Madrid mantiene “de momento” las ayudas para abaratar el abono público

Tras tumbar este miércoles el PP y Junts el decreto ómnibus del gobierno central que, entre otras medidas, extendía a 2025 las bonificaciones al transporte público que pagaba hasta ahora el Estado junto con las Comunidades, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha decidido mantenerlas al completo “de momento”, según ha adelantado Abc y ha podido comprobar este diario. De esta manera, la Comunidad se hará cargo del pago de ese 60% de descuento que hasta ahora compartía a partes iguales con el Ministerio de Transportes, y que estaba previsto mantener hasta junio. No obstante, el ejecutivo regional no ha precisado durante cuánto tiempo seguirá aplicando una bonificación que afecta al transporte en Metro, Cercanías y autobuses, y que iba a decaer el jueves tras la derrota de este miércoles del gobierno central en la Cámara Baja.

Así, un portavoz gubernamental explica que “operativamente es imposible cambiar de forma inmediata las tarifas”. “Vamos a estudiar cómo afecta [que no hayan entrado en vigor las medidas recogidas en el decreto ómnibus] y qué pasos seguimos”, añade este interlocutor. “Así que de momento se mantiene”.

Como consecuencia, y de manera temporal, los usuarios madrileños evitarán pagar 12 euros más por el abono joven, casi 35 más por el de la Zona A, o 79 más por el de la Zona E2.

Lo que no se sabe es durante cuánto tiempo estará dispuesto el gobierno de Díaz Ayuso a sufragar en solitario una bonificación que siempre ha tensionado su relación con el ejecutivo central. De hecho, Madrid intentará que el ministerio encuentre una forma de mantener la aportación económica que sufraga su 30%, y a cuya vigencia está vinculado el 30% que hasta ahora pagaba el gobierno regional. Y si el Estado no puede finalmente sufragar su parte, Madrid, previsiblemente, se replanteará la suya. En ese caso, todas las opciones estarán abiertas: desde que el gobierno de Ayuso mantenga su 30% de la bonificación, a que lo rebaje o lo elimine por completo.

“Ahora Óscar Puente tiene que dejar de tuitear, ponerse a trabajar y proponer otra vía para subvencionar el transporte público”, ha dicho este miércoles el portavoz del gobierno de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa que se celebra cada semana tras la reunión del consejo de gobierno. “Se me ocurre que nos transfieran los fondos necesarios, ya de manera estructural”.

Por lo tanto, la Administración autonómica reclama al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que cumpla con las aportaciones a las que se comprometió con las Comunidades Autónomas “porque dispone de otras fórmulas para solucionar de inmediato este problema que ellos mismos han generado”, según transmitió en un comunicado. En ese texto, el ejecutivo de Ayuso defendió que “lamentablemente, una vez más los ciudadanos pagan las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno central y de nuevo, se evidencia la debilidad parlamentaria y la incapacidad manifiesta de Pedro Sánchez de gobernar”.

La realidad es que el gobierno de Madrid, que lidera el PP, tiene que afrontar un roto económico originado por una decisión del PP nacional en el Congreso. Contra ella ha estallado este miércoles el ministro de Transportes, Óscar Puente.

“A quien castigan [los diputados populares] es a los pensionistas y a los usuarios de transporte público. No al gobierno”, ha escrito en la red social X, antes conocida como Twitter. En otro tuit, Puente ha acusado al PP de estar “dispuesto a quedarse ciego con tal de dejar a Sánchez tuerto”, por su voto en contra del decreto ómnibus.

En la misma línea, Más Madrid, que lidera la oposición regional, ha registrado una iniciativa en la Asamblea para que el gobierno autonómico asuma sin límite de tiempo la financiación del 60% de bonificación.

“El PP con su voto en contra ha tumbado las subvenciones, y el PP de Ayuso tiene que asumir las consecuencias y asumir con recursos propios el 60% de la subvención, porque han creado una enorme incertidumbre en miles y miles de usuarios del transporte público y lo tienen que solucionar de manera inmediata”, ha argumentado la diputada María Acín.

Crisis de Ucrania

Las ayudas al transporte público las impulsó el Gobierno central en septiembre de 2022. En aquel momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, anunció la subvención del 30% del precio, con un coste de 380 millones de euros, y animó a los gobiernos autonómicos que así lo desearan a complementar esa rebaja financiando otro 20%, para así reducir la factura que pagaba el ciudadano a la mitad.

El objetivo era ayudar a la población en medio de la crisis inflaccionaria derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Cuando llegó el momento de decidir si se mantenía este programa o no en 2023, el Ejecutivo central añadió un condicionante: la subvención estatal del 30% solo se mantendría en aquellas regiones y municipios donde los gobiernos complementaran el 20% que antes era optativo.

En consecuencia, Ayuso empleó el último Consejo de Gobierno de 2022 para anunciar que Madrid se sumaría al proyecto, aportando la financiación de su 20% en enero de 2023. Y luego aumentó la apuesta: desde febrero de ese año, su contribución ha llegado hasta el 30%, por lo que el descuento en la región se ha disparado hasta el 60% (con la excepción del bono de 10 de viajes, donde el recorte se ha mantenido en el 50%). Una política cuya continuidad queda ahora en entredicho.