Ayuso abre una guerra del agua “sin fundamento”, según los ecologistas, el mismo día que Andalucía firma la paz por Doñana

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, anunció este lunes la interposición de una demanda contra el plan hidrográfico del Tajo que en realidad el Canal de Isabel II ya había registrado hace más de 50 días, el 4 de octubre. Al hacerlo, la baronesa conservadora no solo se sumó a la guerra del agua, como avanzó EL PAÍS en marzo. También logró marcar perfil propio y acaparar titulares casi a la misma hora que su compañero en el PP y presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE), firmaban la paz y presentaban una solución conjunta para acabar con la sobreexplotación de los regadíos del entorno del parque de Doñana. Tras escuchar cómo Díaz Ayuso calificaba el plan para el Tajo de “mezquino e inhumano”, con el argumento de que “pone en riesgo el abastecimiento de agua de casi siete millones de personas”, Ribera afirmó que la única intención de la baronesa era “crear polémica”. En paralelo, múltiples asociaciones ecologistas alertaron de que una demanda así carece de “fundamento jurídico ni técnico”; y puede provocar “una alarma social del todo injustificada”, pues el abastecimiento está garantizado.

“La obsesión de Sánchez con Madrid no tiene límites”, dijo Díaz Ayuso. “Ahora pretende que esta región se rinda por sed”, acusó. “Ha aprobado un real decreto que pone en riesgo el abastecimiento de agua de casi siete millones de personas”, añadió sobre un plan que vio la luz verde en enero, que estará vigente hasta 2027, y que fija por primera vez un caudal mínimo para el Tajo, como exigían cinco sentencias del Supremo, la normativa europea y la Ley de Aguas desde hace 22 años. “Ha diseñado un plan para sitiar Madrid, que no se doblega ante sus atropellos”, insistió Díaz Ayuso, que considera que el plan fija los valores del caudal mínimo a su paso por Aranjuez de forma injustificada, sin tomar en consideración la singularidad de las masas de agua a las que afecta, y obligando al Canal a obtener una autorización previa del Estado para los trasvases. Y remató: “No hay nada peor que el pretender racionar el agua a siete millones de personas. Cuando piensas que Sánchez ya ha dado lo peor de sí mismo, siempre nos sorprende con una nueva”.

Esas afirmaciones fueron contestadas inmediatamente por la ministra Ribera desde Huelva. “Hay responsables políticos que intentan trabajar sobre la base del acuerdo y hay otros a los que les gusta generar polémica e irritar a la gente”, contrapuso la ministra, cuyo departamento amplió luego que el nuevo plan no modifica el volumen concesional existente para el abastecimiento a las poblaciones de la Comunidad de Madrid, ni afecta a la garantía del mismo. “Esta señora demuestra una vez más que probablemente piensa más en otro tipo de cosas que no en el interés de los madrileños, sino en la generación de nuevos problemas”.

El núcleo del conflicto está en el embalse de Valmayor que, con una capacidad de 124,4 hectómetros cúbicos de agua, es el segundo más importante de la Comunidad de Madrid. De él dependen para beber 1,7 millones de madrileños, el 25% de la población, según el Gobierno regional. Y la nueva regulación condiciona a una autorización previa del Estado que el embalse pueda recibir agua del río Alberche, a través del trasvase San Juan-Valmayor. Ese condicionamiento, recuerdan en el Gobierno central, está amparado por la Ley del Plan Hidrológico Nacional.

Así, la abogacía del Estado precisa en sus alegaciones ante el Supremo que, en su opinión, “el régimen establecido no afecta a la garantía de satisfacción de las demandas del Canal de Isabel II”; que los caudales ecológicos se ajustan a la normativa vigente; que “su eliminación provocaría efectos ambientales y/o socioeconómicos indeseables, que afectarían a todas las masas de agua de la cuenca”; y que el Canal tiene recursos económicos suficientes para acometer los cambios a los que le obliga el nuevo sistema, pues reparte beneficios anualmente entre sus accionistas.

Con más contundencia incluso se expresaron múltiples organizaciones ecologistas, entre ellas Ecologistas en Acción, en un comunicado conjunto recogido por EFE.

“El Plan Hidrológico garantiza del abastecimiento de la Comunidad de Madrid (al igual que del resto de poblaciones de la cuenca) como así marca la legislación de aguas. El abastecimiento a poblaciones es el uso prioritario frente al resto de usos, según la Ley de Aguas”, aseguraron. En esta línea, explicaron que la demanda urbana de las poblaciones abastecidas por el Canal de Isabel II está situada en 510,3 hm3/año, mientras que las presas gestionadas por el Canal de Isabel II tienen un volumen de embalsamiento de 943,6 hm3/año. Y para los trasvases, explicaron, “se establece que el titular del derecho debe pedir una autorización mensual”. “Este trámite administrativo es común a todos los titulares de estos derechos y no únicamente aplicable al Canal de Isabel II”, recordaron. “Por otro lado, supone un trámite lógico y normal que un titular de un derecho de aprovechamiento tenga que solicitar autorización al órgano designado por la ley para la gestión del Dominio Público Hidráulico”.

Para los rivales políticos de Díaz Ayuso no pasó desapercibido el día elegido para anunciar que Madrid se suma a la guerra del agua, un pulso en el que llevan enzarzados desde hace años las regiones de Castilla-La Mancha ―donde se capta el agua―, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia ―donde se recibe, y que también han anunciado su recurso ante el Supremo―.

“Coincidiendo con el acuerdo entre el presidente de Andalucía, del PP, y el Gobierno de España, del PSOE, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, siempre a lo suyo”, criticó Juan Lobato, el líder de los socialistas madrileños. “Esto es el PP de Madrid, esto es Ayuso, aprovechar cualquier cosa para atacar no ya al gobierno de España, sino al PP y al señor Feijóo”, siguió durante una rueda de prensa en la Asamblea de Madrid. “El plan se aprueba en enero, y once meses después, el mismo día que Moreno Bonilla pacta con Ribera una posible solución al agua en Doñana, a Ayuso se le ocurre decir que el Gobierno de España ahoga a Madrid”, lamentó. “¡Precisamente hoy!”, subrayó.

Una tesis que también defendieron desde el Gobierno de la Nación, donde los choques con la administración madrileña son constantes desde agosto de 2019, cuando Díaz Ayuso accedió al poder.

“Se da la circunstancia de que el Canal Isabel II presentó su recurso [contencioso-administrativo, que es previo a la demanda] en abril, pero la Comunidad de Madrid lo anuncia este lunes, justo el día de la firma del Acuerdo de Doñana entre Juanma Moreno Bonilla y Teresa Ribera”, destacaron en el Ministerio para a Transición Ecológica.

Con el PP centrado en los cambios internos que va oficializando a cuentagotas su líder, Alberto Núñez Feijóo, el entorno de Díaz Ayuso aseguró que el solapamiento de anuncios fue “pura coincidencia”. También que no hay vínculo alguno entre el pacto con el PSOE y las acusaciones de la baronesa de que el plan del Tajo sea “mezquino e inhumano” o de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponga “en riesgo el abastecimiento de agua de casi siete millones de personas”.

“Lo de Doñana es pura coincidencia”, aseguró un portavoz del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Se ha decidido contarlo ahora”, siguió. “Es una decisión interna”.

En la misma línea se manifestó Díaz Ayuso casi a medianoche, durante una entrevista en 13TV. “Yo no tenía ni idea [del acto de Doñana]”, dijo. “De que van a intentar dividirnos entre comunidades del PP no tengo duda. Pero no nos van a encontrar en eso. Estamos organizados entorno al presidente Núñez Feijóo”.

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