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ENSAYOS DE PERSUASIÓN
Columna
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El pacto del miedo

Hace falta un plan que dure varias legislaturas de modo que la deuda no aplaste a las próximas generaciones

Joaquín Estefanía
La sede del Banco de España en Madrid.
La sede del Banco de España en Madrid.Inma Flores

Es imposible abordar la situación de hoy con los esquemas y las propuestas políticas de hace seis meses, cuando se celebraron las elecciones generales. Por ello ha chirriado tanto la vuelta al primer término de la polémica sobre la derogación de la reforma laboral, cuando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (sensibilidad Podemos), acababa de declarar: “Los dogmas y apriorismos económicos se han truncado (…). La gravedad de la crisis ha cambiado a todos”.

Las organizaciones multilaterales, servicios de estudios, economistas de referencia coinciden en la descripción de la coyuntura que, ésta sí, está en estado de excepción. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lo ha resumido (en esta ocasión, sin utilizar el lenguaje vaticanista tan tradicional en esa casa) en el Congreso de los Diputados: este año se registrarán los retrocesos del producto interior bruto (PIB) más abultados desde la II Guerra Mundial, y en el caso de España, desde la Guerra Civil. Y no se ha olvidado, como tantas veces ocurre, del colectivo que resultará más afectado, los jóvenes, más vulnerables que el resto porque poseen menos colchones para afrontar una caída de ingresos inesperada, y porque los mecanismos de aseguramiento público de los que disponen son muy limitados en comparación con otros colectivos. Además, los jóvenes no habían recuperado todavía los niveles de renta y riqueza anteriores a la Gran Recesión.

En su intervención ante los diputados, Hernández de Cos presentó un procedimiento de salida a la catastrófica coyuntura de dos fases: la primera, en la que estamos instalados, con la utilización de todos los instrumentos keynesianos para la recuperación (inversión pública, gasto social, estabilizadores automáticos…), liderados por la política fiscal, más la ayuda generosa del club al que pertenecemos, Europa: la reacción exclusivamente individual de los distintos países del área del euro no es la respuesta más eficaz; algunas de las razones para que los países europeos actúen conjuntamente transcienden el terreno económico, ya que Europa encarna en el mundo los ideales de libertad y progreso, y en una situación de crisis tan aguda resulta esencial que los ciudadanos perciban que sus Gobiernos son capaces de actuar de forma común, si se quiere consolidar el apoyo popular al proyecto europeo.

La segunda fase consiste en un plan político que ha de durar varias legislaturas, respaldado por los partidos de gobierno sea cual sea su ideología (y por los sindicatos y la patronal), detallado en sus objetivos año a año, con el objeto de que la deuda no aniquile a las próximas generaciones, toda vez que el esfuerzo que ahora se está haciendo puede llevar el endeudamiento público a un 120% del PIB (las reglas de juego establecidas en Maastricht para formar parte del club del euro establecían una deuda máxima del 60%). Se trataría de un acuerdo político acorde con la magnitud del reto.

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Si cupiese alguna equivalencia, este pacto agónico recuerda en parte al pacto del miedo, puesto en marcha apenas unos meses después (junio de 1981) del golpe de Estado del 23-F de ese año. El Acuerdo Nacional sobre el Empleo (ANE) fue firmado, por primera vez en la historia de España, por el Gobierno (UCD), la patronal (CEOE) y los dos grandes sindicatos (CC OO y UGT). Hasta entonces había habido otros pactos sociales como el Acuerdo Básico Interconfederal (UGT y CEOE, 1979) o el Acuerdo Marco Interconfederal (UGT y CEOE, 1980), pero nunca había aparecido el Gobierno como garante explícito de lo acordado. Ante una situación política excepcional que quería acabar con la democracia, por primera vez el Gobierno se comprometió con los agentes sociales y económicos reconociéndolos como interlocutores en un plano de igualdad; se llegó a hablar de un “Gobierno en la sombra” en referencia a los poderes que se otorgaron a las distintas comisiones de seguimiento creadas al amparo del ANE. Posiblemente nunca se ha reconocido a sindicatos y patronal tal poder de control sobre las decisiones del Gobierno como el que fijaba el ANE a sus firmantes.

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