Vuelve la Tasa de Paro Insoportable (TPI)

En 1982, poco antes de que los socialistas ganasen las primeras elecciones generales, su responsable económico, Joaquín Almunia (luego ministro y vicepresidente de la Comisión Europea), publicó un relevante artículo titulado La Tasa de Paro Insoportable. La TPI correspondía a la situación del desempleo en España en aquel momento, un 15,4% de la población activa, alrededor de dos millones de personas. El socialista proponía que el porcentaje de paro fuese esencial para valorar los resultados de la política económica de un país, al mismo nivel que el crecimiento, el déficit o la deuda. Todavía no se hablaba de emergencia climática. Se basaba para ello en el artículo 35 de la Constitución: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo…”. No ha sido pues Pablo Iglesias el primero en acudir a la Constitución en defensa de sus ideas.

Según el actual Gobierno, el paro registrado ha subido en España durante marzo y abril —meses tradicionalmente buenos en la evolución del desempleo— en casi 600.000 ciudadanos y la Seguridad Social ha perdido cerca de un millón de cotizantes (lo que afecta al pago de las pensiones públicas). Las cifras serían mucho peores si no fuera por los expedientes de regulación temporal de empleo y las prestaciones extraordinarias a los autónomos (3,4 millones de personas afectadas por los ERTE y 1,1 millones de trabajadores por cuenta propia). Caben pocas dudas de que esta situación corresponde a una Tasa de Paro Insoportable mucho más acentuada que la de 1982. El porcentaje de paro que ha estimado la Comisión Europea para este año es dantesco: 18,9% de la población activa, el doble que el de la eurozona.

Esta crisis que aún no posee una denominación mediática generalizada (el Gran Confinamiento, la está llamando el FMI) se compone —como ocurrió con la Gran Recesión de 2008— de ramales heterogéneos que se superponen: el sanitario, las dificultades de la economía real, la explosión de la deuda pública y privada, la deflación del petróleo, etcétera. En cada momento hay en la crisis un factor dominante, pero los demás no desaparecen, sino que se aletargan y pueden volver a emerger, contra toda esperanza. En los últimos días, una parcial mejora sanitaria (menos muertos, menos contagios, más recuperaciones…) ha situado las preocupaciones ciudadanas sobre el futuro económico en el pelotón de cabeza: los datos hechos públicos por los Gobiernos, los organismos multilaterales, la Comisión Europea o, en el caso de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) son más propios de una Gran Depresión que de otra recesión. En comparación con lo sucedido hace una docena de años, con la crisis de las hipotecas locas, la quiebra de Leh­man Brothers y la nacionalización de algunos de los principales bancos y aseguradoras americanas, lo que se desarrolla hoy ante nuestros ojos corresponde a un auténtico “trimestre del diablo”: según Bruselas, la eurozona decrecerá este año un 7,7%, y España, un 9,4%. Y según la Airef, el déficit público llegará al 10,9%, y la deuda pública, al 115%. Aunque las previsiones coinciden en que habrá a continuación una rápida recuperación parcial (no se alcanzarán los niveles del PIB anteriores, ni el paro bajará a un solo dígito, ni la deuda pública tiene tanta elasticidad como para retroceder a los mejores porcentajes de cada país), una reflexión central es la de si para recuperar los niveles de bienestar las generaciones actuales dejarán a deber ingentes cantidades de dinero que castigarán a nuestros hijos y a las cohortes más jóvenes de la población, ya demediadas desde el año 2008.

No hay precedentes a esta situación ni siquiera utilizando el lenguaje bélico. No existe una Teoría general como en la Gran Depresión. Andamos a tientas en cuanto a la duración de los hechos, la magnitud de la caída ultrarrápida del crecimiento o la resistencia de los sistemas de protección creados para este tiempo tan triste. La histéresis: cuando una recesión se convierte en décadas de sufrimiento económico.