Ayuso rectifica y no premiará con rebajas fiscales de miles de euros a quienes se muden a Madrid desde el extranjero y compren una casa

Octubre de 2023. Nueva York, Estados Unidos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en un desayuno informativo, y anuncia: “A partir de 2024 va a entrar en vigor una nueva deducción del 20% sobre la renta [en el tramo autonómico] para los inversores extranjeros que se conviertan en nuevos contribuyentes, cuya inversión sea tanto en activos financieros como inmobiliarios, y que se queden a vivir entre nosotros”. No es cualquier cosa. Si ese inversor (español o no) residente en otro país desde hace al menos cinco años se compra una vivienda de 300.000 euros en la región, se ahorrará 60.000 en impuestos a lo largo de seis años. Si el inmueble asciende a medio millón, la bonificación llegaría a los 100.000. Y así sucesivamente. Sin embargo, la mitad del proyecto queda volatilizado apenas seis meses después del anuncio. Ocurre este miércoles. Tras meses de críticas de la oposición contra una medida que podría calentar aún más los precios de la vivienda en la región, el Ejecutivo decide limitar la bonificación a inversiones financieras, y no aclara si recuperará (o no) las inmobiliarias en otro proyecto.

“Esta deducción es exclusiva para inversión en valores”, aclara Rocío Albert, la consejera de Hacienda autonómica, en una rueda de prensa. “No cabe la posibilidad para inmuebles”, subraya sobre un cambio con repercusiones recaudatorias evidentes: si el primer proyecto suponía, en expresión del gobierno, “un ahorro fiscal” de 245 millones en el primer año de vigencia, esta nueva versión actualizada reduce su impacto a 60. De esta manera, la bonificación descartada para la compra de vivienda se valora en unos 185 millones, según documentos oficiales consultados por EL PAÍS.

“En el Pacto por la Vivienda se han incluido deducciones específicas en esta materia”, justifica un portavoz gubernamental, pese a que ese acuerdo, que recoge bonificaciones valoradas en un total de 100 millones de euros, no articula apuestas del calado de la ahora abandonada, ni tampoco diseñadas específicamente para atraer a inversores extranjeros.

La decisión de dar marcha atrás quizás se entienda mejor con el contexto de una frase pronunciada en febrero por Ayuso sobre la política de rebajas fiscales continuadas del PP: “Nuestros márgenes se van complicando”. A ello se añaden los efectos que potencialmente habría tenido la medida sobre el mercado inmobiliario de la Comunidad de Madrid, y de la capital de España, en alza continua.

Hace diez años, se podía alquilar en Madrid una vivienda de 70 metros cuadrados con el 30% del salario, según el portal inmobiliario Fotocasa. Con esa misma cantidad, ahora solo se podría alquilar una de 39 metros cuadrados. La espiral alcista, que incluye que el precio del alquiler haya subido un 12,8% en Madrid en el último año, según Fotocasa, afecta a toda la región: si en febrero de 2014 se pagaban 9,8 euros por metro cuadrado de media en la región, y 11,2 en la capital, según datos del portal inmobiliario Idealista, esas cifras se han disparado ahora hasta su dato récord, 17,1 y 18,9 euros, respectivamente.

“Vemos bien que rectifiquen: desde el minuto uno dijimos que esta deducción era un disparate, que no tenía ningún sentido”, recuerda Juan Lobato, el líder del PSOE en la Comunidad de Madrid. “Lo único que hacía es calentar el mercado de la vivienda”, añade, en referencia a que los inversores venidos de fuera estarían en una posición de ventaja para la compra frente a los que ya estaban en la región. “Lo que nos preocupa a nosotros es la falta de políticas de vivienda [en la Comunidad de Madrid]”, subraya el también senador socialista. “No se resuelve la inversión pública masiva que hace falta para tener cifras de vivienda pública que influyan de verdad en el mercado a la hora de ajustar costes, ni asumen las medidas de la ley de vivienda en las zonas tensionadas [donde se podrían establecer topes al alquiler], ni están haciendo nada”, lamenta Lobato. “El problema es que cada vez el embudo es mayor”.

Esa argumentación es compartida por Más Madrid. “Es una buena noticia que no se haya aprobado la deducción a no residentes”, sostiene el diputado Jorge Moruno, que afirma que esa medida habría reforzado lo que él considera como una apuesta del PP por “mantener altos artificialmente los precios de la vivienda”. Y añade: “Respecto a lo que sí han aprobado y, a falta de conocer más en detalle, todo apunta a que estas deducciones a los compradores de activos financieros, donde seguramente lo inmobiliario tendrá un gran peso, son una forma de regalar los tributos de los madrileños, lo que se traduce en menos dinero para que, por ejemplo, haya residencias de mayores públicas, plazas de FP o pediatras”.

Cuando la presidenta regional, Díaz Ayuso, anunció por primera vez la deducción, en enero de 2023, su prioridad era “contrarrestar” el impuesto estatal a las grandes fortunas, que afecta especialmente a Madrid porque la región tenía bonificado completamente el impuesto al patrimonio desde 2008. Para ello, diseñó una estrategia de doble vía. De un lado, recurrió el nuevo gravamen estatal ante el Tribunal Constitucional, que posteriormente lo avaló. Y por el otro, diseñó esta bonificación para atraer a inversores que residen fuera de España, sean nacionales o extranjeros.

Los cambios decididos ahora en el proyecto redactado originalmente por el ya exconsejero Javier Fernández-Lasquetty dejan tocado de muerte el planteamiento inicial de Díaz Ayuso frente al impuesto a las grandes fortunas, que Madrid recaudará por primera vez este año en el caso de los patrimonios de más de tres millones de euros. Aquel plan fue descrito por la Comunidad de Madrid como “pionero” en la Unión Europa. No salió adelante la pasada legislatura porque el PP no tenía mayoría y Vox se opuso. Meses después, y salvo nueva propuesta todavía sin anunciar, hay un nuevo intento, ya con mayoría absoluta de los conservadores y con el proyecto original recortado.

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