La jueza del ‘caso FP’ que salpica al Gobierno de Ayuso llama a declarar como testigo a un alto cargo del Ejecutivo

La jueza del caso FP, en el que se investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa consistente en supuestamente fraccionar ilegalmente contratos para otorgar a dedo la reforma de una decena de centros educativos dependientes de la Comunidad de Madrid, ha citado para que declaren como testigos a dos cargos del gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. Se trata, según documentación adelantada por eldiario.es y a la que accedió EL PAÍS, de Coral Báez, Directora del Área Territorial de Madrid Capital, y de José María Serrano, al que se cita como Subdirector General de Centros de Educación Secundaria, aunque está jubilado, según un portavoz gubernamental. Con su testifical, agendada el 28 de octubre, se intentará avanzar en el esclarecimiento de quién puso en marcha un sistema empleado al menos entre 2021 y 2023 para las obras en una docena de centros que costaron más de tres millones de euros.

Tanto la Fiscalía como la Intervención autonómica coinciden en que en 2021, 2022 y 2023 se fraccionaron ficticiamente contratos y facturas para así otorgar a dedo ―a través de contratos menores― obras que deberían haber salido a concurso público ―lo que permite la competencia entre empresas, como manda la legislación―. Un sistema empleado con más compañías que la de Gabriel Navarro (Virelec), y en más casos que la docena investigados, según la declaración del empresario en sede judicial en junio.

Aquel día, el constructor mencionó a Báez para decir que fue ella quien ordenó parar las obras en un momento dado, según consta en documentación judicial. En la causa figuran como investigados tanto Navarro como dos directores de centros educativos y el exsubdirector general regional de centros educativos de Formación Profesional.

La instrucción judicial se centra en esclarecer si los directivos de los centros actuaron por iniciativa propia (lo que ellos niegan), o siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación (como se desprende de los informes de Inspección, y de la Intervención).

Durante su investigación, desarrollada a lo largo de 2024, la Fiscalía ya vio “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por el Gobierno regional.

La jueza, por su parte, ya advirtió en noviembre de “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]”.

Finalmente, las auditorías enviadas al juzgado por la propia administración, a petición de la Fiscalía, coinciden en señalar la responsabilidad de la Consejería de Educación. En la época investigada, Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea, era el consejero al mando de esta área, y Rocío Albert, la actual titular de Economía, Hacienda y Empleo, ejercía de viceconsejera.

“Se han detectado gastos tramitados como contratos menores que superan la cuantía del contrato menor”, se lee en las auditorías de la propia Comunidad de Madrid. “Asimismo, se ha observado fraccionamiento del objeto del contrato (...) a fin de no superar los límites establecidos para el contrato menor (...) y eludir el procedimiento de contratación con licitación aplicable”, se añade. “Teniendo en cuenta el objeto e importe de dichos gastos hubiera procedido la tramitación de expediente de contratación por órgano competente de la consejería”, se explicita.

Aunque el caso se centra por ahora a las obras de una docena de centros, fuentes conocedoras de las reformas acometidas en los últimos años en centros educativos aseguran que la práctica del fraccionamiento de contratos se usó en muchos más y desde hace mucho tiempo.