El Ayuntamiento de Madrid sanciona a una familia por no conservar una casa que le vendieron en ruinas

Cristian Malo (42 años) y Noelia García (45 años) tienen una hipoteca, deudas, un proceso judicial y hasta una sanción del Ayuntamiento de Madrid de 7.000 euros por una casa que ya no existe. La pareja se hizo famosa en los medios hace un año cuando, por orden del Consistorio, tuvo que demoler la casa que había comprado en el barrio de Caño Roto, en el distrito de Latina, porque estaba en “ruina física inminente”. A las cuentas y dolores de cabeza, Malo y García suman ahora una sanción del Ayuntamiento por el “incumplimiento injustificado del deber de conservación” que llevó a que la vivienda tuviera que echarse abajo. La familia, sin embargo, se pregunta por qué va a ser multada por 7.000 euros por no conservar una casa que ya les habían vendido en pésimas condiciones. Aunque presentaron alegaciones, el Ayuntamiento se ratificó en la sanción. Ahora, tienen dos meses para decidir si van a un pleito judicial y abren otro episodio en esta historia que comenzó en 2020 y que es apenas la punta visible de un problema de la vivienda en esta zona del suroeste de Madrid.

“Hemos hecho todo lo posible para que esto no lo tuvieran que tirar. Cumplimos con todo lo que nos pidió el Ayuntamiento, pero el daño venía de antes y lo dice una sentencia”, dice la pareja por teléfono desde Asturias, donde viven mientras tratan de resolver el lío financiero y judicial que les ha supuesto la compra de la casa que pensaban usar como vivienda habitual parea ellos y sus hijos de 10 y 8 años. Los 7.000 euros de la sanción impuesta por el Área de Urbanismo se sumarían a una larga lista de gastos. Solo la casa costó 140.000 euros, de los cuales 112.000 se pagan por hipoteca. Además, la pareja ha tenido que pagar 36.750 euros por su demolición, unos 5.000 euros para costear informes y arquitectos, más de 6.000 euros en gastos judiciales y otro tanto más por apuntalamientos y otros intentos por mantener la casa en pie. En resumen, los Malo García ya se han dejado unos 190.000 euros en un sueño familiar que se ha convertido en una pesadilla.

La pareja compró la casa a finales de diciembre de 2020. Un mes después, comenzaron a limpiarla y a sacar las pertenencias de los antiguos propietarios: entonces, descubrieron que tras los muebles se escondían fisuras y enormes grietas en los muros. Contrataron una inspección que recomendó tomar medidas para preservar la estabilidad del edificio y, en febrero, apuntalaron los muros e hicieron catas para dimensionar los daños. En abril de 2021, consiguieron el Informe de Evaluación del Edificio (IEE) que declaró como “desfavorable” el estado de conservación de la estructura, la cimentación, las fachadas, las cubiertas y las instalaciones. En junio de ese año, demandaron a los antiguos propietarios y alertaron al Ayuntamiento. Sin esa alerta, aseguran, el Consistorio jamás habría sabido que una casa en Caño Roto estaba por venirse abajo.

Entre diciembre de 2021 y enero de 2022, el Área de Urbanismo ordenó tomar medidas preventivas y cumplir “el deber de conservación”. Los propietarios acataron: contrataron las medidas de seguridad adicionales y cada seis meses presentaron un informe redactado por un perito. Pero en octubre de 2022, el Ayuntamiento declaró que la casa estaba en ruina física inminente por un “incumplimiento injustificado del deber de conservación por parte de la propiedad” y les dio cinco días para demoler.

“Empezamos a llamar a empresas, pero nos decían que hacerlo en cinco días era imposible. Había listas de espera de hasta tres meses”, recuerda Malo. Por eso, optaron por que el Ayuntamiento lo hiciera. Las máquinas llegaron en abril de 2023, seis meses después de la orden de Urbanismo. Justo cuando los propietarios veían demoler su casa y les caía encima una cuenta por casi 37.000 euros por los trabajos de derribo, les llegó al menos una buena noticia: el Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid reconoció que la vivienda tenía vicios ocultos ―es decir, desperfectos que no se ven a simple vista― y condenó a los antiguos propietarios a regresar a los nuevos el dinero de más que habían pagado por una vivienda en mal estado. Aunque la casa se vendió en 140.000 euros, una nueva tasación determinó que, por su mala conservación, realmente valía 80.000. Por tanto, los Malo García tenían derecho a que se les repusiera 60.000. Con eso, esperaban pagar la demolición y otras deudas que les había dejado esta historia.

Pero unos meses después, los antiguos propietarios recurrieron y, a la fecha, el caso está en espera de sentencia definitiva. Para colmo de males, en mayo de 2024, a la pareja le llegó la sanción de 7.000 euros del Ayuntamiento. Aunque presentaron alegaciones, en julio el Ayuntamiento se ratificó en que hubo una infracción urbanística que pesa sobre los actuales propietarios y en que desde octubre de 2022 les advirtieron de que la casa seguía deteriorándose y que, en ese punto, eran irreversibles. La pareja acudirá próximamente a los juzgados, pese al desgaste emocional y económico que pueda suponer. “Hay responsabilidades que no estamos dispuestos a asumir”, aseguran y agregan que la demolición de la casa que estaba en el número 212 de la calle de Nuestra Señora de la Valvanera es la punta del iceberg de un problema mucho más grave en el barrio.

¿Zona degradada?

Caño Roto se levantó en los años 50 como un icónico proyecto de vivienda social en Madrid. En el Poblado Dirigido se construyeron casas bajas con ayudas económicas del Estado. Esas casas se mantienen hoy en pie y dan un aire más parecido a un pueblo tranquilo que a un barrio madrileño. Algunas fachadas están pintadas con colores vivos y pequeños jardines, macetas colgantes y decoraciones en puertas y ventanas. Sin embargo, tras algunas de las plantas se ven fisuras en las fachadas. En otras casas, se advierten grietas más grandes ocultas bajo las capas pintura. De la número 212, la de Malo y García, solo queda el muro exterior.

Un portavoz de la Asociación Vecinal La Fraternidad asegura que las bajas rentas del barrio ―una zona está entre el 17% y el 24% más pobre de toda España y otra entre el 1% más pobre― y la avanzada edad de sus residentes explican por qué no hay recursos para mantener estas casas. Incluso, si quisieran hacerlo sería complicado porque esta zona tiene un nivel de protección que dificulta sacar licencias de obra. Para el concejal socialista Pedro Barrero es urgente que el Ayuntamiento revise las condiciones de protección y permita actualizarlas y compatibilizarlas para que los vecinos puedan mejorar sus viviendas. “El Ayuntamiento no puede seguir sin actuar ante la degradación y abandono que sufre hace más de 20 años la colonia y el poblado de Caño Roto en asuntos tan básicos como la limpieza, el mantenimiento de zonas interbloques y con las edificaciones con grietas que amenazan ruina”, asegura Barrero. Pero en el barrio hay cierta resignación. “Las autoridades no vendrán hasta que no haya una catástrofe”, comenta el portavoz de La Fraternidad.

Precisamente, a raíz de la demolición de la casa 212, la asociación vecinal pidió al Ayuntamiento de Madrid que se declarara a Caño Roto como zona degradada. Esto le permitiría a los propietarios acceder a ayudas estatales para arreglar sus viviendas. “Vinieron los técnicos, hicieron un informe. Pero ha pasado un año y no tenemos noticia”, lamenta.

El Ayuntamiento le ha respondido a este diario que el Poblado Dirigido de Caño Roto “no cumple con los requisitos exigidos por el Plan Estatal de Vivienda 22-25 para la declaración de área degradada”. El Área de Vivienda de Madrid aduce su decisión a que ya se han hecho rehabilitaciones tanto en los bloques de vivienda colectiva como en las casas o viviendas unifamiliares. “El problema se reduce a una única vivienda declarada en ruina y demolida por el Ayuntamiento de Madrid. La justificación de declarar el entorno como Área Degradada solo tendría sentido si al menos en el bloque de 12 viviendas adosadas, en la que se encuentra la vivienda demolida, estuviesen dispuestos a demoler y volver a edificar, algo que no se ha producido”, argumenta Vivienda. De acuerdo con el área, los bloques de vivienda fueron rehabilitados entre 1995 y 2004 aunque reconoce que hay “falta de mantenimiento y conservación en algunas edificaciones”. En cuanto a las casas, asegura que se han rehabilitado la mitad y que, de momento, solo han detectado humedades en las plantas bajas que han provocado grietas; pero, dicen, esto no implica problemas de seguridad o estabilidad estructural. La Asociación Vecinal difiere y asegura que aún faltan casas por rehabilitar. “Que una zona fuera objeto de rehabilitación en el pasado, no implica que no pueda serlo en el futuro”, agrega su portavoz.

Otra alternativa que ha explorado las asociaciones vecinales, junto a los partidos de oposición, es pedir un Plan Especial para mejorar el estado de las viviendas o conseguir un plan de ayudas directas. Para la asociación vecinal, sin embargo, “todo va muy lento”. En el último pleno de la Junta Municipal de Distrito Latina, Alberto González, el concejal presidente aseguró que ya hubo una reunión con la vicealcaldesa Inma Sanz para “definir las líneas que marcarán la actuación municipal en el entorno”.

El Área de Vivienda explica que si hubiese vecinos que quisieran rehabilitar sus casas, podrán solicitar ayudas del Plan Rehabilita, que contará con 50 millones de euros para la edición 2024. Los requisitos para acceder se publicarán en el último trimestre del año.