Una firma para realojar a 1.600 familias del mayor asentamiento ilegal de Europa

El Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Rivas han firmado este lunes el protocolo por el que se destinarán 330 millones de euros a realojar a 1.600 familias de la Cañada Real, el mayor asentamiento ilegal de Europa que se empezó a levantar en los años sesenta. Una firma que resulta un hito teniendo en cuenta que no abudan los acuerdos entre estas administraciones. El acto, celebrado en la Cañada Real, es la formalización del protocolo acordado a principios de marzo para continuar con el traslado de familias a viviendas en la región y el derribo de los sectores del asentamiento que se vayan vaciando.

Continúa así una tarea que comenzó en 2017 con el primer pacto de este tipo y que ha permitido el traslado de casi 300 familias. Aquel protocolo contó con 53 millones de euros de presupuesto. Este es mucho más ambicioso y aspira a sacar de las infraviviendas a 1.600 unidades familiares. Este dinero se destinará a la adquisición de inmuebles, indemnizaciones, acompañamiento social y otros gastos. Los realojos no se llevarán a cabo en una misma ubicación, sino que se distribuirá a los afectados por diferentes puntos, teniendo en cuenta las características de cada caso, aseguran las administraciones implicadas.

Los encargados de plasmar la firma han sido el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo; el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, Álvaro González y la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo.

El plan está previsto a diez años vista y los beneficiarios serán los contemplados en el censo que se hizo en 2011, aunque podrá haber actualizaciones de este listado. En el asentamiento viven alrededor de 7.000 personas, así que este plan supone el principio del fin del al chabolismo en esa franja de 16 kilómetros. El estado de los residentes en la Cañada Real empeoró desde que se cortó la luz hace cuatro años con el pretexto de evitar los enganches ilegales a la corriente. Esto ayudó a evitar el fraude y el consumo para actividades ilícitas, pero también dejó en una situación de vulnerabilidades aún más preocupante a cientos de vecinos.

Cada pata del pacto aportará 110 millones de euros a dividir entre el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y los consistorios implicados. “Vamos a trabajar todos juntos para erradicar el chabolismo y ofrecer una casa digna y un futuro prometedor a todas las personas que habitan en la Cañada Real y que, actualmente, conviven en condiciones de precariedad y pobreza”, ha señalado Rodrigo. Tras los derribos se procederá al acondicionamiento y urbanización de esos terrenos, con la construcción, por ejemplo, de un parque metropolitano.

Asimismo, el consejero ha subrayado que en esta legislatura el Gobierno autonómico tiene “el compromiso de construir 1.700 nuevos inmuebles que se incorporarán al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social”. Por su parte, Álvaro González ha explicado que este protocolo es “más que un acuerdo entre administraciones”. “Se trata de un esfuerzo por dignificar las condiciones de vida de muchas personas, un compromiso profundo y solidario con las familias que viven aquí, y que también merecen una igualdad de oportunidades”, ha recalcado.

En esta línea, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana ha defendido “la voluntad” del Ejecutivo central por “implicarse” por la Cañada Real a través del Plan Regional o acuerdos específicos. “Es un trabajo complicado, que no va a ser fácil, pero con la voluntad de todas las administraciones y la colaboración de ciudadanos y entidades, este plan será un éxito”, ha defendido.

En la Cañada Real, no todos ven con optimismo el plan, ya que les genera incertidumbres. Muchos de los vecinos no quieren irse lejos del asentamiento, tienen dudas sobre si podrán hacer frente al alquiler simbólico que tendrán que pagar en sus nuevos inmuebles y temen perder la comunidad que han construido en décadas.

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