La jueza del ‘caso FP’ que salpica al Gobierno de Ayuso amplía la investigación de un presunto delito de prevaricación administrativa

La titular del juzgado de instrucción número 39 de plaza de Castilla (Madrid) ha decidido ampliar seis meses más la investigación del caso FP, que salpica al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y con la que se intenta esclarecer la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa consistente en supuestamente fraccionar ilegalmente contratos para otorgar a dedo la reforma de una decena de centros educativos dependientes de la Comunidad de Madrid. Así consta en un auto al que accedió EL PAÍS, y que da oxígeno a una causa por la que se incoaron diligencias previas ahora hace exactamente un año. Como el artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal mandata que la instrucción judicial debe durar 12 meses como máximo, la prórroga era necesaria para aclarar quién articuló el sistema que permitió gastar más de tres millones de euros en contratos irregulares ejecutados entre 2021 y 2023 principalmente por una sola empresa (Virelec) para reformar al menos una docena de centros.

“En la actualidad continúa tramitándose la causa pendiente de realización de nuevas diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos”, se razona en el escrito. “Al concurrir en las presentes actuaciones circunstancias sobrevenidas que hacen previsible que la causa no pueda concluirse en el plazo de doce meses a que se refiere el primer párrafo del art. 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede (...) declarar la prórroga de la presente causa”.

Todo empezó con unos burofaxes. Es 18 de septiembre de 2023, y los reciben dos centros educativos madrileños. “Me pongo en contacto con usted siguiendo instrucciones precisas de quien me manda [el] “Grupo Virelec” a fin de requerirle formalmente las cantidades adeudadas por su institución (...) las cuales ascienden a día de hoy a 1.460.724,80″, se lee la reclamación del conglomerado que lidera el empresario Gabriel Navarro.

Acaba de arrancar un escándalo que lleva a que la Comunidad de Madrid denuncie a un ejecutivo y dos funcionarios en abril de 2024, y a que la Fiscalía investigue al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por fraccionar más de tres millones en contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) otorgados a dedo (principalmente al grupo Virelec) para obras en al menos ocho centros educativos en 2021, 2022 y 2023. Desde entonces, en la causa figuran como investigados tanto el empresario Navarro como dos directores de centros educativos y el exsubdirector general regional de centros educativos de Formación Profesional.

La instrucción judicial se centra en esclarecer si los directivos de los centros actuaron por iniciativa propia (lo que ellos niegan), o siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación (como se desprende de los informes de Inspección, y de la Intervención).

Durante su investigación, desarrollada a lo largo de 2024, la Fiscalía ya vio “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por el Gobierno regional.

La jueza, por su parte, ya advirtió en noviembre de “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]”.

Finalmente, las auditorías enviadas al juzgado por la propia administración, a petición de la Fiscalía, coinciden en señalar la responsabilidad de la Consejería de Educación. En la época investigada, Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea, era el consejero al mando de esta área, y Rocío Albert, la actual titular de Economía, Hacienda y Empleo, ejercía de viceconsejera.

“Se han detectado gastos tramitados como contratos menores que superan la cuantía del contrato menor”, se lee en las auditorías de la propia Comunidad de Madrid. “Asimismo, se ha observado fraccionamiento del objeto del contrato (...) a fin de no superar los límites establecidos para el contrato menor (...) y eludir el procedimiento de contratación con licitación aplicable”, se añade. “Teniendo en cuenta el objeto e importe de dichos gastos hubiera procedido la tramitación de expediente de contratación por órgano competente de la consejería”, se explicita.

Aunque el caso se centra por ahora a las obras de una docena de centros, fuentes conocedoras de las reformas acometidas en los últimos años en centros educativos madrileños aseguran que la práctica del fraccionamiento de contratos se usó en muchos más y desde hace mucho tiempo.

Por todo ello, la instructora ha citado a declarar como testigos a finales de octubre a Coral Báez, Directora del Área Territorial de Madrid Capital, y a José María Serrano, al que se cita como Subdirector General de Centros de Educación Secundaria, aunque está jubilado, según un portavoz gubernamental.