Emergencia en las ambulancias de Bizkaia

La paz ha durado muy poco, apenas unos días, en el servicio de ambulancias de Bizkaia. Este sector vivió en el último tercio de 2023 una oleada de sabotajes, con ataques a cerca de 300 unidades sanitarias, durante las huelgas convocadas entonces por la renovación del convenio colectivo. Finalmente, los sindicatos y el grupo cooperativo catalán La Pau, que gestiona una contrata del Gobierno vasco, alcanzaron el pasado 19 de abril (dos días antes de las elecciones vascas) un preacuerdo que recoge una mejora salarial del 23% en cinco años. Un mes después, ese pacto se ha ido al traste. Los 1.200 trabajadores de La Pau no van a recibir esa subida en la nómina y podrían incluso ver recortado su actual salario, según les acaba de comunicar por escrito la dirección de la compañía. Ya hay convocada una huelga indefinida a partir del próximo 7 de junio.

Además de reabrirse la problemática social en el seno de la empresa, el conflicto también tiene ahora derivadas en el plano administrativo y en el judicial. La cooperativa La Pau, con una flota de 500 ambulancias en el País Vasco, admite estar atravesando una situación “económicamente insostenible” que le impide cumplir con los compromisos acordados con la parte sindical. “Hemos hecho números y no hay forma de firmar ese nuevo convenio”, asegura un portavoz de la compañía a este diario. La Pau ha informado a sus empleados de que sufre un “deterioro económico” como consecuencia de un recurso presentado por UGT ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) contra la adjudicación que han recibido del servicio de ambulancias a La Pau porque la empresa tiene abiertos “varios expedientes de sanción”.

Esta reclamación, aún abierta, ha llevado al Departamento de Salud a suspender el concurso público, valorado en 135 millones de euros e inicialmente concedido a La Pau. La paralización, señala la dirección de la empresa en su escrito a los trabajadores, le está generando “pérdidas diarias de miles de euros” y le impide hacer frente a los compromisos adquiridos con los sindicatos. La viceconsejería de Trabajo confirma que en el último año constan 23 sanciones graves y una muy grave, aunque esta “no es firme aún”, contra La Pau. Mientras este proceso administrativo siga vivo, Salud ha decidido suspender el procedimiento de adjudicación y “prorrogar el anterior contrato” porque “no se garantizan las condiciones recogidas en las bases de la adjudicación”, señalan fuentes de este departamento.

La Pau lamenta que esta “acción” de UGT es “absolutamente irresponsable” porque “aplaza la dotación económica que se contempla en la licitación” del Gobierno vasco y le impide “asumir las subidas salariales y las mejoras en las condiciones de trabajo recogidas en el preacuerdo del nuevo convenio”. “Solo busca dañar a la cooperativa y conseguir que el servicio de ambulancias en Euskadi sea público”, afirma la dirección en su escrito. La nueva adjudicación, ahora paralizada, suponía un incremento del 27% por el servicio de ambulancias que realiza ahora en Bizkaia y Álava. Por esta razón, La Pau anuncia que no ratificará el preacuerdo de nuevo convenio y, además, se ve obligado a “desvincularse del convenio vigente”, lo que se traduciría en una merma económica que los sindicatos calculan en una reducción de “unos 300 euros mensuales” en la nómina de los empleados.

Esta decisión de descolgarse del convenio en vigor, aclara La Pau, “no es firme”, puesto que debe comunicarse oficialmente al comité de empresa y a la administración laboral, además de dar traslado de la misma a una comisión paritaria. Un portavoz de la empresa asegura que, si las cosas siguen como ahora y UGT no retira su recurso, estos trámites se podrían alargar unos dos meses, por lo que la reducción salarial no se aplicaría antes del mes de julio y, en consecuencia, “los trabajadores tendrían asegurada su nómina de mayo y junio en las condiciones actuales”. La decisión de recortar las condiciones laborales no tendrá efectos en los empleados que La Pau tiene en Cataluña, unos 420 en total, aunque sí les afectaría la situación económica de la empresa, apuntan fuentes de la cooperativa.

El Departamento de Salud tiene adjudicado a La Pau el servicio sanitario no urgente de Bizkaia y Álava, mientras que esta misma contrata la lleva a cabo Ambulancias Gipuzkoa en este territorio, donde no existe este conflicto laboral. La presión de los sindicatos está dirigida contra La Pau, a la que acusan de realizar “una gestión nefasta” y recibir “numerosas sanciones de Trabajo y multas de la Seguridad Social”, afirma un representante de la UGT en el comité de empresa. “Quieren echarnos a los trabajadores en nuestra contra para intentar que retiremos el recurso, pero esto no va a ocurrir porque estamos más unidos que nunca”, añade. La parte empresarial asegura que “no hay unidad” entre los sindicatos, puesto que ELA y CC OO, también firmantes del preacuerdo de nuevo convenio en abril pasado, ahora “no apoyan la estrategia de UGT”.

En esta situación, el sindicato LSB-USO ha dado el paso de convocar una huelga indefinida a partir del 7 de junio. Anunció públicamente esta convocatoria un día antes de conocerse el contenido de la carta de La Pau a sus trabajadores. “Tenemos los mismos salarios que hace cuatro años”, denuncia Ieltxu Tejedor, representante de esta central. “La actitud sancionadora y de despidos de trabajadores que secundaron las huelgas, la desvinculación del actual convenio, la falta de material sanitario de primera necesidad y equipamiento en las ambulancias y los numerosos retrasos e impagos de nóminas, muestra una falta de interés por parte de La Pau en resolver el conflicto”, abunda Tejedor.

El delegado sindical de LSB-USO fue despedido durante las huelgas celebradas el año pasado y fue denunciado por la empresa por participar en los incidentes que ocasionaron daños a ambulancias. Este sindicato presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción en el que denunciaba irregularidades en uno de los contratos firmados por La Pau con la Consejería de Salud. También denunció la contratación como gerente de La Pau de un ex alto cargo del Gobierno vasco, que fue precisamente quien firmó en 2021 la adjudicación de uno de los lotes del servicio de ambulancias a favor de la citada cooperativa.