El Gobierno aprueba el estatuto de bomberos y agentes forestales para reforzar su labor ante el cambio climático

Cuando se desata un incendio en el monte, los bomberos forestales que tratan de apagarlo pueden tener hasta 12 categorías diferentes —de peones a bomberos— y estar contratados solo por unos meses por empresas públicas, mixtas o privadas, ya que sus condiciones dependen de cada comunidad. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos proyectos de ley para poner orden en esta situación y crear un marco mínimo estable tanto para bomberos forestales (unos 20.000 profesionales en España) como para agentes ambientales (unos 6.000 trabajadores) en un contexto de cambio climático en el que cada vez se producen más fenómenos extremos.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que son “dos proyectos importantes que hacen justicia con dos colectivos capitales en nuestro país”, y que recogen varias de sus reclamaciones, ya que ante los incendios es “imprescindible” estar preparado los 365 días del año porque ya no es algo que ocurra solo “en determinados momentos del año y en zonas particularmente sensibles”. En un contexto de emergencia climática, cada vez hay más grandes fuegos fuera de la temporada de verano; según un recuento de EFE, en los incendios forestales arrasaron casi 90.000 hectáreas en 2023.

De hecho, el proyecto de ley de bomberos forestales destaca “los efectos negativos que el cambio climático propicia en el medio natural, como son las olas de calor, cada vez más frecuentes y prolongadas, que hacen que los incendios sean más virulentos y se propaguen con más facilidad”. Esto produce que los incendios “se acaben produciendo a lo largo del año, especialmente en ciertas zonas de riesgo”. “La dimensión que alcanza el fenómeno exige un nuevo planteamiento organizativo y estructural para los dispositivos de extinción y prevención de incendios a escala nacional, ya que los incendios no entienden de límites territoriales ni estacionales y exigen cada vez más una mayor coordinación y cooperación”, reza el documento.

Así, la norma regulará con carácter básico las condiciones en las que estos profesionales, “que prestan un servicio esencial y de interés social”, llevan a cabo su trabajo. Se reconoce la figura de bombero forestal a escala nacional, se definen las funciones de extinción que deben realizar, y las labores complementarias de prevención, detección, vigilancia, información a la población y apoyo a las contingencias en el medio natural y rural.

“Este reconocimiento es fundamental”, señala Ángel Rubio, responsable del Sindicato de Bomberos Forestales de UGT, “porque la asiduidad de los incendios en el medio natural hace que nuestra actividad tome cada vez más peso, y que necesite de una mayor especialización. Además, estamos vinculados al medio natural y al medio rural, y nuestra labor se extiende cada vez que hay contingencias como danas, inundaciones, nevadas…”. En su opinión, “la norma pone en valor la figura del bombero forestal, establece una categoría nacional homogénea y define sus competencias”.

Rubén Pinel, adjunto a la Secretaría de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CC OO, tercia: “Ahora mismo hay muchas categorías diferentes, en función de los convenios de cada comunidad, algunas consideran a los trabajadores como peones, auxiliares, trabajadores agrarios, especialistas en silvicultura… Entendemos que cuando la ley entre en vigor, todos ellos tendrán que ser reconocidos como bomberos forestales y, si no, acudiremos a la Inspección de Trabajo”. Además, la futura norma reconoce a estos trabajadores la aplicación del decreto de jubilación anticipada de los bomberos al servicio de las Administraciones y Organismos públicos, que hasta ahora tan solo se aplicaba a los bomberos urbanos. Mientras, el sindicato CSIF exige que ambas normas se tramiten con urgencia para poder contar con ellas este mismo verano.

Anticipación y coordinación

Ribera ha asegurado que el Gobierno tiene la voluntad de seguir reforzando la capacidad de anticipación y de coordinación ante los incendios con el refuerzo de los medios del Estado cuando sea necesario: se pretende “una correcta evaluación de riesgos y una permanencia de las dotaciones a lo largo de todo el año en todo el territorio con un reforzamiento de la coordinación entre las distintas administraciones”. Según la ministra, se ha venido incrementando “sustancialmente” la capacidad de respuesta también con medios aéreos y con una serie de refuerzos en los sistemas de alerta y comunicación a través de los mecanismos de Protección Civil y de AEMET.

En cuanto a los agentes forestales y medioambientales, el Ejecutivo reconoce que hay una gran diversidad de cuerpos, escalas y especialidades dependientes de varias administraciones públicas e incluso de los organismos autónomos del ministerio, y cada uno con diferente regulación. “La divergencia en los modelos organizativos y funcionales hace necesaria la aprobación del marco básico de los agentes forestales y medioambientales a escala nacional”, reconoce el departamento de Teresa Ribera.

Con la futura norma se refuerza la consideración de los agentes forestales y medioambientales como policía administrativa especial y policía judicial en sentido genérico. Además, tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad. También se establece el marco jurídico básico en el que se define el estatus y las tareas a desempeñar por parte de los agentes forestales y medioambientales. Entre ellas se encuentran labores de custodia y vigilancia de la naturaleza, apoyo a la gestión del medio ambiente, y auxilio y colaboración en emergencias y protección civil en el medio natural. El Ejecutivo pretende aprobar ambas leyes antes de verano, aunque para ello todavía deben pasar por la tramitación parlamentaria.

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