El PP de Ayuso veta a expertos que defienden que 4.000 ancianos pudieron haberse salvado en la crisis de las residencias

El PP de Isabel Díaz Ayuso avanza que hará valer su mayoría absoluta para impedir que en la Asamblea se escuche a los integrantes de la comisión ciudadana que concluyó en marzo que se podrían haber evitado hasta 4.000 muertes de ancianos en las residencias durante lo peor de la pandemia. Incluso cuando no estén convocados por ese motivo. Este lunes se ha producido un ejemplo, cuando la Mesa de la comisión de Familia y Asuntos Sociales, dominada por los conservadores, ha rechazado que intervenga en el Parlamento María Victoria Zunzunegui, convocada por Más Madrid como experta en epidemiología y geriatría. Para Emilia Sánchez, diputada del partido que lidera la oposición, se trata de un caso inédito de “censura preventiva”, ya que “se la veta por si acaso” habla del informe sobre las residencias. El PSOE teme que se esté usando “un sesgo ideológico” de manera “adivinatoria”. Y el PP, por su parte, simplemente da por hecho que se hablaría del informe de la comisión de la verdad, y contrapone que aplica el reglamento frente a un organismo no reconocido que fiscaliza a un gobierno que, a su juicio, ya no existe, pues es de una legislatura anterior.

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, conformada por familiares, juristas y expertos sanitarios, hizo público en marzo un informe sobre la muerte de 7.291 mayores en las residencias durante la pandemia. Las conclusiones más relevantes del documento, basado en cientos de testimonios de afectados, familiares, y peritos, apuntaron a una actuación “inadecuada” del Gobierno regional por restringir el número de derivaciones a hospitales durante lo peor de la pandemia. Durante la crisis sanitaria, la Comunidad argumentó que se habían medicalizado las residencias para garantizar el tratamiento de los ancianos sin necesidad de traslado, pero el informe sostiene que los centros no estaban preparados para esa tarea, ni en material ni en personal. Y deja esta conclusión: “Más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida”.

Aunque el Ejecutivo regional nunca ha reconocido a este organismo, formado por iniciativa popular y sin respaldo institucional, Más Madrid sí ha estado en contacto con sus expertos. Y por eso quiere convocar a algunos, como Zunzunegui, aunque el objeto de sus convocatorias no mencione específicamente a la comisión de la verdad en las residencias. Una omisión que el PP entiende como un subterfugio, ya que da por hecho que intervenciones como esta acabarían por mencionar el informe.

“¡Atención, censura!”, ha denunciado este lunes en sus redes sociales la diputada Sánchez, que luego ha detallado todo lo ocurrido a este diario en conversación telefónica. “El Presidente de la comisión de políticas sociales [del PP] pretende vetar a una experta por si habla de otros temas que no le gustan”, ha seguido sobre un órgano que vive de polémica en polémica, pues los conservadores ya intentaron acallar una referencia de una compareciente a los 7.291 fallecidos (”si no puedo hablar, me voy”, dijo) o afearon a una representante de Amnistía Internacional que denunciara que había habido “violaciones de derechos humanos” en las residencias. Y ha recriminado: “Esto lo hace preventivamente. Más Madrid ni siquiera había solicitado aún la activación de esa comparecencia para la próxima comisión”.

La indignación de Más Madrid es compartida por el PSOE. “Esto es alucinante”, ha lamentado un diputado con muchos trienios a sus espaldas. “El presidente [de la comisión] de manera preventiva y adivinatoria anuncia que aunque la Mesa de la Asamblea autorice las comparecencias, ellos las rechazarán por entender que la intención [de las intervenciones] es distinta del objeto de la convocatoria”, ha abundado en referencia a que la Mesa del Parlamento dio el visto bueno a la misma comparecencia que ahora rechaza la comisión. “¡Juzgan intenciones!”, ha exclamado. Y ha ironizado: “¡Ni Aramis Fuster!”

Esto es lo que tiene que decir el grupo parlamentario popular, que dirige el portavoz Carlos Díaz-Pache, al respecto.

“La Mesa de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales ha señalado este lunes, de acuerdo a sus competencias, que evitará el fraude en las comparecencias que pretende la izquierda, que solicita citar a miembros de la mal llamada Comisión de la verdad de las residencias para hablar de su informe, cuando es una entidad no reconocida y un informe que intenta fiscalizar la acción de una legislatura anterior”, han argumentado en el PP. “El reglamento de la Asamblea es claro”, han sostenido. “Las comparecencias se sustancian si hay acuerdo de la comisión, y no es el caso, y las entidades externas comparecen a efectos exclusivos de informe y asesoramiento (artículo 211)”.

Son argumentos que no sorprenden en la izquierda. Para llegar a este punto, la oposición de la Asamblea ya tuvo que sortear la oposición del PP en la Mesa de la Cámara, donde el presidente del Parlamento, Enrique Ossorio, se mostró taxativo.

“El Excmo. Sr. Presidente considera que, atendiendo a los antecedentes sobre solicitud de comparecencia de esta persona, no se debe admitir esta iniciativa porque es la tercera vez que se plantea esta citación”, se lee en el acta de la reunión del 12 de abril. “En esas solicitudes se ha ido cambiando la justificación de la naturaleza de experta de la persona que se desea que comparezca”, se argumenta. “Parece una especie de fraude porque lo que se busca desde el inicio es lo mismo: que comparezca para hablar sobre un informe en el que se ha significado notablemente, pero que no acredita que el mismo confiera el carácter de experto que debe concurrir en quien comparecen la Asamblea de Madrid en ese concepto”.

Esa argumentación provoca un escándalo inmediato. Diego Cruz, del PSOE, protesta en su calidad de vicepresidente tercero: “No se puede admitir que se introduzca a partir de ahora el sesgo ideológico del compareciente para calificar estas iniciativas”.

De aplicarse siempre el criterio expuesto por Ossorio, expone el representante del Vox en el órgano, José Ignacio Arias, “impediría admitir la mayoría de las iniciativas”.

Y Esther Rodríguez, diputada de Más Madrid y vicepresidenta segunda, alerta: “No se puede cuestionar toda una carrera profesional porque haya firmado un informe que se considera poco objetivo”.

Tras conocer un informe de los servicios de la Cámara que avalaba la procedencia de citar a la experta, el PP pareció dar su visto bueno, y permitió tramitar la iniciativa en la Mesa del Parlamento. Lo que aparentó ser una victoria de la oposición, sin embargo, fue en realidad un aplazamiento de su derrota en aplicación de la mayoría absoluta del PP.

Así, este lunes, el veto a Zunzunegui se ha mantenido y ampliado en la mesa de la comisión donde debería sustanciarse el testimonio: ninguno de los integrantes de la comisión pasará por la Asamblea mientras el PP tenga mayoría absoluta. Una decisión que se sostiene sobre dos patas. La primera, que la comisión no es reconocida por el gobierno. Y la segunda, que su informe se refiere a un asunto que se produjo en una legislatura distinta a la actual.

Ese argumento, que pretende distinguir las responsabilidades del Gobierno que Díaz Ayuso presidió entre 2019 y 2021 de las del gobierno que preside Díaz Ayuso desde 2023, ya ha sido objeto de controversia. Así, Más Madrid recurrió en 2022 ante el Tribunal Constitucional, al considerar que se estaba imposibilitando la labor de oposición de sus diputados: al aplicarse, sostiene la oposición, no se puede fiscalizar nada de la gestión de la pandemia en la Asamblea regional.

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