La quiebra de dos centros concertados deja en un limbo a 139 personas con discapacidad intelectual en Pozuelo de Alarcón

Los 139 usuarios con discapacidad intelectual que acuden a los centros concertados Avantos y Almanzor, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), tienen los días contados en su segunda casa. La empresa Servicios Sociales Habilitadores SL, que gestiona ambas instituciones, ha comunicado el cierre para el próximo 31 de mayo, bajo el argumento de insolvencia económica. Aunque el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aclarado que los pagos han sido puntuales, la bancada socialista municipal acusa a la CAM de una disminución paulatina de los precios de cada plaza, lo que ha hecho el sistema insostenible para las prestadoras del servicio. Las autoridades regionales han asegurado que brindarán una solución para las familias, pero, de momento, no han detallado ni a qué instalaciones, ni en qué plazos trasladará a los afectados, para quienes es imprescindible mantener una rutina, dado las patologías que presentan. Algunos usuarios han presentado alteraciones comportamentales por el estrés que les produce la clausura inminente de las instalaciones, donde también duermen varios de ellos. Los 64 trabajadores de los centros temen quedarse sin empleo tras el cierre.

Antonio Sánchez (53 años) acude al centro de Avantos hace más de 35 años. Tiene una discapacidad intelectual del 78%. Su hermano Jose Luis Sánchez ha explicado que “lo mejor para su salud física y mental es una rutina cotidiana que no cambie mucho”. De ahí su preocupación ante el “cambio radical” que implica la adaptación a un nuevo lugar, tras más de tres décadas de adecuación al anterior. Su hermano le pregunta constantemente “si va a dejar de ver a sus amigos”, algo difícil de responder, dado que “la reubicación no va a ser para todos en un mismo centro”, según han explicado a Sánchez las autoridades locales. “Para ellos ese centro es su casa y su familia. La gente tiene mucha incertidumbre”, comenta el hombre. Algunas familias ya han comenzado a padecer los estragos del cierre, dos meses antes del cese de actividades. Hay usuarios que “han entrado en estado de nervios, algunos incluso han dejado de hablar, de relacionarse, están más nerviosos, preguntan constantemente por qué se tiene que ir”, describe Sánchez, a quien le inquietan los casos que considera “más graves”, entre ellos las personas “que viven en el centro, porque sus cuidadores o familiares han fallecido”. Para Sánchez, esta situación es “un desahucio en toda regla”.

Una carta firmada por Alejandra Serrano Fernández, directora general de atención a personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, asegura “la reubicación de todas las personas que se puedan ver afectadas, de forma que no se produzca ningún perjuicio para ellos (sic)”. Pero la tarea no parece nada fácil en un municipio que carece de lugares especializados para personas con discapacidad. Ángel González, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, remarca que al municipio “le faltan centros para poder reubicar [a los usuarios], dado que el Gobierno del PP intenta que esto se cubra con oferta privada y no hay oferta pública”. El temor de los familiares y las personas con discapacidad a que los trasladen a un centro lejano ha aumentado este lunes, tras una reunión con el Gobierno de Pozuelo, en la que “el Ayuntamiento ha confirmado que hay una carencia de estos centros”, según indica una de las personas presentes en la reunión.

EL PAÍS ha pedido reiteradamente a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales más detalles sobre los sitios que habilitarán para trasladar a los afectados, así como los plazos en los que se producirá el cambio, pero ha reusado a brindar más información. La Comunidad se ha limitado a responder que el problema de financiación de Servicios Sociales Habilitadores S.L. es “ajeno” a la Administración, ya que esta ha abonado “siempre en tiempo y forma la financiación de las plazas contratadas con esta entidad″. Sin embargo, el socialista Ángel González ha asegurado que “el problema principal viene porque la CAM está permanentemente apretando a las empresas dentro de la red pública para que bajen los precios, lo que ha hecho que muchas no hayan podido responder a la demanda”. “Lo que están cobrando en la CAM no llega a sostener estas plazas”, subraya. González, que sostiene reuniones periódicas con las empresas del sector, ha afirmado que las plazas en Madrid “se están pagando por un 30% menos de lo que se pagan en la Comunidad Valenciana”, por citar un ejemplo. “Eso motiva que las empresas no puedan sostener este servicio y quiebren, y al final los perjudicados son los beneficiarios de estos servicios”, concluye el concejal, quien aboga por “reforzar las plazas públicas, antes de refugiarse en la oferta privada”.

La desfinanciación que argumenta Servicios Sociales Habilitadores S.L. para suspender el servicio queda de manifiesto en una comunicación que la empresa ha enviado a las familias, en la que se lee: “Pese a los esfuerzos realizados y a los sacrificios económicos asumidos durante los últimos años, hemos llegado a una situación límite que nos impide seguir gestionando los centros de Servicios Sociales Habilitadores. Lamentamos profundamente esta situación de pérdidas reiteradas año tras año que nos han conducido al cierre de los centros”.

No solo las personas con discapacidad se sienten en un limbo por el cierre de los centros, los empleados temen ir al paro después del 31 de mayo. “La empresa va a expulsar a los trabajadores a la calle”, señala Sánchez. El Gobierno regional no ha respondido a EL PAÍS qué pasará con las 64 personas que prestan sus servicios en ambas instalaciones.

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