La deuda oculta de Madrid con el propietario de los cuatro hospitales de Quirón llega a 918 millones

La Comunidad de Madrid debe a los cuatro hospitales públicos de gestión privada del grupo Quirónsalud en la región un total de 918 millones de euros, según el informe anual del ejercicio 2023 del gigante sanitario mundial Fresenius, propietario desde 2017 de la red de centros sanitarios Quirón en España. Eso convierte a la Administración autonómica en el principal deudor del conglomerado con un 25% del total, aunque el Gobierno regional rechaza concretar a cuánto asciende lo adeudado según sus cálculos, con el argumento de que las liquidaciones pendientes forman parte de “un proceso vivo” en el que las dos partes discuten “euro a euro”. Así lo explicó el pasado martes un alto cargo regional durante un encuentro con periodistas convocado para defender la relación de la Administración con el grupo Quirón, que recibe miles de millones del Gobierno de Madrid y es a su vez el principal cliente de la empresa del novio de la presidenta regional, Alberto González Amador, investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil.

“No tiene nada que ver Quirónsalud con Quironprevención”, defendió el martes un representante del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que intentó así distinguir entre la empresa a la que la Administración paga por los hospitales y la compañía con la que viene trabajando la pareja de la presidenta, ambas pertenecientes al mismo grupo. “Y no se sabe exactamente el número [de la deuda] porque es un proceso que está vivo, no podemos saber la cantidad que hay que pagar”, añadió este alto cargo, a cuya intervención se remitió un portavoz de la Consejería de Sanidad cuando fue preguntado por este diario sobre los datos de Fresenius. Por su parte, Quirónsalud se remitió a lo publicado por Fresenius en sus cuentas.

El mutismo de las dos partes resume un pulso que pone muchos millones en juego. A un lado, están los hospitales públicos de gestión privada de Madrid, y lo que facturan por sus servicios. Al otro, la Administración, que somete esos gastos a una triple auditoría y los discute al céntimo. El choque consecuente favorece la acumulación de pagos pendientes ―el más antiguo data de 2016―, y la generación de una abultada deuda que el Gobierno no quiere detallar porque la cifra final está sometida al resultado de litigios administrativos y judiciales, y, asegura, varía constantemente.

“Todos los intentos de obtener información del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la deuda con el Grupo Quirón son sistemáticamente cercenados por distintas vías”, resume Daniel Rubio, diputado del PSOE.

Sin embargo, Fresenius, como empresa cotizada, debe auditar anualmente todas sus cuentas e informar de las conclusiones a sus accionistas. En el caso de las de 2023, la compañía incluye un total de 3.673 millones de euros en el apartado de “provisiones por pérdidas crediticias esperadas”, en el que se recogen aquellas partidas cuyo cobro acumula retrasos o se considera en riesgo. De esa cantidad, el 25% —918 millones— se corresponde a “las autoridades sanitarias de la región de Madrid, España”, según recoge el documento del último ejercicio, una deuda que acompaña al grupo desde 2017, cuando adquirió Quirón.

Así, Fresenius anotó entonces que Madrid le debía 558 millones en relación con el uso de la Fundación Jiménez Díaz de la capital, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital General de Villalba. En 2017, el dato llegó a 785. Entre 2019 y 2021, superó la barrera de los 1.000 millones, llegando al récord de 1.248 en 2020. En 2022, fue de 701. Y en 2023, de 918. En medio, Quirón vio cómo el Gobierno de Ayuso protagonizaba en 2022 un esfuerzo sin precedentes por reducir la deuda.

“La tesis era sencilla: a esta gente se le debe dinero desde hace mucho tiempo y esta situación hay que ponerla ya en orden”, resumió una fuente cuando EL PAÍS adelantó que el Gobierno había saldado en seis meses de 2022 al menos 1.390 millones de la deuda pendiente desde 2015 con los hospitales públicos concesionados a diferentes gestores privados. “Ahí se impuso el sentido común de la jefa [por Ayuso] y del vicepresidente [Enrique] Ossorio, con la idea de quitarse eso de encima, porque luego vienen las sentencias en contra, que incluyen intereses de demora, y es mucho más lo que toca pagar”.

El efecto de esa decisión fue notable, según destacó la Cámara de Cuentas en un informe aprobado el 28 de diciembre de 2023. “En cuanto al importe de la provisión relativo a las liquidaciones pendientes de ejercicios anteriores de los convenios y conciertos con los hospitales gestionados de forma indirecta, su importe ha disminuido de forma considerable al cierre de 2022″, resaltó, para inmediatamente detallar que quedaba un saldo de 763 millones a cierre del ejercicio. Aunque como ese número se corresponde con una provisión de fondos para pagar la deuda, y no con el total de la deuda, advirtió: “En la mayoría de los casos se observa que la estimación efectuada en su momento para la dotación de la provisión no cubre totalmente la liquidación definitiva correspondiente”.

Los pagos han continuado desde que Ayuso decidió en 2022 que el Gobierno abandonara su política de retener las liquidaciones. Así, la cifra dedicada a este apartado ascendió a al menos 144 millones en 2023, según documentación consultada por este diario. Una tendencia que se ha mantenido en 2024, para empezar con los tres pagos por 24 millones decididos en el arranque del año, para un total de al menos 168 millones en los últimos catorce meses, y de al menos 1.500 en los últimos 20. Que la deuda no descienda de manera drástica por esas decisiones se debe a una doble causa: viene acumulándose desde hace una década, y cada año suma nuevos elementos con la lenta revisión de las liquidaciones correspondientes.

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