El Ayuntamiento sigue sin cerrar el hostal ilegal de Arganzuela

El Ayuntamiento de Madrid lleva más de medio año sin ejecutar el cierre de un hotel cápsula ilegal en Arganzuela. El local, situado en la calle Arquitectura 18, esquina con Carvajales 17, fue denunciado en abril por Más Madrid, que alertó de obras sin licencia, ausencia de cédula de habitabilidad y riesgo para la seguridad de inquilinos y vecinos. Quienes ocupan las camas del inmueble son en su mayoría migrantes que duermen hacinados en pequeñas cápsulas de madera.

El 15 de agosto, el Consistorio notificó la orden de clausura. Un mes después, el establecimiento continúa ofreciendo habitaciones por 270 euros al mes a residentes, en su mayoría migrantes que se reparten ocho cápsulas dispuestas unas encima de otras. Las reservas se realizan únicamente a través de un número de WhatsApp que va pasando de mano en mano entre los propios inquilinos.

La concejala de Más Madrid Lucía Lois asegura que desde el momento en que se notifica la orden de cierre, el Ayuntamiento puede precintarlo. “Almeida ha convertido Madrid en la ley de la jungla: no se ejecutan los cierres, no se controla, no se vigila ni se hace nada”, denuncia Lois. La oposición acusa además al Gobierno municipal de “ineficacia administrativa e inacción” y exige que se actúe “de manera inmediata y urgente” para evitar que un negocio privado “siga haciendo caja y aprovechándose de personas vulnerables”.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que su equipo es el primero interesado en ejecutar el cierre, pero ha recalcado que mientras la resolución no sea firme en vía administrativa, no cabe proceder a la ejecución. “Vivimos en un Estado de Derecho, y el procedimiento debe respetar los plazos legales”, ha argumentado el regidor.

El Consistorio ha ampliado hasta el 23 de septiembre el periodo de alegaciones porque, explican, no habían llegado los antecedentes. Inma Sanz, alcaldesa en funciones en agosto, ya reconoció entonces que los plazos administrativos no son los que ellos quisieran, aunque insistió en la contundencia de su gobierno para hacer cumplir la normativa.

Según un escrito al que ha tenido acceso este periódico, en marzo la sociedad promotora presentó una declaración responsable para transformar el bajo comercial en vivienda con cinco habitaciones y baños. Apenas días después, se dictó una orden de paralización de las obras, que no fue acatada. En mayo, la líder de la oposición, Rita Maestre, volvió a exigir el cierre del local por “prestar actividad sin inspección ni medidas de seguridad” al tiempo que presentaba una segunda denuncia ante la Agencia de Actividades.

El inmueble funciona hoy sin título habilitante ni licencia de actividad, lo que constituye una infracción grave en materia urbanística. Estas licencias no solo garantizan el cumplimiento de la normativa, sino que certifican que el espacio dispone de medidas de seguridad básicas, desde ventilación y accesibilidad hasta planes de prevención de incendios. Nada de esto existe en el bajo de Arquitectura 18.

El espacio es hoy administrado por Yue Gómez-España TAO, que también ofrece habitaciones en Alcorcón por 650 euros al mes. Los requisitos: pasaporte y fianza. Los vecinos del barrio de Arganzuela han denunciado, por otro lado, que los inquilinos de este hostal ilegal viven en condiciones de hacinamiento. A pie de calle, el local pasa desapercibido. No hay rótulo ni rastro del nombre de la empresa, solo un candado junto al telefonillo con cámara de seguridad.

Para Más Madrid, el Ayuntamiento tiene herramientas para actuar sin esperar a que concluyan los plazos: multas coercitivas, precinto del local o incluso la clausura directa por los riesgos para la seguridad. “Debería haberse cerrado hace meses”, advierte Lois. De puertas para adentro del negocio, nada ha cambiado. “Este mes tenemos habitaciones disponibles”, asegura a este periódico la administradora.