El alcalde de Arroyomolinos (PP) admite que no autorizó un acto sobre las muertes en las residencias de Madrid por su carácter “reivindicativo”

El alcalde de Arroyomolinos, Luis Quiroga (PP), afirmó el jueves en el pleno de la localidad que en los espacios públicos del Ayuntamiento no se van a autorizar los actos de “carácter reivindicativo”, en referencia a la charla prevista (y cancelada) para el sábado sobre la muerte de 7.291 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del coronavirus. “El día que solicitasteis el espacio llenasteis el bulevar de pegatinas con vuestro lema. A mí eso me parece reivindicativo”, afirmó, en alusión a los organizadores.

Con estas declaraciones, el regidor desmiente el texto que remitió el Ayuntamiento a este periódico el mismo jueves, en el que se explicaba que se había negado el uso del auditorio del centro cívico a la asociación Marea de Residencias porque la entidad pretendía utilizar el auditorio del centro cívico, espacio de titularidad municipal, “sin abonar la tasa por el uso de la mencionada instalación y que asciende a 294,5 euros”.

El pago de la cuota no se les notificó a los organizadores hasta el jueves, a pesar de que el espacio había quedado reservado el 7 de agosto. Entonces, la concejala de Igualdad e Integración Social, María Begoña González, confirmó la reserva del teatro para el 27 de septiembre desde las 10 a las 14 horas a través de una conversación vía WhatsApp con Lola Parra, la vecina de Arroyomolinos que había solicitado el local para presentar el libro Vergüenza: el Escándalo de las Residencias, del director de Público, Manuel Rico. A partir de ahí, el Consistorio se empezó a enredar entre las competencias de una concejalía y otra.

Más de un mes después de haber confirmado por escrito la reserva del auditorio, el 18 de septiembre, la Concejalía de Igualdad e Integración Social le comunicó a Parra que su petición, al tratarse de una solicitud presentada “como vecina del municipio” —y no como una asociación—, debía realizarse a través de la Concejalía de Participación Ciudadana. Un dato que contradice la versión del Ayuntamiento, que argumentó que “el uso de la sala del centro cívico sin el pago de la correspondiente cuota hubiese supuesto una flagrante irregularidad y un trato de favor injustificado hacia una entidad que, además, no se encuentra inscrita en el registro municipal de asociaciones y entidades ciudadanas”.

Al día siguiente, el 19 de septiembre, la organizadora del acto contactó con el área correspondiente pero, antes de recibir ninguna respuesta, se enteró a través del concejal socialista Pascual Jiménez de que el acto se había cancelado. En efecto, la concejala de Cultura, Festejos y Participación Ciudadana, María Cristina Fernández, remitió un correo en el que se informaba de que la concejalía de Igualdad había cancelado el evento y que ya se tenía otro acto previsto para el 27 de septiembre.

Parra volvió a solicitar el 19 de septiembre una vez más la celebración del evento en el lugar y la fecha previamente acordados ante el área de Participación Ciudadana, que no respondió hasta el jueves 25, cuando notificó a la organizadora que no cumplía “con los requisitos para la concesión de un espacio municipal de forma gratuita”, esgrimiendo que la Ordenanza municipal de utilización de Edificios Públicos recoge el pago de la tasa “solo siendo subvencionada al 100% para Asociaciones y Colectivos de alta en el registro municipal”.

El jueves, el alcalde desmontó esa versión y dejó claro que su Gobierno no iba a ceder “espacios municipales para usos reivindicativos”. Solo dos días antes, Quiroga fue procesado por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación. La magistrada encargada del caso sostiene que hay “indicios suficientes” de que el regidor falseó, presuntamente, actas de una empresa municipal para nombrar a varias personas como directivas de esta entidad y cobrar sueldos diferentes a los aprobados en los estatutos.

Otras cancelaciones

No es la primera vez que descarrila la celebración de actos en los que se quería hablar de la muerte de 7.291 ancianos en los geriátricos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del coronavirus.

En febrero, Más Madrid denunció que un sabotaje impidió la proyección en Móstoles de un documental crítico con la gestión de las residencias por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. Esa anulación se suma a otras cuatro iniciativas que se suspendieron en 2024.

La primera fue el 16 de marzo de 2024, cuando el Ayuntamiento de la capital retiró un permiso que había concedido para celebrar la charla Residencias, así se dejó morir a nuestros mayores.

El segundo caso ocurrió el viernes 10 de mayo, cuando Más Madrid tuvo que retirar dos lonas con la cifra 7.291 tras un recurso del PP a la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Madrid que confirmó la Junta Electoral Provincial (JEP).

El 20 de mayo, se dio el tercer bloqueo cuando la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, controlada por el PP, vetó a la científica María Victoria Zunzunegui, que había sido invitada por Más Madrid a hablar de residencias.

Y el cuarto acto paralizado fue el organizado para presentar el 22 de mayo en Alcorcón el informe de la comisión ciudadana por la verdad en las residencias.