Ayuso proyecta un gran parque en la zona cero de la línea 7B en San Fernando de Henares, donde el Metro derriba casas
Los afectados ven “precipitado” y “una frivolidad” diseñar 12.000 metros cuadrados de zonas verdes cuando aún hay casas por derribar e indemnizaciones por cobrar
![Recreación del proyecto del parque en San Fernando de Henares.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/AAONRXI5NJHFJPKQGXB5CMJLQ4.jpg?auth=46c6d09b13c6f52bb235a0cfd62ad720bff89c057e637bf5963c65c55de33e38&width=414)
![Juan José Mateo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F1228d29c-d423-4ecf-9105-891d7df471c3.jpg?auth=14375061413b532409017eb7f95b809eefda00aea8a00c97eb448c5d0cf243ab&width=100&height=100&smart=true)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene previsto anunciar este jueves, primera jornada del debate del estado de la región, la construcción de un parque de 12.000 metros cuadrados en la zona cero de la línea 7B de Metro en el municipio de San Fernando de Henares, donde el paso del suburbano ya ha provocado el derribo de 73 viviendas. La decisión, que avanza una fuente de su confianza e implica invertir cinco millones para que la nueva infraestructura se levante antes del final de 2025 sobre los restos del antiguo complejo de El Pilar, es calificada de “precipitada” y “frívola” por los afectados. ¿La razón? Aún quedan viviendas por derribar, edificios por rehabilitar y vecinos por indemnizar por un drama que ha afectado ya a 200 residentes de este municipio de 40.000 habitantes, y que también ha obligado a paralizar el paso de los trenes desde hace más de dos años. De hecho, la Comunidad no puede asegurar que el Metro vaya a operar de nuevo en el tramo cerrado entre San Fernando y el Hospital del Henares, pues informes oficiales reconocen que el túnel está en un estado de “grave inestabilidad” por los movimientos del terreno provocados por la entrada de agua.
“Si eso es así [que Ayuso anuncia el inicio de las obras para el parque], me parece muy precipitado, dado que se está procediendo en estos días el derribo de 16 viviendas y esos afectados aún no saben cuándo estará su paupérrima indemnización y otros están a la espera de que se rehabiliten sus viviendas, de las que están desalojados”, expone Juan Fuentes, representante de la asociación de afectados Presa-Rafael Alberti. Y subraya: “Me parece una frivolidad hacer en estos momentos ningún tipo de anuncio de “parque”, cuando tantas familias sufriendo estos días con tanto por hacer, y más importante”.
Esto amplía Alejandro Escribano, representante de otra plataforma de afectados. “Rehabilitar el municipio es fundamental, pero se quiere rehabilitar una zona que se está hundiendo, que ahora mismo está todavía en proceso de derribo, con casas agrietadas, que van a quedar desamparadas porque no van a ser reparadas por la Comunidad”, dice. “Es una medida que ahora mismo no es pertinente”, protesta. “Lo que es pertinente es hacer un estudio para saber cuáles son las causas últimas del problema, y cómo suturarlas”, reclama. “Cuando eso esté resuelto, y las familias tengan otra casa, entonces hablaremos de rehabilitar nuestro municipio. Es un parche más”.
En la misma línea se expresa Javier Corpa, el alcalde socialista de la localidad. “Cuando no se ha acabado de indemnizar a la gente, todavía no es el momento para esto, no es la prioridad”, coincide. “Estamos hablando de que se van a poner a derribar más casas de aquí a unos días”, recuerda. Y remata: “Nosotros lo que les planteamos es que en todo caso el Ayuntamiento tiene que opinar. Nos han trasladado la idea, pero no nos han pasado ni un plano de cómo va a ser, y queremos hacer aportaciones en función de las necesidades del pueblo. No estamos conformes”.
Lo previsto es que las obras arranquen en enero de 2025 y acaben en el segundo semestre del próximo año. Un plan que supone que los trabajos puedan coincidir con las obras de impermeabilización que se están llevando a cabo en el grueso de la línea, para intentar reflotar la 7B. Porque el agua es, precisamente, el problema.
“Se puede asumir que el factor causante de las patologías [que afectan a la infraestructura] es el agua del terreno que empapa los rellenos del trasdós de los muros bandeja y los del falso túnel que conduce al fondo de saco”, se lee en un informe que tiene la Comunidad desde 2020, y que precisa los procesos que desencadena esa acumulación. “Produce empujes sobre el trasdós de los muros bandeja que sumados a los de los rellenos pueden explicar las deformaciones (desplomes) que se observan en ellos”, enumera. “Induce empujes por subpresión bajo la losa de fondo con carácter estacional [dependiendo de que llueva]”, sigue. Y recomienda una serie de medidas correctoras que cuatro años después aún no se han ejecutado al completo, mientras los movimientos del terreno provocaban que los edificios de la superficie perdieran pie.
Así, la zona cero de esta pesadilla está oculta bajo tierra. En 2007, las obras del túnel del metro, impulsadas a toda prisa por el gobierno de Esperanza Aguirre, facilitaron la entrada del agua en el subsuelo. El líquido contactó de esta manera con terrenos solubles, rebosantes de sales incrustadas. Y los problemas aparecieron de inmediato. De hecho, la Comunidad tiene informes clarísimos en su diagnóstico.
Indemnizaciones
“En el túnel de la Línea 7B, entre las estaciones de Hospital del Henares y San Fernando, se ha producido una continua entrada de agua por las juntas de las dovelas y de la contrabóveda”, explica. “De esta forma, aumenta de forma importante la evolución de los procesos de disolución y karstificación de los materiales salinos presentes en el terreno y, en especial, en las zonas en las que se detecta la presencia de halita o glauberita. Algo similar ocurre con el pozo de bombeo del P.K. 2+890″, añade. Y concluye: “Este aporte de agua de baja saturación en sales, que se está renovando permanentemente produce disolución de las sales presentes y formación de cavidades de diferente magnitud, que, a su vez, pueden ocasionar asientos en profundidad, y dichos movimientos, provocar asientos superficiales y movimientos en los edificios al progresar hacia la superficie”.
Un drama que ha obligado a desalojar 87 viviendas, según la Comunidad, y a 183 personas, según el Ayuntamiento de la localidad. A ellas se añaden las que viven con miedo a que la aparición de una grieta, o el ruido de un crujido del edificio en la noche, signifique que en el futuro se unirán al grupo de damnificados.
En este sentido, el Ejecutivo regional ha abonado ya indemnizaciones a 67 familias de la localidad por valor de casi 10 millones de euros y bonificará el 100% de los tributos de gestión autonómica que estén relacionados con la compra de una vivienda por parte de los afectados. En paralelo, y mientras el drama sigue, el gobierno se dispone a construir un gran parque que los vecinos reciben con suspicacias.
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