El novio de Ayuso ofreció pagar más de 380.000 euros para evitar la cárcel por sus engaños a Hacienda

Alberto González Amador, empresario que reconoció dos delitos fiscales por un monto de 350.000 euros en sus declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021, estaba dispuesto a reparar el daño cometido mediante el pago de la cantidad defraudada más los intereses de demora (4,025% en dos ejercicios). Con el desembolso de una cantidad superior a los 380.000 euros pretendía rebajar la pena correspondiente (de uno a cinco años por cada delito fiscal) en uno o dos grados, de manera que evitara entrar en la cárcel. González Amador es la pareja actual de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien desde el primer momento lo ha defendido, acusando a los poderes del Estado de “asediar” a un particular, y a Hacienda de practicar una inspección salvaje y sacada de quicio.

El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difundió a mediados de marzo que González Amador estaba dispuesto a reconocer sus delitos cuando informó de que el fiscal le había ofrecido negociar ese acuerdo de conformidad. Pero el novio de Ayuso había reconocido mucho antes distintos engaños a Hacienda. Los inspectores de la Agencia Tributaria iniciaron el 12 de mayo de 2022 una investigación fiscal tras sospechar de una declaración del Impuesto de Sociedades de 2020, que fijaba una cuota tributaria muy inferior a la de un año antes con unos ingresos seis veces superiores a los del ejercicio anterior. Entre mayo de 2022 y enero de 2024, González Amador reconoció en distintas fases ante la Agencia Tributaria la falsedad de facturas de 600.000 euros y de casi un millón de euros con las que pretendió deducirse gastos.

Pese a estos antecedentes, el novio de Ayuso presentó el miércoles una querella contra la Fiscalía Provincial de Madrid, a la que acusa de un delito de revelación de secretos. Esta institución difundió una nota donde se informaba que fue el propio González Amador quien, a través de su abogado, había ofrecido un acuerdo para evitar la cárcel consistente en “proceder a resarcir el daño causado [un fraude de 350.000 euros en dos ejercicios del Impuesto de Sociedades], pagando íntegramente la cuota y los intereses de demora”.

El Código Penal establece para este tipo de conformidades el pago no solamente de la cuota defraudada y de los intereses de demora, sino también una multa “del tanto al séxtuplo” de esa cantidad, con lo que podría reclamar hasta dos millones de euros a González Amador para aceptar un acuerdo que conlleve una rebaja considerable de la pena de prisión.

El abogado del novio de Ayuso explica en la querella que, tras comprobar que la Agencia Tributaria había remitido el 16 de enero de 2024 a la Fiscalía una “liquidación vinculada a delito”, envió el 2 de febrero un correo electrónico al ministerio público, sección de Delitos Económicos, “para canalizar y alcanzar, en la forma prevista por la legislación penal”, esto significa la reparación del daño con un mínimo de 380.000 euros y un máximo de dos millones, “y de la forma más pronta posible la figura análoga a las actas de conformidad ya alcanzadas en sede tributaria, esto es, la conformidad penal”.

El abogado aclara que hizo estas gestiones de una manera tan rápida por las “especiales circunstancias afectantes a Alberto González Amador por la relación sentimental que mantiene” con la presidenta Ayuso. El abogado sostiene que esa relación sentimental tiene “un efecto deformador de las garantías procesales, y que, finalmente, han dado lugar a los hechos” que denuncia en la querella.

González Amador no niega en la querella sus engaños a Hacienda, pero intenta explicar a través de su abogado que ofreció admitir los delitos, que ya había reconocido previamente ante la inspección fiscal, para evitar que trascendiera la noticia de que el novio de Ayuso había cometido un fraude fiscal porque eso iba a tener “un efecto deformador de las garantías procesales”. Pero la información, que adelantó eldiario.es cuando la querella de la Fiscalía llevaba un mes en los juzgados de plaza de Castilla, se conoció el 12 de marzo, más de un mes después de que González Amador reconociera dos delitos de fraude a la Hacienda Pública.

El novio de Ayuso insiste en su querella en que nada de su comportamiento fiscal ilegal hubiera trascendido de no ser por su relación con la presidenta de Madrid. Y acusa a la Fiscalía de haber roto la necesaria confidencialidad en la negociación entre ambas partes. En la querella, el novio de Ayuso evita relatar la filtración de un correo que el fiscal del caso envió al abogado de González Amador y que difundió Miguel Ángel Rodríguez, para denunciar a continuación algo que resultó falso. Ningún superior de la Fiscalía ordenó retirar la oferta de conformidad a González Amador, como difundió el jefe de gabinete de la presidenta.

El Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria estudió el informe tributario de los inspectores fiscales y concluyó que “no fue un mero error, sino una conducta consciente, deliberada y dolosa” del empresario González Amador y que “hubo un “delito continuado en un plan preconcebido con facturas falsas y explicaciones inverosímiles e inaceptables”.