El Gobierno exhibe el pacto con CEOE y sindicatos en plena ofensiva del PP

La Moncloa quiere paz social en un contexto de grave crisis y de tensión política con el primer partido de la oposición. El Ejecutivo suscribió este lunes con patronal y sindicatos el acuerdo para mantener los expedientes temporales de empleo (ERTE) hasta el 30 de junio. El Gobierno empieza así a desligar las medidas económicas del estado de alarma. Y pretende que este sea solo un primer paso: el Gobierno crea una comisión con CEOE, UGT y CC OO para negociar nuevos acuerdos en un clima de paz social —y empresarial— durante la Gran Reclusión, en plena ofensiva del PP.

Hubo foto para que la sociedad española visualice que, en medio de la pandemia y de una fuerte gresca política entre el PP y el Gobierno, aún hay capacidad de acuerdos con actores clave en la arquitectura institucional del país. El Ejecutivo consiguió este lunes aislar un poco más al PP, pero enmarca ese pacto en una corriente más amplia apuntan en La Moncloa, encaminada a seguir en esa línea de pactos con patronales y sindicatos en medio del desplome de la economía. “Es un punto de partida”, explicó el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que señaló que su obligación ahora es sentarse para desarrollar más ese acuerdo. El pacto contempla la creación de una comisión tripartita con los Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, los sindicatos UGT y CC OO y las patronales CEOE y Cepyme.

La firma consistió en un acto de lo más sobrio, de apenas dos minutos de duración y sin más palabras que una voz en off que se iba adelantando a lo que iba a suceder a los protagonistas: cinco firmantes, con otros tantos documentos y bolígrafos para seguir rigurosamente las medidas de distanciamiento físico. En eso consistió el encuentro de los representantes del Gobierno, la patronal y los sindicatos para rubricar el pacto cerrado el pasado viernes entre Trabajo, los sindicatos y las patronales. Pero el Ejecutivo buscó esa foto sabedor de su importancia en este momento de confrontación política: para la presentación en sociedad, La Moncloa insistió en que los líderes empresariales, Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme), viajaran a Madrid desde Bilbao y Granada, donde tienen sus domicilios particulares y están pasando el confinamiento. Los líderes de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, estaban en Madrid.

En el salón de Moncloa donde se firmó el pacto no hubo declaraciones ni corrillos ante las cámaras. Allí estaban el presidente, Pedro Sánchez, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz —que ha logrado anotarse un nuevo pacto social, tras la subida del salario mínimo en enero—, la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, además de los cinco firmantes.

Casi a la misma hora, el PP acabó la reunión de su primer comité de dirección presencial desde el 9 de marzo. El partido rehuyó a la prensa tras esa reunión —Pablo Casado no responde a los periodistas desde el pasado 20 de abril—, pero el PP redobló este lunes sus ataques al Gobierno tras acusar a Sánchez de elegir “por capricho” los territorios que han iniciado ya la desescalada. Tras una semana pasada con varios reveses, los populares pretenden recuperar la iniciativa en la comisión parlamentaria creada para la reconstrucción económica, que empezará a reunirse el jueves.

El PP rechazó apoyar la ampliación del estado de alarma tras criticar que las medidas económicas estuvieran ligadas a la situación de excepcionalidad. El Ejecutivo pactó con Ciudadanos desvincularlas. Y el acuerdo con los agentes sociales transita por esa senda: permite que los ERTE por fuerza mayor, que estaban vinculados a la declaración de estado de alarma, tenga ahora otro horizonte de vigencia, la fecha concreta del 30 de junio. También prolonga la exoneración de las cotizaciones para las empresas cuya actividad se ha paralizado (100% para las de menos de 50 trabajadores y 75% para las de más) y reduce esos porcentajes para las compañías que vayan volviendo paulatinamente al trabajo. Y, además, aclara que las empresas que se acojan a estas ayudas no podrán tener su domicilio fiscal en paraísos fiscales y no podrán repartir dividendos entre sus accionistas durante este ejercicio fiscal.

Reticencias

Los agentes sociales evitaron una lectura política del acuerdo. Solo Unai Sordo, se la dio directamente y pidió a los partidos políticos más amplitud de miras para alcanzar compromisos: “Este es un acuerdo muy importante fruto del diálogo social, para que en el ámbito político se entienda que estamos ante un problema enorme que exige corresponsabilizarse”. Su homólogo en UGT, Pepe Álvarez subrayó que los sindicatos han logrado que la patronal se sume a un pacto que “sin la CEOE perdía valor”.

La patronal se resistía a ese compromiso: no fue fácil convencer a algunas de las organizaciones que integran CEOE, habitualmente más cómodas con Ejecutivos de otros colores políticos. Menos aún en la situación actual, con tensiones entre el PP y el Ejecutivo. Esas reticencias no han desaparecido: este lunes mismo una de las patronales más importantes, la catalana Foment del Treball, apuntó que el acuerdo es insuficiente y perjudicial para las empresas, informa Miguel Ángel Noceda. Garamendi evitó las lecturas políticas y se limitó a asegurar que su obligación “es negociar y firmar con unos y con otros”. El líder de la CEOE ha suscrito pactos tanto con el PSOE como el PP. “Si esto puede servir de ejemplo, perfecto”, añadió el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

Información sobre el coronavirus

- Aquí puede seguir la última hora sobre la evolución de la pandemia

- Así evoluciona la curva del coronavirus en España y en cada autonomía

- Preguntas y respuestas sobre el coronavirus

- Guía de actuación ante la enfermedad

- En caso de tener síntomas, estos son los teléfonos que se han habilitado en cada comunidad

- Pinche aquí para suscribirse a la newsletter diaria sobre la pandemia