Casado acusa al Gobierno de hacer una desescalada “partidista” y defiende a Díaz Ayuso

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de utilizar criterios “partidistas, según quién se la pida” y no sanitarios en el plan de desescalada, pese a que él mismo ha recordado la oposición del socialista Ximo Puig al veto del Ejecutivo central a que la mayor parte de la Comunidad Valenciana avanzara a la fase 1. El presidente de los populares ha defendido la gestión de Isabel Díaz Ayuso frente a lo que considera “una evidente campaña de desprestigio de la izquierda” contra ella. “Pedro Sánchez está obsesionado con Madrid. Claro que defiendo la gestión de Díaz Ayuso. Fue la primera en contener la expansión del virus”, ha dicho. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, ha añadido, representan “la alternativa” y ejemplifican lo que haría el partido a nivel nacional si llegara a La Moncloa. El líder popular también ha asegurado que no sabía que la presidenta madrileña se hospeda en una suite de lujo. “Estoy convencido de que todos cumplen nuestro código ético y si hubiera que hacer cualquier indagación, la haremos”, ha añadido. Dicho código prohíbe aceptar “trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja en su condición de miembros del Partido Popular” así como aceptar “regalos o atenciones” que “por su importe o causa” no se correspondan “a los usos y costumbres sociales y de cortesía”.

Casado no comparecía en rueda de prensa desde el pasado 20 de abril, fecha de su penúltima conversación con Pedro Sánchez. Este martes, sin embargo, ha respondido durante casi dos horas a las preguntas de 20 periodistas para presentar su plan de medidas contra la epidemia. El PP trata de recuperar la iniciativa política después de una semana en que su voto en el pleno sobre el estado de alarma resultó irrelevante, al alcanzar el Gobierno un acuerdo con otras fuerzas políticas, entre ellas, el “socio preferente” de los populares, Ciudadanos. El líder del PP ha insistido en que votará en contra de una nueva prórroga del estado de alarma ―así se lo comunicó este martes en conversación telefónica a la vicepresidenta Carmen Calvo, según fuentes del partido― y ha asegurado que “no habrá negociación” con el Gobierno sobre esa posibilidad. El principal partido de la oposición sostiene que es posible restringir los movimientos sin recurrir a la figura constitucional del estado de alarma, aunque juristas consultados por este diario creen que no con la misma cobertura legal. “No podemos ser el sostén de un Gobierno incompetente”, ha añadido el líder del PP para excluir cualquier negociación sobre el estado de alarma.

Después de que el Gobierno anunciara que las ayudas a los ERTE se extenderán hasta finales de junio, Casado ha reclamado que se amplíen hasta el 31 de diciembre. Asimismo, ha criticado el sistema de franjas horarias para pasear o hacer deporte establecido por el Gobierno y por el que los niños hasta 14 años pueden pasear entre las 12.00 y las 19.00; los mayores de 14 y hasta 70 años entre las 06.00 y las 10.00 y entre las 20.00 y las 23.00 y los mayores de 70 y dependientes entre las 10.00 y las 12.00 y entre las 19.00 y las 20.00. Los paseos, ha dicho el presidente popular, deberían hacerse “por grupos de riesgo” y el uso de mascarillas “ha de ser obligatorio” en la calle. “El coronavirus podría ser directamente prevenido solo con el uso de mascarillas. No entendemos cómo España aún no la ha hecho obligatoria aunque sospechamos el porqué y es porque si han sido incapaces de suministrárselas al personal sanitario, que hay 40.000 infectados y casi un centenar de fallecidos, difícilmente se podrán comprometer a garantizar la mascarilla a toda la población española. Es una mala gestión de compras y una mala planificación industrial a la hora de tener ese material”.

Casado ha negado que hubiera una contradicción en el hecho de que hace unas semanas planteara que es mejor “pecar por exceso” de prevención y ahora critique el rechazo del Gobierno central a permitir a algunos territorios avanzar en la desescalada. Por su parte, Ana Pastor, preguntada, como médico de formación, si no considera que ante las dudas de los responsables del área sanitaria, como la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ―que dimitió―, no era mejor esperar para solicitar el pase a la fase 1, respondió que no se trata de una “opinión política” y que “hay que conocer por qué se toman las decisiones”. Pastor, que será la portavoz del PP en la comisión parlamentaria para la reconstrucción, ha denunciado que “algunos datos no acaban de casar, como el del número de infectados. Hay técnicos estupendos, pero queremos saber con qué criterios se hacen las cosas para poder ayudar”, ha añadido.

El líder del PP ha propuesto un pacto de Estado por la sanidad, al que propone denominar Plan Cajal en honor del premio Nobel, para fortalecer el sistema nacional de Salud y la investigación científica. También plantea el líder de la oposición que se establezca una “huella digital” para que quien ya haya superado la enfermedad pueda moverse con libertad. Preguntado por si dispone de una memoria económica para sufragar las medidas que propone, como una paga extra para el personal sanitario o la exención de impuestos para empleados de actividades esenciales, Casado ha contestado que es el Gobierno el que tiene los datos, pero que plan es posible incluso ahora que se ha disparado el gasto público para hacer frente a los efectos de la epidemia. “Lo que tienen que hacer es administrar bien la ingente cantidad de fondos europeos”, ha dicho

El presidente de los populares ha rechazado comentar la propuesta de Vox de manifestarse en coche por toda España contra el Gobierno el próximo 23 de mayo —"No voy a valorar iniciativas de otros partidos. Ellos tampoco están de acuerdo con la línea que sigue el PP"—. Sí que se ha sumado a la reclamación del partido ultra de eliminar ministerios como medida de ahorro.

Frente judicial

Casado aseguró este martes que el PP analizará con el responsable de Justicia del partido, Enrique López, si determinadas órdenes a los cuerpos de seguridad en relación a los bulos pueden constituir un “delito de prevaricación o cualquier otro tipo penal”. López ha asegurado que ya lo estaban estudiando y ha asegurado que denunciarán todo lo que entiendan que suponga “controlar la libertad de expresión”. Los populares también han llevado a la fiscalía la compra de mascarillas defectuosas por parte del Gobierno, donde aseguran que además, se han producido sobrecostes. La Junta de Andalucía, donde el PP y Ciudadanos gobiernan en coalición, también tuvo que retirar varios lotes de mascarillas en mal estado. “No ejerceremos acciones penales de forma torticera. Somos un partido responsable y el criterio a la hora de acudir a los tribunales siempre es la prudencia”, ha añadido el responsable de Justicia del PP. Los populares votarán este miércoles en contra del decreto del Gobierno para evitar el colapso de los tribuales por el coronavirus. López admitió que había participado y realizado sugerencias para el decreto en conversaciones con el ministro de Justicia, pero asegura que no pueden votar a favor por “el redactado” final del decreto.

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