Intentos de agresión, un atropello y esprays de pimienta para defenderse: los agentes forestales de Madrid reclaman más seguridad
El sindicato CSIF denuncia cuatro altercados en 2024, y pide chalecos anticorte, o cámaras, mientras que la Comunidad proporciona cursos de autodefensa
La noche del 3 de diciembre, las dos agentes forestales que se encontraban de guardia en el centro comarcal de Alcalá de Henares, en Madrid, oyeron fuertes golpes y al asomarse por la ventana vieron una lluvia de madera que caía directamente sobre la fachada del inmueble. Al salir, cuenta Marina Nisa, una de las agentes afectadas, pudieron comprobar que alguien había lanzado contra la fachada más de una veintena de palos de entre 30 y 50 centímetros que, al parecer, eran trozos de sillas. Fueron a poner una denuncia y lo primero que preguntaron los agentes de la Policía Nacional fue si tenían algún vídeo de las cámaras de vigilancia que permitiera identificar a los culpables, pero la oficina comarcal no tenía, ni tiene, ningún medio de seguridad: ni cámaras, ni puertas con cerraduras apropiadas, ni alarmas, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Nisa asegura que a ella ya no le impresionan ni el ruido ni el jaleo que viene del exterior, ya que hasta hace poco la oficina comarcal lindaba con un asentamiento ilegal de viviendas que fue desmantelado. Con una valla perimetral en mal estado y sin medios de seguridad personal, a los forestales de Alcalá de Henares no les queda de otra que “aislarse” para que no les entre el miedo.
Aunque la Consejería de Medio Ambiente asegura que ha impartido cursos de autodefensa, y que ha entregado material de seguridad, los representantes de los trabajadores lo consideran insuficiente, alertan de que el de Alcalá es el cuarto incidente en lo que va de año, y advierten de la falta de protección de los agentes y de las malas condiciones en las que se encuentran varias de las quince oficinas comarcales de la región.
A los cuatro intentos de agresión a agentes forestales que contabiliza CSIF en 2024 en la Comunidad se suma una agresión física consumada. Ocurrió en mayo, cuando un motorista atropelló a un agente mientras intentaba huir de un control de documentación en los terrenos del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, según denunció la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, Aeafma. Los otros altercados registrados incluyen pintadas amenazantes en contra de los agentes en Fresnedillas de la Oliva, un cazador que se encaró con una patrulla también en Alcalá de Henares, y un hombre que ingresó a la oficina de Villarejo de Salvanés empleando un tono descrito como intimidatorio.
“Las oficinas comarcales son tan obsoletas que los denunciados llegan a pedir explicaciones y pueden entrar por la puerta y caminar libremente hasta la mesa del funcionario que lo denunció”, señala José María Bermúdez, portavoz de Agentes Forestales de CSIF Madrid, sobre la falta de medidas de seguridad.
Malos tratos habituales
Lo peor, asegura Bermúdez, es que estas son las agresiones registradas, pero los malos tratos por parte de personas requeridas son habituales. Una de las agentes de la oficina comarcal ubicada en Cercedilla, que prefirió no identificarse por miedo a las represalias tanto de la administración como de los vecinos, cuenta que en las guardias de 24 horas es usual que estos últimos les molesten golpeándole la ventana de los dormitorios en las noches. “Debería ser un área perimetrada, con un telefonillo que dé el acceso, pero las oficinas están completamente abiertas”, se lamenta. Asegura que incluso los coches de patrulla son vandalizados porque duermen al aire libre: “Nos los han llenado de basura y le han pinchado los neumáticos”.
La labor de los agentes forestales se centra en la vigilancia de todo aquello que pueda afectar los espacios y recursos naturales, como la caza furtiva, la pesca o los incendios. Según Bermúdez, como policía medioambiental que son, parte de su trabajo es enfrentarse a esos culpables, pero “a la gente no le gusta que la controlen”. Marina Nisa reafirma que los agentes forestales cuando están en el monte padecen aún más la falta de medios de protección. El peligro puede esconderse detrás de una persona que va con su navaja recogiendo setas o de un cazador con su arma.
Frente a esto no hay ninguna norma que determine cómo prevenir o actuar en caso de agresiones. Por esta razón las denuncias del sindicato tienen el objetivo de que se tomen “medidas oportunas” para evitar que este problema escale: en Cataluña un cazador mató a tiros a dos agentes durante un control rutinario en 2017.
El departamento de Medio Ambiente, Agricultura e Interior del gobierno regional tiene constancia de que las agresiones son un problema para los agentes. “Desde hace varios años se están impartiendo cursos de defensa verbal, de intervención operativa y de seguridad operativa”, asegura un portavoz gubernamental, que agrega que ahora los nuevos agentes reciben estas clases antes de ingresar al cuerpo.
Pero los medios de autoprotección que ha entregado Medio Ambiente son, según Nisa, esprays de pimienta. CSIF pide otros como chalecos anticorte y antibalas o cámaras individuales en correspondencia con sus funciones policiales, y también la creación “de una unidad especial de intervención para los temas más peligrosos como el furtivismo, que esté formada y dotada adecuadamente”.
El miedo a las agresiones se ha esparcido por todo el territorio nacional, donde también es común vivir situaciones que involucran agresiones verbales o físicas. Bermúdez cuenta que antes en la Comunidad de Madrid lo normal era que los agentes hicieran solos sus controles rutinarios, pero actualmente van en parejas para mayor seguridad. Eso, mientras la plantilla, ya pequeña de por sí, va en descenso: de 289 puestos, 46 están sin cubrir, y la edad de varios de los agentes en servicio les va acercando a la jubilación. Para el CSIF, el principal medio de defensa y autoprotección es contar con agentes suficientes para realizar el servicio en dúo e, incluso, “poder contar con esa unidad especial como apoyo a las comarcas en intervenciones más complejas”.
ℹ️#CSIF #AgentesForestalesCM sin medios de seguridad policial⚠️@ComunidadMadrid #ASEM112#DGEmergencias@CarlosNovilloPi@IdiazAyuso
— CSIF_AAFFMadrid (@CSIF_AAFFMadrid) October 31, 2023
obvian:
➡️Propuesta de #PRL de la función policial
➡️Acuerdos firmados
INCUMPLEN negligentemente y nos ponen en RIESGO
👮♀️👮♂️⚠️ pic.twitter.com/t4y8I0KYOr
El Gobierno regional prometió que para 2025 la cifra de funcionarios forestales en la escala operativa subiría a 453, pero CSIF duda de que eso sea posible, teniendo en cuenta que el año está por comenzar y que, hasta el momento, los 243 efectivos existentes solo representan el 56% de esa plantilla prevista. La Consejería sí ve posible cumplir con el compromiso, y asegura que el número de estos funcionarios ha aumentado en un 27,5% desde 2021, cuando se firmó.
Además, desde 2022 están en marcha unas oposiciones para captar a 91 nuevos funcionarios forestales, según la Consejería. Para Bermúdez, la demora es parte de una estrategia para que el cuerpo no se desarrolle. Cuenta que en la anterior oposición, también tras cuatro años de espera, entraron 47 agentes. “Si ya hay 46 vacantes, el crecimiento neto fue prácticamente nulo, y esta convocatoria va camino de lo mismo”, asegura. Y agrega: “Somos los mismos agentes que en 2006, pero Madrid ahora tiene mayor población, que son al final quienes nos dan el trabajo”.
Esta situación llevó a los agentes forestales a manifestarse frente a la sede de la administración el viernes 13 de diciembre. El centenar de asistentes, respaldados tanto por el CSIF como por CC.OO, reclamaron que el consejero, Carlos Novillo, cumpla con lo acordado junto a los sindicatos desde 2018 y 2021. Miguel Ángel Luque, delegado de medio ambiente de CC.OO, se queja de que 453 agentes ya les parecía poco para suplir las necesidades reales del cuerpo operativo, por lo que si no se cumple al menos este acuerdo, la situación continuará “dramática”.
Además, Luque se queja de que en los presupuestos autonómicos para 2025 no hay “ni rastro” de dinero destinado a mejorar las condiciones de salud y seguridad de las oficinas comarcales.
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