El problema de la línea 7B de Metro de Madrid se agrava y obliga a cerrar por obras tres estaciones más por su “evolución muy negativa”

El 15 de julio, un informe de la empresa Intemac puso negro sobre blanco la peor pesadilla del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre la línea 7B de Metro: a las tres estaciones cerradas desde agosto de 2022 por filtraciones de agua que han desestabilizado la infraestructura y han obligado a derribar 73 viviendas en San Fernando de Henares, se debían unir otras tres paradas. ¿La razón? Que el problema se extiende y tiene “una evolución muy negativa” que hace “inaplazable” intervenir, según documentación a la que accedió EL PAÍS. Eso explica que la Comunidad suspendiera el servicio desde el día 27 de julio “por tareas relacionadas con la señalización”, y que un mes después, el 28 de agosto, “por imperiosa urgencia” el consejo de gobierno aprobara a toda velocidad la inversión de “29,5 millones de euros en obras de mejora de la Línea 7B de Metro entre las estaciones de San Fernando y Barrio del Puerto”. Como resultado, un total de seis estaciones de esta línea permanecerán cerradas previsiblemente al menos hasta 2025, aunque nadie en el Gobierno regional se atreve a asegurar ya que se recuperará por completo un servicio esencial para los 120.000 habitantes que suman Coslada y San Fernando de Henares.

Esta es la situación de una línea maldita casi desde el día de su inauguración, en 2007, pues acumula una decena de cierres en apenas 15 años de vida y más de 1.000 días sin dar servicio al completo.

Desde agosto de 2022 está cerrado el tramo San Fernando-Hospital del Henares, lo que afecta a tres estaciones (Jarama, Henares y Hospital del Henares). Y ahora, desde el 27 de julio, está cerrado el tramo Barrio del Puerto-San Fernando, lo que afecta a tres estaciones (Coslada Central, La Rambla y San Fernando), para un total de seis. Todo por una situación temible para los ingenieros: las obras de la infraestructura provocaron la entrada a borbotones de agua en un terreno extremadamente soluble por la presencia de sal (karstificación), lo que lo ha desestabilizado, provocando el hundimiento paulatino de túneles y vías y que hasta los edificios de la superficie pierdan pie. Un problema que hasta ahora solo afectaba a tres paradas de la línea 7B, y que ahora se ha extendido a otras tres.

Así, entre las estaciones de San Fernando y La Rambla, los especialistas de la empresa Intemac, contratados por el Gobierno regional, detectan “entrada de agua en el túnel”, además de “sales solubles”. Y advierten: “Esta presencia de agua y sales en la plataforma y dovelas, en caso de no evitarse, puede suponer una importante degradación de los materiales por ataque químico produciendo fenómenos de eflorescencia de sales, degradación de capas epidérmicas en el hormigón, corrosión de elementos metálicos y degradación del sellado de juntas”.

Tanto en ese tramo, como en el que une La Rambla con Coslada Central, se refiere que “las patologías en vía y drenaje (...) presentan una evolución muy negativa”. Por el momento, subrayan los técnicos, no hay riesgo alguno para la seguridad del servicio. “Sin embargo”, puntualizan; “si no se reduce este caudal o se toman medidas para evitar que aumente, puede agravar las patologías en determinados elementos del túnel”. Es más, se reconoce “la imprevisibilidad de la evolución de las patologías descritas”.

Hay que actuar. Ya. Inmediatamente. No puede esperarse más para impermeabilizar el trasdós, consolidar el terreno y hacer reparaciones de la superestructura y del drenaje del túnel entre las estaciones de San Fernando y Barrio del Puerto. “En caso contrario”, reconoce la propia Comunidad; “se pueden producir huecos en el terreno en las proximidades del trasdós del túnel y una importante degradación de los materiales que conforman los elementos que constituyen el propio túnel”.

El peligro de que la infraestructura quede afectada es tal que la Comunidad incluso renuncia a tramitar el contrato de “urgencia” y recurre a una figura aún más expeditiva, la de “imperiosa urgencia” para empezar las obras. Se trata de evitar lo que pasa en el tramo final de la misma línea, donde tres estaciones llevan más de dos años cerradas por el mismo problema, que ha tenido consecuencias dramáticas para los vecinos de San Fernando de Henares, un municipio de Madrid de 40.000 habitantes. La llegada del Metro a la localidad, espoleada a toda prisa por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre para que coincidiera con las elecciones de 2007, ha provocado hasta ahora el derribo de 73 viviendas, lo que ha afectado a casi 200 vecinos.

El mismo año del estreno de la línea, los gestores de la infraestructura conocen que se han detectado “diversas patologías en relación con una anómala y creciente entrada de agua de elevada conductividad al pozo de bombeo situado entre la estación 7 (San Fernando) y 8 (Henares)”. Apenas seis meses después, en junio de 2008, otro informe advierte a la Comunidad “del consiguiente riesgo de colapsos en el túnel de metro y las edificaciones del entorno”. En 2009, un tercer balance alerta a la Administración de que es “de extrema urgencia” actuar por ese motivo. Y en 2010, cuando los problemas de las casas son aún incipientes, se registra un documento taxativo.

“La construcción del túnel y posterior drenaje comenzó a movilizar el flujo de agua subterránea y a iniciar un progresivo proceso de disolución del terreno, en concreto y preferentemente, de los niveles salinos existentes”, se lee. “(…) En este tipo de terreno, movimiento de agua significa capacidad de disolución”, subraya, en alusión a los cambios del terreno que afectan al asentamiento de los cimientos de los edificios.

Finalmente, en el verano de 2022, la memoria justificativa de la necesidad de las obras que mantienen aún hoy cerrado un tramo de tres paradas de la línea 7B es concluyente. “La confluencia de estos factores que provocan daños muy graves como consecuencia del movimiento del terreno con un desarrollo muy rápido requieren de la actuación global de emergencia”, alerta. “La anchura aproximada de algunas grietas en los edificios alcanza los 10 centímetros (...) Esta categoría implica peligro de inestabilidad estructural con el consiguiente peligro grave de daños a los edificios y a las personas”.

Infraestructuras fantasma

Tras años de discusiones, el Gobierno de Ayuso, que lleva invertidos más de 70 millones de euros en intentar solucionar el problema, admitió que el origen de los problemas en las casas, llenas de grietas y crujidos, de puertas y ventanas que no cuadran, se debía a las obras de Metro.

Como consecuencia, ya ha habido que derribar 41 viviendas. Próximamente, se tirarán abajo otras 14. Y después se sumarán otras 18, hasta un total de 73. Un drama que ha obligado a desalojar 87 viviendas, según la Comunidad, y a 183 personas, según el Ayuntamiento de la localidad. Todo, para que Transportes ya no pueda asegurar que la línea 7B de Metro volverá a funcionar al completo, por lo que corre peligro de unirse a la lista de infraestructuras fantasma que pueblan la región.

Entre ellas destacan el tren que debía unir Móstoles con Navalcarnero, y que se dejó a medio construir tras gastar cientos de millones; la carretera MP-203, completada a falta de unos metros, y por la que nunca ha circulado ni un solo vehículo; o el clausurado tren de San Martín de la Vega.