La línea 7B de Metro de Madrid sigue derribando casas, pero el PP veta investigar el problema al considerarlo un asunto del pasado

A finales de julio, con medio Madrid de vacaciones y el otro medio haciendo las maletas, el PP de Isabel Díaz Ayuso impide que la Asamblea investigue por qué la construcción de la línea 7B del metro ha condenado al derribo a 73 viviendas de San Fernando de Henares, un municipio de 40.000 habitantes al este de la región. Ocurre durante una reunión de la diputación permanente del Parlamento. Como la 7B fue inaugurada en 2007, los conservadores, que tienen mayoría absoluta en la Cámara, tumban la petición de Más Madrid con el argumento de que la infraestructura se hizo en legislaturas pasadas, y correspondió a gobiernos distintos al actual. Da igual que haya casas que se van a derribar ahora, en presente. O que el último intento de salvar la infraestructura se esté ejecutando por iniciativa del Ejecutivo de Ayuso en estos mismos momentos, en presente. O que la presidenta regional acabe de prometer que el Gobierno bonificará los impuestos que paguen los vecinos que compren una casa de segunda mano para sustituir a la que hayan perdido por culpa del suburbano. También en presente. Con el argumento de que este es un problema originado en el pasado, el PP da carpetazo al asunto.

Así se recoge en el archivo de la Asamblea la negativa a tramitar la comisión: “La Mesa de la Asamblea [donde el PP tiene mayoría], de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1.c) del Reglamento, acuerda no admitir a trámite la solicitud de creación de una Comisión de investigación sobre la construcción, puesta en marcha e intervenciones posteriores en la línea de Metro de Madrid 7B, así como sus consecuencias en el municipio de San Fernando de Henares, por referirse a hechos de legislaturas anteriores”.

Ese veto del PP provoca una coincidencia que cada vez es menos excepcional en Madrid: toda la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox) se une para expresar su rechazo a que se tumbe la comisión de investigación. “Es injustificable que se impidiese la comisión de investigación de la línea 7B de metro”, lamenta ahora Manuela Bergerot, la portavoz parlamentaria de Más Madrid, que en la documentación de la comisión pedía depurar responsabilidades políticas, y que intentó sortear el criterio temporal de los conservadores al incluir en la propuesta de investigación las “intervenciones posteriores” (obras que se están realizando ahora, en presente) en la línea.

“Los vecinos llevan años sufriendo sus desperfectos y los destrozos van a más. No es una cosa del pasado, es un problema muy presente que se inició con [Esperanza] Aguirre y que Ayuso está perpetuando”, opina Bergerot. “Hay afectados que se han quedado sin casa y muchos otros ven agrietarse sus bloques poco a poco sin que el Gobierno de Ayuso dé soluciones. Desde la Asamblea no se deberían dar excusas ni rodeos y afrontar el problema”.

No es la primera vez que el PP frena iniciativas de la oposición con el argumento de que versan sobre asuntos que no ha gestionado el Ejecutivo del momento. De hecho, el partido de Bergerot ya presentó en 2022 un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el criterio de tramitar únicamente temas relacionados con la legislatura en activo, condenando al olvido todos los problemas y polémicas de las anteriores en función de la fecha de las elecciones, incluso cuando la presidenta del Gobierno o los consejeros siguen siendo los mismos. Según Más Madrid, los magistrados aún no se han pronunciado sobre la admisión (o no) a trámite de su reclamación.

“Desde el punto de vista de control parlamentario no tiene sentido, hay que controlar a este gobierno, no a los anteriores”, viene argumentando desde entonces el PP, que plantea a la oposición que haga peticiones de información para obtener documentación con la que trabajar en este tipo de casos.

Con nueve cierres de servicio en apenas 15 años de vida, el tramo final de la línea 7B lleva sin ver pasar un tren desde agosto de 2022 ―se cumplen ahora dos años, para más de 1.000 días sin funcionar en total―. Tras un gasto millonario en intentar retomar la actividad, un informe de la dirección general de infraestructuras de la Comunidad de Madrid fechado el 21 de mayo reconoció que las obras para consolidar el terreno han fracasado hasta ahora; que el túnel por el que deben pasar los trenes está “en un estado de grave inestabilidad estructural”; que su hundimiento se ha acelerado pese a todos los trabajos previos; y que hay “un grave peligro para personas y bienes” a lo largo del trazado.

Así consta en un documento recogido en el portal de contratación regional con motivo de un nuevo contrato de 34 millones para intentar separar la construcción de su gran enemigo: el agua, que disuelve la sal presente en el terreno, causando movimientos que han hecho que pierdan pie la estructura (cuyo cierre definitivo ya no descarta la administración) y los edificios que se asientan a su alrededor (lo que ha condenado al derribo a 73 viviendas del municipio de San Fernando de Henares). Un drama que ha obligado a desalojar 87 viviendas, según la Comunidad, y a 183 personas, según el Ayuntamiento de la localidad. Y a nadie puede sorprenderle.

El mismo año del estreno de la línea 7B, 2007, los gestores de la infraestructura conocen que se han detectado “diversas patologías en relación con una anómala y creciente entrada de agua de elevada conductividad al pozo de bombeo situado entre la estación 7 (San Fernando) y 8 (Henares)”. Apenas seis meses después, en junio de 2008, otro informe advierte a la Comunidad “del consiguiente riesgo de colapsos en el túnel de metro y las edificaciones del entorno”. En 2009, un tercer balance alerta a la Administración de que es “de extrema urgencia” actuar por ese motivo. Y, en 2010, cuando los problemas de las casas son aún incipientes, se registra un documento taxativo.

Obras hasta 2026

“La construcción del túnel y posterior drenaje comenzó a movilizar el flujo de agua subterránea y a iniciar un progresivo proceso de disolución del terreno, en concreto y preferentemente, de los niveles salinos existentes”, se lee. “(…) En este tipo de terreno, movimiento de agua significa capacidad de disolución”, subraya, en alusión a los cambios del terreno que afectan al asentamiento de los cimientos de los edificios.

Finalmente, en el verano de 2022, la memoria justificativa de la necesidad de las obras que mantienen aún hoy cerrado un tramo de tres paradas de la línea 7B es concluyente. “La confluencia de estos factores que provocan daños muy graves como consecuencia del movimiento del terreno con un desarrollo muy rápido, requieren de la actuación global de emergencia”, alerta sobre la necesidad de unos trabajos en los que el gobierno lleva invertidos más de 70 millones. “La anchura aproximada de algunas grietas en los edificios alcanza los 10 centímetros (...) Esta categoría implica peligro de inestabilidad estructural con el consiguiente peligro grave de daños a los edificios y a las personas”.

Ahora, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no descarta tener que mantener hasta 2026 las obras para intentar resolver “el grave riesgo estructural” que aqueja a la línea 7B del metro. Pero de investigar lo que ha ocurrido en la Asamblea, y de dirimir la responsabilidad política, por ahora, nada de nada.

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