La crisis de la UCI pediátrica de La Paz deja sin atención en España a casos complejos de trasplantes

Los pasillos de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del hospital de La Paz llevan dos semanas desiertos. Las camas y los ordenadores, inutilizados. Y los calendarios, en blanco. El servicio ―superespecializado y referente en España― cerró el pasado 17 de enero, después de que los 12 médicos del equipo dejaran su puesto (baja o renuncia) a raíz de la reincorporación del jefe, acusado de acoso laboral por más de la mitad de la plantilla y cesado un mes antes. Los niños, ante la falta de personal, han sido trasladados a otras zonas del hospital, como reanimación posquirúrgica, donde los profesionales, sobrecargados, deben atender a sus pacientes habituales y a los trasladados.

Este diario ha hablado con varios jefes de servicio de La Paz y todos relatan que la UCI pediátrica no recibe pacientes desde hace dos semanas y que, a efectos prácticos, es como si estuviera cerrada, aunque el responsable de la unidad continúa yendo. Es el único. “Hay patologías muy específicas que a lo mejor no se pueden sacar adelante. Podemos hacer lo urgente, pero no podemos tener el número de pacientes que teníamos antes. Muchos se están trasladando a otros centros, porque no tenemos camas suficientes para atenderlos”, cuenta uno de los médicos.

La Paz ―el hospital mejor valorado en España―es el único centro de la Comunidad de Madrid que realiza todo tipo de trasplantes pediátricos y es también centro sanitario de referencia nacional (CSUR) para numerosas patologías. Esto significa que varias unidades, incluida la UCI pediátrica, reciben pacientes de todo el territorio que no pueden ser atendidos en otros servicios, debido al alto grado de especialización. “Es el hospital [de España] que agrupa mayor cantidad de enfermos complejos. Trabajar sin una UCI pediátrica es imposible. No es que sea difícil, es que no se puede”, cuenta a EL PAÍS uno de los jefes de otra unidad de pediatría. Por ejemplo, dice, “no hay ninguna UCI pediátrica en todo el territorio nacional que tenga experiencia con trasplante multivisceral” o con el de intestino. Es decir, si un niño de cualquier comunidad autónoma necesita este tipo de cirugía, tiene que acudir a La Paz y, si La Paz no puede hacerse cargo, la cirugía tendrá que esperar.

“Es un centro muy especializado, con una experiencia muy determinada y con un perfil de paciente diferente a otros. Se necesita el expertise que tienen ellos [los médicos que han dejado la unidad] para atender a estos pacientes”, señala otra de las jefas de servicio del área infantil.

Cirugías canceladas

Desde la reincorporación del doctor a cargo y la marcha de los médicos, se han cancelado cirugías y la unidad de reanimación está asumiendo a los pacientes que deberían estar en la UCI pediátrica. “Las cirugías programadas, que no son urgentes, se suspenden para tener disponibilidad de camas para lo que sí es urgente y no se puede posponer. Ayer se rechazó un paciente de Guadalajara. No podemos atenderlos. No tenemos capacidad. Hemos pasado de tener 29 camas [las de intensivos más las de reanimación] a tener 9 [solo reanimación]”, indica un tercer médico. Por su parte, la Consejería de Sanidad dice que por el momento “todo se está absorbiendo en el propio centro” y que “en caso de necesidad se puede derivar a otros centros sanitarios sin problema”.

Los médicos consultados relatan que son los anestesistas del área de reanimación quienes se están haciendo cargo de los pacientes críticos. “Son pacientes crónicos, en su gran mayoría, que hoy están bien y mañana no. Los anestesistas están dejando siempre al menos una cama libre para poder atender a estos pacientes que sabemos que se pueden desestabilizar. Es una carga extra de trabajo enorme. Ellos han tenido durante los meses de octubre, noviembre y diciembre un 40% más de trabajo del habitual. Es una barbaridad”, explica uno de los facultativos.

“Después está el programa de trasplante. La UCI pediátrica llevaba todo el posoperatorio y [ahora] está prácticamente parado. La mayoría de especialidades no están haciendo trasplantes pediátricos y las pocas que están haciendo trasplantes, por ejemplo, urología pediátrica, están haciendo trasplantes a los niños más mayores que tienen en lista de espera, porque ya directamente los llevan a unidades de adultos, que tampoco están especializadas en su manejo”, narra otro profesional.

La abogada de los médicos denunciantes, Silvia Moya, y otros profesionales del centro aseguran que se han lanzado ofertas de trabajo para cubrir los puestos, pero todas sin éxito. “Nadie quiere trabajar con este jefe”, señala uno de los responsables de otra unidad. La Consejería de Sanidad no confirma si esto es así y alude a que la situación está judicializada y prefieren esperar a que se resuelva para explicarlo.

“El hospital está unido”, comenta un jefe de servicio de La Paz, porque, añade, el cierre de la UCI afecta a todas las áreas pediátricas. “Nuestros servicios, nuestros pacientes, los pacientes de toda España. Encima te ven los vecinos en la puerta y te preguntan que por qué es la huelga. Esto no es una huelga”. El profesional considera que la administración no ha protegido ni a trabajadores ni a pacientes: “¿Cómo una sentencia judicial puede paralizar un hospital con un papel de nodo dentro de la sanidad española? Los tiempos con los que funciona la justicia no son compatibles con el tiempo de la enfermedad. En 50 años La Paz nunca ha dicho que no a nadie. Si no había camas, se buscaban donde fuera”.

En las últimas dos semanas, más de 30 jefes de servicio de otras unidades de La Paz, residentes, la Junta de Personal del centro, y profesionales de otros hospitales de España han publicado comunicados de apoyo a los médicos de la UCI. El último, firmado por 90 intensivistas pediátricos de todo el territorio y donde piden a la gerencia de La Paz y la Comunidad de Madrid que “tomen medidas urgentes” para garantizar la asistencia de los pacientes y un “entorno de trabajo seguro para los pacientes y los profesionales”.

Tres años de conflicto

En agosto de 2020, seis médicos de la UCI pediátrica pidieron que se activara el protocolo de conflictos internos por el supuesto acoso laboral del jefe de servicio, en el cargo desde 2013. Tras meses de investigación, recursos humanos recomendó el cese del doctor. También se le abrió un expediente disciplinario con una sanción de ocho meses de suspensión de funciones por falta grave, que no se ha hecho efectivo. El jefe recurrió el cese, que fue revocado por sentencia judicial el pasado febrero porque el juez concluyó que “no se estaba ante [un caso de] acoso laboral”. En septiembre el doctor se reincorporó y los profesionales fueron dejando poco a poco el equipo ―por renuncia aquellos con contrato temporal y de baja el resto― hasta que la gerencia del centro cesó por segunda vez al doctor. Volvió a recurrir y con su reincorporación todos los médicos de la unidad abandonaron el servicio.

“Tras el protocolo de conflictos, [el jefe] inició dos procedimientos judiciales [contra el cese], uno por la vía de los derechos fundamentales, que fue desestimado, y el ordinario”, indica Moya. En este segundo proceso entra la sentencia que obligó a readmitirlo y está pendiente que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) lo resuelva este miércoles. Mientras tanto, la unidad sigue vacía. Ante esta situación, ¿puede hacer algo la gerencia de La Paz?

Según la abogada, nada. “Ahora mismo está cumpliendo un mandato judicial y no puede cesarle como jefe”, explica por teléfono. “La única posibilidad es que el TSJM desbloquee la situación y revoque la primera sentencia”, añade. Otra de las posibilidades, comenta, es que se cumpla la suspensión de ocho meses que dictó el expediente disciplinario abierto al doctor poco después del primer cese. “Pero también lo recurrirá al TSJM y se va a demorar absolutamente todo”. Una tercera opción, apunta Moya, sería la pérdida de la plaza como consecuencia de una sanción disciplinaria. Esto se da si el trabajador comete una falta tipificada de muy grave, por ejemplo: discriminación; abandono del servicio; publicación indebida de secretos oficiales; o haber sido sancionado con tres faltas graves en un período de un año, entre otros.

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