Madrid prepara una ofensiva legal contra 10.000 inquilinos morosos y okupas de pisos públicos

La Comunidad de Madrid está dispuesta a gastarse casi un millón de euros en externalizar a un despacho de abogados la ofensiva legal para recuperar parte de los más de 65 millones de euros de deuda que le ha generado a la Agencia de Vivienda Social (AVS) que haya 8.000 inquilinos morosos y 2.000 okupas de viviendas y locales. Así consta en un contrato para el periodo 2023-2026 publicado en el portal de transparencia regional tras una decisión adoptada a mediados de marzo de 2021 por el consejo de Gobierno regional, que preside Isabel Díaz Ayuso. Aunque la Administración asegura que ofrece flexibilidad en los pagos a las familias vulnerables, y que quiere agotar todas las vías extrajudiciales para lograr el cobro, también sostiene que la externalización de la ofensiva legal le permitirá “reducir significativamente la morosidad de inquilinos y el número de ocupantes ilegales”. Los expedientes judiciales a iniciar afectarían, potencialmente y según datos del propio contrato, a más de 10.000 inmuebles de los 45.982 de los que dispone la AVS entre viviendas (23.156), plazas de garaje (19.232), locales (1.326) y trasteros (2.268). Es decir, un 22% del total.

“Uno de los objetivos fundamentales perseguidos por la Agencia es la lucha contra la morosidad, esencial para la eficiente utilización de los recursos públicos en aras al objetivo de proporcionar vivienda pública al mayor número posible de beneficiarios y cumplir con su labor social”, se lee en el contrato, que resalta la voluntad de dar facilidades de pago, que hay procedimientos para adaptar la renta a los ingresos de los arrendatarios y que el desahucio es “la última alternativa”.

Y se subraya: “La situación de morosidad en arrendamiento, en el momento presente, supone la posibilidad de iniciar procesos judiciales contra más 8.000 deudores, con una cifra de deuda superior a los 65 millones de euros, así como la existencia de más de 2.000 locales y viviendas ocupadas, por lo que resulta imprescindible la adopción de medidas en orden a la reducción de la deuda”.

Un portavoz gubernamental defiende que “la Comunidad de Madrid vela por su patrimonio público, sobre todo el social, para garantizar que en las viviendas de protección habiten las personas que realmente lo necesitan”. Y añade: “Tenemos además la obligación legal de reclamar las deudas para evitar su prescripción”.

Desde 2019, la okupación ha sido uno de los temas que el PP ha luchado por introducir en la agenda política regional. Así, tras las elecciones de hace cuatro años se creó una mesa de coordinación entre el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno regional. También, una Oficina antiokupación autonómica. O un teléfono 112 antiokupación que apenas recibió en sus primeros meses de vida seis llamadas diarias, pudiendo ser todas ellas de la misma persona, según datos obtenidos en aplicación de la ley de transparencia.

El paso del tiempo, que debería haber facilitado que las dos administraciones solucionara al menos en parte el problema, no ha propiciado un cambio de discurso. Por ejemplo, el pasado viernes José Luis Martínez Almeida prometió que si revalida el cargo de alcalde no se podrá empadronar en la capital “ningún okupa”, que solicitará al Gobierno de España una modificación legal para no cobrar el IBI a los dueños de las viviendas okupadas ilegalmente (a los que la Comunidad exime del pago del agua) y que Madrid continuará siendo “mascarón de proa contra la okupación”.

Esa ristra de promesas soslaya que al menos la mitad de los inmuebles okupados de la región son propiedad de la Administración, y por lo tanto responsabilidad suya, según se detalla en el contrato de representación legal que licita ahora la Comunidad.

Así, en Madrid hay unas 4.300 viviendas okupadas dentro de un parque de 3,5 millones. Y de esas, 2.108, el 50%, son de la Comunidad de Madrid a través de la AVS, según cifras proporcionadas por el Ejecutivo. Esas cifras permiten plantear que el supuesto problema ciudadano es en realidad un problema del Gobierno. De hecho, como el Ejecutivo regional es la principal víctima de okupaciones en la región, ha tomado decisiones para limitar el fenómeno: por ejemplo, en 2021 decidió gastarse 200.000 euros en puertas antivandálicas y alarmas “a fin de evitar la okupación” de 257 viviendas vacías de su propiedad. Por su parte, el gobierno capitalino, también del PP, se gastó 1,4 millones hasta 2022 en un contrato para proteger los solares municipales.

Así justifica ahora la Comunidad su decisión de contratar a un despacho de abogados para solucionar los problemas de la AVS con inquilinos y okupas.

“Pone de manifiesto ante la ciudadanía, de una parte el compromiso de la Agencia para exigir el cumplimiento de sus obligaciones a los inquilinos, poniendo en valor el comportamiento de aquellos que pagan rigurosamente sus recibos”, se lee en el contrato. “Y de otra, el compromiso de reducir significativamente la ocupaciones ilegales, que no solo implican un enorme deterioro del patrimonio de este organismo con un gasto extra derivado de enganches ilegales y comportamientos indebidos, sino que también conlleva una situación anómala, cuyos principales perjudicados son los restantes inquilinos, que ven alterada en muchas ocasiones la pacífica posesión de sus inmuebles y la conservación y disfrute de las instalaciones comunes de las promociones”.

Cuatro años después de su llegada al poder, el Gobierno de Díaz Ayuso se prepara para una ofensiva legal contra inquilinos morosos, compradores que no han cumplido con sus compromisos, y okupas de inmuebles públicos.

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