Sheinbaum busca ingresos frescos en la banca: 10.000 millones de pesos al eliminar una deducción

Una nueva obligación fiscal para los bancos mexicanos –que deberán cumplir con 10.000 millones de pesos en impuestos por sus aportes al fondo de protección de depósitos desde 2026– abrirá una fuente adicional de ingresos para la hacienda pública, en momentos en que el equipo económico de la presidenta, Claudia Sheinbaum, calibra el presupuesto en búsqueda de liquidez, sin tener que embarcarse en una reforma fiscal que afecte el consumo de los hogares.

La mandataria cuestionó este viernes que las entidades se deduzcan miles de millones en tributos por sus cuotas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el organismo encargado de administrar el seguro de depósitos, sosteniendo que el sistema aún mantiene una deuda originada por la crisis bancaria de 1994. Según datos oficiales, las contribuciones obligatorias a la institución han ido incrementándose sostenidamente desde su creación en 1999 y el monto de las cuotas acumuladas en 25 años asciende a 387.957 millones de pesos. En 2024, se anotó el mayor aporte histórico de 35.074 millones de pesos, un incremento de 4,6% medido a valor real, en un reflejo del fortalecimiento de las captaciones del público y de la buena salud de los bancos.

No se espera que este gravamen desestabilice el negocio del sector, que ha gozado de ganancias récord en años recientes. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las utilidades de los 52 bancos del sector mantuvieron su senda sostenida de crecimiento con unos 152.476 millones de pesos durante la primera mitad del año, aunque con una expansión más moderada en un contexto de tasas de interés más bajas y crecimiento económico débil. Los siete principales bancos del sistema, encabezados por dos españoles y un mexicano (BBVA, Banorte y Santander), concentran hasta el 75% de esas ganancias. La Asociación de Bancos de México (ABM) señaló que no emitirá un pronunciamiento inmediato tras las declaraciones de la presidenta.

“El objetivo es incrementar la recaudación, particularmente porque las finanzas de nuestro país ya están altamente comprometidas”, señala Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey. “De hecho, el componente más importante a manera de egreso son las pensiones y los apoyos sociales: esto ha ido creciendo de manera exponencial, particularmente en los últimos años, y eso restringe la habilidad de las finanzas públicas de invertir, por ejemplo, en proyectos de infraestructura, salud o seguridad”, agrega. Recuerda además que las autoridades han descartado, al menos durante los primeros tres años del sexenio, una reforma fiscal integral.

“La labor que ha desempeñado el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en materia de evasión fiscal, ha representado también un avance importante en comparación con otros años, y eso ha permitido que año con año los ingresos del Gobierno en la parte tributaria se hayan incrementado, sin hacer un ajuste significativo en las tasas de recaudación”, agrega. La recaudación tributaria creció un 7,2% en términos reales entre enero y julio.

Una deuda pendiente

El extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) nació como un mecanismo para evitar colapsos financieros al permitir la compra de deudas bancarias a cambio de capital para enfrentar insolvencias. Fue activado en 1995, tras la crisis de 1994, en un contexto de fuerte devaluación del peso, elevada deuda pública y bancos poco capitalizados. El fondo adquirió entonces pasivos equivalentes al 11% del Producto Interno Bruto (PIB), que se han reducido a 2,88% del PIB al cierre de 2024, aunque todavía superan el billón de pesos.

Álvaro Vértiz, socio de la firma de consultoría para el sector financiero DGA Group, estima que los bancos tendrán pecho para hacer frente a los compromisos que supone la extinción de los beneficios tributarios de los que gozaron hasta ahora. “El impacto a los bancos no necesariamente va a ser grande, aunque será importante. Las utilidades que han generado los bancos en los últimos años han sido muy importantes e incluso han generado récord. Esto lo único que va a traer como consecuencia es reconocer que estos pagos no necesariamente deben tener un beneficio fiscal adicional, derivado a su origen”, prevé.

“El IPAD sigue gestionando esta deuda. Esto siempre ha estado en el ojo del huracán en términos de crítica y opacidad. Lo que está buscando la presidenta al final es decir: no se busca un beneficio fiscal por algo causado a raíz del comportamiento privado (...) alineándose a un tema del Gobierno sobre justicia fiscal. Aunque, esto no aborda la deuda total de Fobaproa, ni sustituye la necesidad de que eventualmente existan otras reformas que fortalezcan las finanzas públicas”, advierte.

El anuncio se produjo en vísperas de la entrega al Congreso del Paquete Económico de 2026, que incluirá las proyecciones de ingresos y egresos, así como expectativas de inflación y crecimiento. La atención está puesta en las decisiones tributarias y comerciales, entre ellas la posible aplicación de nuevos aranceles a países como China, algo que la presidenta ya adelantó.

“Seguiremos de cerca la meta de déficit fiscal y cualquier posible cambio tributario que pueda impactar en los precios”, dijo la firma Bradesco BBI en una nota al mercado.