Los hechos fraudulentos admitidos por la pareja de Ayuso, que declara este lunes ante la jueza

La batalla, según Isabel Díaz Ayuso, se dirime entre una Fiscalía al servicio de Pedro Sánchez y un “novio” víctima de una “cacería” política. Desde hace dos meses, la presidenta madrileña y su equipo han tratado de que el relato sobre el presunto fraude fiscal de 350.000 euros de su pareja gire en esos términos. Esa tensión volverá al primer plano este lunes a las 10.00, cuando su pareja, Alberto González Amador, declare en los juzgados de plaza de Castilla por primera vez ante la jueza del Juzgado número 19 de Instrucción, María Inmaculada Iglesias. Pero antes de que estallara el caso, y el nivel de decibelios, la investigación de Hacienda había seguido su curso de manera sigilosa, ordenada e implacable.

Entre el 12 de mayo de 2022 y el 23 de enero de este año, el equipo de la inspectora M. entrevistó a González Amador y a sus colaboradores, revisó sus movimientos bancarios y pidió información fiscal a terceros países. Es bien conocido el correo del 2 de febrero del abogado de González Amador admitiendo que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda”. Pero antes, la pareja de la presidenta ya admitió en varias ocasiones los hechos por los que era investigado. Le pillaron in fraganti y no tenía escapatoria.

El caso estalló el 12 de marzo, cuando elDiario.es desveló que la Fiscalía había denunciado a la pareja de Ayuso. González Amador está acusado de defraudar 350.951 euros en las declaraciones del impuesto de sociedades 2020 y 2021 de su sociedad Maxwell Cremona, una consultora del sector de los sellos de calidad empresarial. Además de él, citado a las 10.00, la jueza ha pedido que comparezcan cuatro colaboradores del supuesto fraude investigados por elaborar 17 facturas falsas destinadas a rebajar la carga fiscal de González Amador. El lunes declarará a las 12.00 el empresario mexicano Maximiliano Eduardo Niederer y el martes lo harán tres vecinos del pueblo sevillano de Arahal, Agustín Carrillo Saborido (10.00), David Herrera Lobato (11.00) y José Miguel Carrillo Saborido (12.00).

Cuando el caso salió a la luz, el PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid se emplearon a fondo para defender a González Amador. El equipo de la presidenta filtró el 13 de marzo al diario El Mundo, y luego a otros medios, un presunto acuerdo entre la Fiscalía y González Amador para evitar el juicio. Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR y jefe de gabinete de Ayuso, difundió después a través de sus redes sociales esta información, y añadió que el fiscal encargado del caso recibió “órdenes de arriba para retirar la propuesta de acuerdo... todo sucio”.

Al día siguiente, la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de una nota pública y escueta, explicaba que fue al revés, que el abogado de González Amador se dirigió el 2 de febrero de 2023 por correo electrónico a la Fiscalía proponiendo un pacto y reconociendo los hechos delictivos que se atribuían a su cliente. Es decir, el correo enviado por MAR era parte de una cadena. Ese intento de aclaración de la Fiscalía le ha valido a la pareja de Ayuso para querellarse por revelación de datos confidenciales.

Con ese resquicio busca ahora anular el caso, pero antes González Amador no había tenido más remedio que bajar los brazos. Ante la Fiscalía había aceptado “íntegramente” el fraude fiscal, ocho meses de cárcel y pagar 520.000 euros. Y ante Hacienda, no pudo desmentir unas pruebas palmarias. Estos son los hechos admitidos por González Amador durante la investigación de la Agencia Tributaria:

El primer negocio ficticio

La primera de las facturas sospechosas es un supuesto pago de 620.000 euros en 2020 a una empresa mexicana, MKE. Ese año Maxwell Cremona había multiplicado por seis sus ingresos gracias a que intermedió en una compraventa de mascarillas por dos millones de euros. Ese aparente gasto en México, tan elevado, era muy conveniente porque le permitía reducir considerablemente la carga fiscal por esa ganancia extraordinaria.

La pareja de Ayuso aseguraba que había pagado a MKE para que le ayudase a encontrar clientes de productos sanitarios en las administraciones públicas mexicanas, pero cuando Hacienda indagó, descubrió que esa compañía mexicana se dedicaba a una actividad sin relación alguna con la medicina: exportaba a Estados Unidos leche, pasta y hortalizas.

Poco después de comenzar la investigación, González Amador presentó ante Hacienda su contrato con MKE y la factura por 620.000 euros, pero ninguna prueba de pago. Cuando Hacienda se lo reclamó, el 12 de julio de 2022, él admitió que nunca se produjo esa transacción. “Finalmente, no hubo acuerdo ni pago de la factura”, dijo, y añadió que esa factura la incluyó en la contabilidad de Maxwell porque se suponía que era un anticipo por proyectos que se iban a realizar “en el muy corto plazo”. “No se realiza el pago de modo inmediato”, explicó, “puesto que no existía un proyecto cerrado y se esperó un período prudencial para ver si estos finalmente se materializaban”.

El investigado quiso hacer creer que en 2020 había cometido un error contable y que pretendía anular esa factura en el ejercicio fiscal de 2022, dos años después, pero Hacienda no lo aceptó, destacando que esa anulación se producía precisamente en el momento en que fue descubierto. “Es el propio obligado tributario quien reconoce la falta de realidad de los servicios prestados por la mercantil”, destacó el informe enviado a Fiscalía, “lo que implícitamente supone el reconocimiento de la búsqueda y utilización de facturas falsas o falseadas para reducir la tributación que le hubiera correspondido”.

Hacienda también interrogó al supuesto representante de MKE que firmó el contrato, Maximiliano Niederer. El 24 de abril de 2023, personado ante la sede de la Agencia Tributaria, Niederer admitió: “No conozco a esta empresa y no he sido ni soy representante de ella”. El 16 de mayo, Niederer se arrepintió de esa declaración y envió un escrito en el que decía que sí conocía la empresa, pero que por un error aparecía su nombre y firma en el contrato.

Un patrón que se repite

Hacienda descubrió otro gasto sospechoso de importe elevado en la liquidación de 2021 de Maxwell. Se trata de un supuesto pago de 922.585 euros a una sociedad de Costa de Marfil, Gayani, dedicada a la compraventa de café y cacao. El objeto de ese abono era la apertura del mercado sanitario en Costa de Marfil y una comisión por la venta de vacunas covid al ministerio de Salud de ese país africano. González Amador, describió a Hacienda una operación enrevesada en la que metió también a otras tres empresas (la vasca DBT, la gallega Mape y la andaluza Tec Pharma Europe).

González Amador conoció el 19 de julio de 2021 que Pharma Tec, la empresa que finalmente se presenta al concurso (y para la que supuestamente hizo la mediación en colaboración con Gayani), había perdido. Sin embargo, el 10 de octubre de 2021 incluyó la factura de Gayani como gasto deducible en las cuentas que presentó al año siguiente en su liquidación del Impuesto de Sociedades 2021.

Durante meses, la Agencia Tributaria pidió explicaciones por las dudas sobre si ese pago tan cuantioso se hizo realmente. Hay petición de aclaraciones entre el 21 de diciembre de 2022 y el 8 de mayo de 2023, cuando finalmente González Amador contestó que no tenía más explicaciones porque ya las había dado antes.

En este caso, la Agencia destacó el cambio de versión. Primero la pareja de Ayuso había afirmado que la factura se incluyó el 10 de octubre de 2021 porque la licitación estaba recurrida, un extremo que desmintió la empresa licitadora, Tec Pharma. González Amador rectificó su versión y como había hecho en el caso de MKE, volvió a afirmar que tenía pensado anularla, también casualmente después de ser descubierto. “Meses después se confirma que la operación no va a ser finalmente realizada y se decide anularla en el ejercicio 2022″, alegó. La Agencia concluyó que está ante un patrón de comportamiento que busca defraudar. Casualmente, la persona que colaboró con él en la emisión de esta factura fue de nuevo el mexicano Niederer.

Nuevos colaboradores

Junto a González Amador, la justicia también investiga a tres sevillanos que tienen entre 34 y 55 años. Los tres viven en Arahal, un municipio de 20.000 vecinos a 45 minutos en coche de Sevilla. La pareja de la presidenta Ayuso recibió facturas falsas o falseadas de seis empresas de dicha localidad por 180.395 euros. El sevillano David Herrera Lobato regenta una gestoría en el pueblo con 18 empresas a su nombre. Y los hermanos José Miguel Carrillo, camarero, y Agustín Carrillo, panadero, otras seis. Los tres están acusados de los mismos delitos que González Amador.

Maxwell supuestamente reclutó a estos empresarios para hacer trabajos de consultoría en Quirón Prevención, parte del grupo Quirón, el gigante de la sanidad privada. Se trataba de asesoramiento en ámbitos como certificados de calidad, planes medioambientales, búsqueda de locales o planes de limpieza y acceso a obras. En realidad, tanto Herrera como los hermanos Carrillo carecen de cualificación alguna para estas tareas. “Yo qué voy a conocer a ese hombre. Lo que me hacía falta. Pensaba que [Ayuso] estaba soltera”, contaba uno de ellos a EL PAÍS en Arahal el pasado marzo. González Amador firmó facturas falsas con estas empresas sevillanas para reducirse sus impuestos tributarios, según Hacienda.

Durante la investigación con la Agencia Tributaria, el propio González Amador reconoce expresamente que “de estas facturas por las que me pregunta no existe intermediación alguna ni obra”. Es decir, que, según Hacienda, son falsas.

Sociedad pantalla

González Amador también admitió ante Hacienda que en 2021 declaró haber hecho unos trabajos para Quirón Prevención con una sociedad pantalla, vacía por completo de contenido. Se trata de Masterman & Whitaker, una mercantil recién comprada por el investigado. En realidad, los servicios los prestó su empresa principal, Maxwell Cremona, que sí tenía empleados, a diferencia de esta otra.

Maxwell estaba contratada desde 2018 para prestar servicios de consultoría estratégica y organizacional a Quirón Prevención, pero en 2021, González Amador cede ese contrato a Masterman. Supuestamente, González Amador lo hacía porque Maxwell carecía de medios suficientes, pero cuando Hacienda hizo sus pesquisas, el 25 de noviembre de 2022, descubrió que realmente Masterman carecía de medios personales y materiales. “En el ejercicio 2021 únicamente presta servicios en la empresa su Administrador Único Don Alberto González Amador y no existen profesionales colaboradores externos ni personal contratado”, contestó la compañía, que añadió que realmente los servicios los prestó “el equipo de Maxwell”. En el listado de medios materiales de la compañía, la pareja de Ayuso enumeró: un par de equipos de depilación láser, otro de remodelación corporal y un portátil. Esta declaración es clave para Hacienda, que lo ve como un reconocimiento expreso del fraude.

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