Crisis en las ambulancias de Osakidetza

La situación del servicio de ambulancias que presta la cooperativa Grup La Pau en Bizkaia y Álava es insostenible: retrasos, sanciones de la Inspección de Trabajo, impagos salariales, uso irregular de ambulancias, conflictividad laboral, sabotajes... El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha decidido cortar por lo sano. A última hora de este martes llegó a un acuerdo con La Pau para resolver el contrato “de manera pactada” y poner en orden la asistencia del transporte sanitario con la adjudicación del servicio a una nueva compañía por el procedimiento de “emergencia”. Las “deficiencias” que el Ejecutivo había constatado en los últimos meses hacían inviable prolongar una crisis que viene agravándose desde finales del año pasado.

El problema de las ambulancias afecta directamente a la atención de las emergencias de Osakidetza (el servicio vasco de salud). Solo en un año se reciben 405.000 llamadas de pacientes (según datos de 2023) que suponen realizar 600 traslados diarios en ambulancia (algunos en helicóptero) a los hospitales. Los sindicatos ya venían advirtiendo que la cooperativa catalana La Pau estaba siendo incapaz de atender sus obligaciones contractuales con Osakidetza en Bizkaia y Álava, algo que no ocurre con esa intensidad en Gipuzkoa, donde opera la firma Ambulancias Gipuzkoa.

La trayectoria de La Pau desde que en 2020 se hizo con la adjudicación del servicio de ambulancias, tanto de las unidades urgentes como las programas en Bizkaia y Álava, se ha caracterizado en los últimos meses por una constante conflictividad que le ha llevado a enfrentarse a sus trabajadores en repetidas huelgas y a sufrir los ataques a sus vehículos sanitarios. La firma catalana denunció en 2023 que más de 200 ambulancias habían sido saboteadas por el descontento laboral existente en su seno. La paz interna parecía tomar cuerpo poco antes de celebrarse las elecciones vascas de abril pasado con la firma de un convenio que recogía mejoras salariales de hasta un 30% para los empleados, aunque a la postre estas no llegaron a materializarse, según han denunciado repetidamente la representación de los trabajadores.

Grup La Pau dispone de unas 500 ambulancias y 1.700 empleados en Euskadi, han asegurado sus responsables. Las supuestas irregularidades en que ha incurrido esta cooperativa durante la prestación del servicio de ambulancias le han acarreado la apertura de 55 expedientes de sanción de la Inspección de Trabajo, con multas firmes que en algún caso han superado los 800.000 euros de sanción. El sindicato LSB-USO acusó a la empresa de “deber dinero al 70% de la plantilla” y de “funcionar sin personal de enfermería ni técnicos sanitarios” en sus desplazamientos “poniendo en riesgo a la población”, además de “obligar a trabajar con vehículos en mal estado y sin seguro obligatorio”. Los empleados no cobraron la paga extra de verano, advirtieron las centrales. A la cooperativa catalana le costó reconocer que estaba atravesando por problemas financieros para hacer frente a sus obligaciones laborales con los trabajadores, lo que se estaba traduciendo en una “merma en la calidad del servicio”, según apuntan fuentes oficiales.

Entre las críticas recibidas por la empresa contratada también figura que ha venido realizando traslados de pacientes a centros sanitarios. El sindicato LAB asegura que el Gobierno vasco “ha mirado para otro lado” y solo ha decidido actuar cuando el problema “se ha cronificado”, afirma su delegado Jonathan Resurrección: “La subcontratación solo trae problemas”, añade. Osakidetza solo gestiona por sí misma las UVI móviles. Los servicios de ambulancias urgentes y programadas los tiene subcontratados a empresas privadas. Los partidos de la oposición, principalmente EH Bildu, han exigido al Departamento de Salud que dé el paso de publicar la atención de las emergencias, como han realizado Baleares y La Rioja y también se implantará en Navarra a partir de la primera mitad de 2025 a través de la creación de la sociedad pública Transporte Sanitario Bidean SL.

En vista de la magnitud del problema que estaba alcanzando este servicio sanitario esencial, la consejería de Salud citó de urgencia este martes a los directivos de La Pau para resolver la situación con una medida drástica: La Pau dejará de asumir el servicio de ambulancias. Le sustituirá otra compañía antes de que finalice el mes de noviembre a través de “un contrato de emergencia”. Es la solución “más adecuada”, según el departamento, para acabar con una situación que solo estaba empeorando, sobre todos desde el pasado mes de julio. La autoridad sanitaria, dirigida en la actualidad por el consejero Alberto Martínez nombrado por el lehendakari Imanol Pradales, ha acordado con La Pau que el relevo se realice de una forma “ordenada” y el servicio no se vea interrumpido “en ningún momento” y la asistencia esté “totalmente garantizada“. En una nota informativa, el Departamento de Salud asegura ahora que “la prioridad del Ejecutivo son los pacientes, así como los trabajadores que prestan el servicio”.