La Comunidad de Madrid deja “sin efecto” la resolución 254 que aumentaba la ratio por clase de los alumnos TEA

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha anunciado este jueves que dejará “sin efecto” la polémica resolución educativa 254 sobre aulas de atención preferente al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas del trastorno del espectro autista (TEA) y que se aplicarán “nuevos criterios” de cara al próximo curso. El anuncio, hecho en la Asamblea de Madrid durante la sesión de control al Gobierno regional, supone una victoria para las familias afectadas, para los profesionales y los sindicatos del sector, que denunciaban que supondría un aumento de las ratios sin contratar más profesores. Sin embargo, el consejero no ha dado ninguna pista sobre los “nuevos criterios” que regirán estas clases en un momento el que los centros están ya preparando el nuevo curso. A preguntas de este diario, la consejería tampoco ha avanzado las líneas generales de la nueva resolución. Se trata de la segunda rectificación del día del consejero Viciana, que también ha renunciado hoy al plan de incrustar una escuela europea en el Ramiro de Maeztu.

Viciana ha explicado que la decisión sobre las aulas TEA se ha adoptado tras haberse reunido con asociaciones como Segundo Maestro y Personas con Trastornos Específicos del Lenguaje de Madrid (Atelma) y ha señalado que han decidido esperar a que acabe este curso para tomar la decisión con el objetivo de facilitar su aplicación práctica y de comenzar poner en práctica los nuevos criterios “a partir del curso que viene”. ¿Y cuáles serán estos criterios? “Lo que ha anunciado el consejero es lo que hay”, ha señalado a este diario un portavoz de Educación.

Las aulas TEA se crearon en 2001 y, en la actualidad, hay 700 centros preferentes con 855 de estas clases, en las que se presta apoyo especializado a estos menores. El documento, que llegó el 20 de octubre con el curso ya empezado, generó según los afectados “una gran alarma” y puso en pie de guerra a todos los frentes, desde los docentes, hasta los sindicatos, las asociaciones y las familias, porque suponía un “recorte en toda regla” y una “bomba” que abría la puerta a subir las ratios y que las clases, en lugar de decrecer en alumnos, aumenten de cinco a siete. Y sin aumentar el número de profesores. Sindicatos y familias, que han recogido 35.185 firmas contra el documento, se manifestaron frente a la sede de la consejería en noviembre.

Lo que más preocupaba era la posibilidad de que aumente el número de niños TEA por aula. “Se escolarizarán hasta cinco alumnos” como hasta ahora, rezaba el texto, aunque añadía que “de manera excepcional”, se podrá ampliar en dos más en caso de tener otros hermanos en el centro, en distritos o localidades en las que las aulas estén llenas o “en cualquier otra circunstancia excepcional a criterio del director”.

Otro punto criticado especialmente era la movilidad de los profesores. Hasta ahora los especialistas en estos menores se dedicaban en exclusiva a las aulas TEA, pero la resolución los dejaba a disposición del director para cubrir bajas de otros profesores del centro, por lo que temían que se vieran obligados a dejar a niños sin atender. Además, establecía nuevos criterios de acceso para acceder a estas aulas: en lugar de un examen psicológico de los menores, se pediría a los padres que presentaran uno neurológico o psiquiátrico y “el mismo nivel de autonomía que los niños de su edad”.

Educación, sin embargo, negaba todas las críticas. Cuando se publicó la resolución, un portavoz admitió a este diario que la ratio se podía elevar a siete, pero matizó que “en ningún caso se atenderá a más de cinco de manera simultánea” en estas aulas. “La resolución en ningún momento da instrucciones sobre cobertura de bajas ni sobre atención al alumnado que no tenga necesidades educativas especiales”, decía sobre la crítica de que los maestros de Educación Especial de la especialidad Pedagogía Terapéutica (PT) y los de Audición y Lenguaje (AL), que son los que se ocupan de los alumnos TEA, pasen a estar a disposición del director.

El anuncio de Viciana llega en respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada del PSOE Emilia Sánchez Prieto, quien ha acusado a la consejería de aplicar una “segregación” educativa “basada en la discapacidad” con su modelo Educación Especial, algo que, a juicio de los socialistas, “incumple la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU”.

En respuesta, Viciana ha asegurado que el Gobierno regional tiene como prioridad “la libertad de elección de las familias y los alumnos”, protegiendo la Educación Especial frente a la Lomloe “como con el resto de modalidades educativas”. Así, ha defendido que la Comunidad “cumple con creces” la normativa y ha animado a la bancada socialista a recurrir a los “mecanismos que el Estado pone a su disposición”, a menos que “la amnistía, la colonización de las instituciones y el señalamiento a jueces les haga pensar que no pueden fiarse del sistema”. En cualquier caso, el consejero ha sentenciado que “todo alumno puede estar escolarizado” y las unidades de Educación Especial en la Comunidad de Madrid son “especialmente respetuosas con los alumnos discapacidad para una inclusión real y no demagógica”.

Sánchez Prieto ha felicitado en X a las asociaciones, a las docentes de orientación, PT y AL que “tanto han peleado y sufrido por esta mala norma”, mientras que la diputada de Más Madrid y portavoz de Educación de su grupo María Pastor ha celebrado la retirada de una resolución que “tanto daño ha hecho a los niños y niñas con autismo”. Por su parte, CC OO Madrid está valorando esta “auto anulación”. “Esta resolución fue recurrida por CC OO en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y estaba vista para sentencia. Además, habíamos enviado requerimiento al Ministerio de Educación para que actuara”, ha señalado a este diario Isabel Galvín, responsable de Educación del sindicato. “CC OO se felicita por este éxito de la acción sindical a través de los tribunales, si bien lamenta verse en la obligación de llegar a estos extremos para que la consejería reconsidere unas actuaciones que menoscaban la atención a la diversidad y a la escuela pública”, ha concluido Galvín.

“Dejar sin efecto la resolución 254 supone tener una oportunidad para poder trabajar y decidir actuaciones de manera consensuada con toda la comunidad Educativa. Un tema tan importante requiere de una reflexión y debate profundo para poder consensuar actuaciones que cubran las necesidades del alumnado. El sistema educativo debe adaptarse al alumnado y no al contrario. La inclusión, en el siglo XXI, debería ser una prioridad, ya que sin inclusión, no hay educación”, ha declarado Carmen Morillas, presidenta de la Federación de asociaciones de padres (FAPA) Francisco Giner de los Ríos.

Plena Inclusión Madrid ha aplaudido el anuncio en un comunicado, en el que ha subrayado que esta decisión “responde a la petición de organizaciones y asociaciones” como ellos, que llevan “meses alertando” al Gobierno regional del “deterioro de la calidad educativa del alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo como consecuencia de dicha resolución”. De cara al próximo curso, Plena Inclusión ha puesto “toda su red de entidades” a disposición de la consejería para establecer “una estrategia consensuada que permita velar por el bien de los niños y niñas, garantizando el buen funcionamiento de los centros y el trabajo de los profesionales”.

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