La lucha de un guarda forestal contra la caza furtiva en Álava: “No me van a callar”

Dos guardas rurales abatieron a tiros un corzo hace cinco años en el coto Manzanos, en Álava. Decapitaron el animal y pretendían cobrarse el trofeo a hurtadillas. Fueron sorprendidos con las manos en la masa por unos cazadores, que dieron aviso en ese momento al guarda forestal Andoni Díaz, y estos denunciaron el atropello ante las autoridades, pero los dos furtivos nunca fueron sancionados. La investigación de los hechos ha dejado al descubierto una deficiente gestión en la tramitación de las multas por la caza furtiva en este territorio y provocado la destitución del entonces jefe del Servicio de Montes de la Diputación alavesa tras ser condenado recientemente por ocultar datos incriminatorios con el objetivo de evitar que los autores de la matanza del corzo fueran sancionados. El funcionario Andoni Díaz asegura estar pagando una factura muy cara por denunciar aquello y perseguir los “amaños” en la gestión de las infracciones por la caza ilegal: “No me van a callar. Voy a acudir a la UE para lograr que se repare el daño moral que se me está causando”.

Andoni Díaz, de 62 años, trabaja desde hace 28 como guarda forestal para la Diputación de Álava y anteriormente ejerció durante 10 años como trabajador en la extinción de incendios forestales. Este funcionario se encuentra de baja laboral y sigue un tratamiento psiquiátrico por ansiedad y depresión desde marzo de 2021, cuando la diputación le abrió un expediente disciplinario por acusar públicamente a esta institución foral de no perseguir suficientemente la caza furtiva en este territorio. El expediente fue archivado en enero pasado sin que le fuera impuesta ninguna sanción administrativa, pero él asegura que le ha dejado secuelas. Dice haber recibido más de 10 amenazas de muerte: “Es un caso muy claro de represalias, me han querido hundir”, dice el guarda forestal a este diario, “pero no lo van a conseguir”. Está dispuesto a llegar hasta el final y demostrar, dice, los “chanchullos” que han tratado de ocultar “la impunidad de algunos cazadores furtivos” en Álava.

Hay que remontarse a mayo de 2017 y situarse en el coto de Manzanos, en la Ribera Baja alavesa. Dos cazadores escucharon disparos y vieron a dos guardas rurales de la empresa Artio, contratada por la Diputación para vigilar el reservado de caza, arrastrando un corzo macho recién abatido. Según consta en la denuncia, cortaron la cabeza del animal y escondieron los restos en el monte. Los cazadores decidieron llamar a Andoni Díaz, quien se presentó en el lugar y encontró los restos del corzo muerto. Las denuncias presentadas contra los furtivos dieron lugar a distintos expedientes que no llegaron a incoarse, ni pasaron a la fase de instrucción. Nunca fueron sancionados.

Por estos hechos, el que era responsable foral de Montes de la Diputación fue condenado en febrero pasado como autor de un delito de falsedad de documento oficial. La Fiscalía pedía tres años de cárcel, pero el acusado reconoció su culpabilidad y aceptó, tras alcanzar un acuerdo con la acusación, una pena de 5.475 euros y un año de suspensión para ocupar un cargo o empleo público, según la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Álava. Dos meses después, en abril de este año, el diputado de Agricultura, Eduardo Aguinaco (PNV), anunció la decisión de destituir al jefe del servicio.

El denominado caso Manzanos ha permitido destapar “numerosas irregularidades en la tramitación de sanciones de caza”, asegura el guarda forestal. Y añade: “En los años que llevo trabajando me di cuenta de que los furtivos a los que había denunciado por prácticas muy graves seguían cazando. Empecé a investigar y cuando recopilé muchas pruebas me presenté en los despachos de la diputación para advertirles de que no estaban respetando el trabajo de los guardas forestales. Entonces fue cuando me amenazaron con un expediente disciplinario si seguía investigando. Puse los casos en conocimiento de las Juntas Generales [la cámara provincial] para exigir una respuesta de los responsables políticos. Recibí la segunda amenaza de expediente y opté por ir al juzgado”.

Andoni Díaz dice tener pruebas de “cosas raras” ocurridas en los últimos cinco años: “Se han hecho muchas chapuzas. Se han quitado multas, otras se han rebajado de muy grave a grave. He llegado a multar a ocho personas en el mismo coto y todas las sanciones han sido levantadas. Una denuncia que presenté contra dos personas en la misma batida se resolvió con una sanción para uno de los cazadores, mientras que el otro quedó libre por tener amistades en la diputación. También pillé a cazando a una persona que estaba inhabilitada y a los cuatro meses sobreseyeron su expediente”.

Los partidos de la oposición (EH Bildu, Podemos y el PP) han exigido responsabilidades políticas por estas prácticas. El portavoz de la formación morada en las Juntas alavesas, David Rodríguez, acusa a la diputación (gobernada por el PNV y el PSE-EE) de “mala praxis en la gestión de las denuncias a cazadores”. El diputado Aguinaco restó importancia a este asunto en una comparecencia parlamentaria y trató de rebajar la relevancia de los casos, calficándolos de “omisiones no dolosas o involuntarias”. En cambio, el guarda forestal sostiene que “de todas las multas propuestas contra furtivos durante tres años, el 49% fueron sobreseídas, archivadas, caducaron o fueron rebajadas”. Recientemente, los partidos del Gobierno foral impusieron su mayoría para impedir, como había solicitado el grupo de Podemos, que el guarda forestal acudiera a las cámara provincial para explicar el alcance de las supuestas irregularidades en sanciones en materia de caza. Díaz reconoce que está “luchando con una barca pequeña contra el Titanic”: “No lo voy a hundir, pero ya le he hecho algunas abolladuras”.