de sus predecesores, ni han actuado en consecuencia. Pablo Casado no llega a la presidencia popular debido a un terremoto interno que sacuda los cimientos del partido y expulse a toda una directiva. Mariano Rajoy no se fue. No dimitió, pese a que una sentencia judicial declaró probada la existencia de esas redes y puso incluso en duda la verosimilitud de su declaración como testigo. Hubo que echarle con una moción de censura que, para colmo, los populares califican siempre de poco legítima. No se puede alegar que la financiación ilegal del PP es parte del pasado y no aceptar al mismo tiempo que la salida de Rajoy del Gobierno y de la dirección del PP era insoslayable y necesaria. Una obligación exigida por un sistema democrático.

No se trata ahora de especular con las nuevas revelaciones ante el juez del extesorero del PP Luis Bárcenas, condenado ya a una elevada pena de cárcel por diferentes delitos cometidos en relación con ese cargo y en los que se determinó la responsabilidad civil del partido. Ya decidirán los jueces si de ellas se derivan motivos para imputar a otras personas.

Lo que exige el contexto político, con buenas razones, es que el actual presidente del PP se comporte con la máxima pulcritud en sus relaciones con la justicia y que, por ejemplo, desbloquee inmediatamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Todavía se recuerdan las manifestaciones del exportavoz popular en el Senado Ignacio Cosidó jactándose de poder controlar algunos tribunales. Esa es la responsabilidad actual de Pablo Casado para no subrogarse las de Rajoy y las de sus predecesores: un trato esmerado, en palabra y en conducta, en todo lo relacionado con los tribunales. En las actuales circunstancias, es evidente que el bloqueo popular perjudica la imagen de la justicia, como la perjudicará que los actuales miembros del CGPJ, cuyo mandato finalizó hace dos años, se empeñen, como parece, en nombrar a toda prisa nuevos magistrados del Supremo.

Los dirigentes del PP reclaman que no se ataque la honorabilidad de sus predecesores, pero el problema no reside en dudar de la honorabilidad personal de nadie, sino en asumir responsabilidades políticas. El presidente Rajoy no lo hizo. Quizás heredó el sistema de financiación ilegal de su partido de etapas anteriores. Quizás no supo o no pudo o no quiso desmantelarlas. Si hay que hacer caso a las declaraciones desde el primer momento de Luis Bárcenas ante el juez, esos mecanismos se remontan a 1982, anteriores incluso a la llegada a la presidencia del Partido Popular de José María Aznar. Sea como sea, parece un sarcasmo que toda la estrategia política de este último, desde 1993, fuera una campaña de desestabilización política basada en la denuncia implacable de la corrupción, cuando esos comportamientos estaban ya, dice Bárcenas, tan enraizados en la organización popular.

El PP es hoy día el principal partido de la oposición, una fuerza política necesaria para el primer requisito de la democracia, la alternancia, y no puede permitirse estar implicado en un caso político cuya resolución depende de la justicia y al mismo tiempo interferir en el correcto funcionamiento de su órgano de gobierno. Precisamente porque el PP debe cerrar página, tiene que reconocer su responsabilidad, lamentar que Rajoy no presentara su dimisión y mantener minuto a minuto una posición minuciosamente alejada de la justicia.