Ayuso rectifica y sube hasta 63.000 euros más las indemnizaciones por las casas destruidas por el Metro en San Fernando de Henares

Las protestas de los vecinos de San Fernando de Henares (40.000 habitantes) han logrado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rectifique y ordene que se les indemnice con entre 10.000 y 63.000 euros más de los ya ofrecidos como compensación porque sus casas hayan sido derribadas como consecuencia de la llegada de la línea 7B de Metro a la localidad. El Ejecutivo había ofrecido de 136.000 a 355.000 euros a los vecinos por sus viviendas y de 10.000 a 33.000 euros por sus garajes, una oferta de indemnización de siete millones en total a los primeros afectados que había sido mayoritariamente rechazada. En el municipio ya se han demolido 27 viviendas, otras tantas están a un paso de seguir el mismo camino, para un total de 54, y más de 150 vecinos de 81 familias han tenido que abandonar sus hogares en algún momento desde 2021 por las grietas, roturas y desperfectos que han aparecido en sus edificios.

“No dejamos de buscar cómo mejorar la vida de los mayores, que es lo mismo que hacemos con los afectados de la línea 7B de Metro”, ha dicho Ayuso durante una intervención en la Asamblea de Madrid. “De hecho, me comprometí con ellos a darles el máximo legal permitido [como indemnización] y los servicios jurídicos han encontrado la posibilidad de incrementar las indemnizaciones en entre 10.000 y 63.000 euros por vivienda, atendiendo al daño moral por conviviente”, ha seguido, sin detallar qué mecanismo nuevo se aplicará. Y ha rematado: “Esta misma mañana he ordenado a la consejería que llame uno a uno a los afectados para explicarles la nueva situación, que les es tan favorable”.

“Por lo menos en la última reunión que mantuvimos nos escucharon”, dice Juan Fuentes, uno de los afectados, que es presidente de la Asociación Presa–Rafael Alberti. “Allí les propusimos, tal cual, incrementar las indemnizaciones de daño moral, que eran discriminatorias”, recuerda, en referencia a que cada conviviente recibía una indemnización distinta. “Ahora bien, aún no sabemos de qué cantidad están hablando por persona”.

“Acogemos este anuncio con mucha cautela”, ha coincidido Alejandro Escribano, de la Plataforma de Afectados de la Línea 7B del Metro (PAML7B). “Querríamos saber cuáles son los márgenes legales que regulan estas cuantías, porque no existen”, ha seguido. “El dinero es absolutamente insuficiente para que las familias recuperemos lo que teníamos, y que se repare de forma integral el daño que se ha hecho”, ha añadido.

El origen del conflicto se remonta a 2007, cuando las obras impulsadas por el gobierno de Esperanza Aguirre facilitaron que el agua entrara en contacto con la sal que entreveraba el terreno, disolviéndola. Como consecuencia, cambió el subsuelo, los edificios perdieron pie, y comenzaron a aparecer grietas como acantilados, ruidos fantasmales, vibraciones como pequeños terremotos, ventanas que no se abrían y puertas que no se cerraban. De que esos sufrimientos no se indemnizaban con lo que ofrecía la Comunidad dan fe las aceptaciones de sus ofertas: apenas se habían firmado las de dos viviendas, un inquilino y 15 garajes.

Con las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo ya en el horizonte, la crisis de San Fernando es una auténtica china en el zapato del PP, que ha visto cómo la crisis se agrava a toda velocidad. Mientras el Gobierno inyecta hormigón en 10.000 metros cuadrados de la zona para intentar asentar el subsuelo, continúan las demoliciones de edificios públicos y viviendas. Los vecinos que aún mantienen sus hogares viven entre los ruidos de las obras, y casi confinados por las inmensas vayas metálicas que delimitan la zona de intervención. Peor es la situación de los que han perdido sus casas, y que ahora luchan por una indemnización digna que compense un problema con el que nada tienen que ver: el metro llegó, y con el tiempo se llevó por delante sus casas.

“Se demuestra una vez más que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha mentido”, ha dicho Javier Corpa, el alcalde de la localidad, del PSOE. “Nos hablaban de que el tope legal era más bajo del que están planteando en estos momentos y, por lo tanto, la presidenta mintió, especialmente a los afectados”, ha seguido. “Demandamos un plan integral que ordenen todo el problema que han generado, realojos voluntarios a los vecinos que viven cerca de las obras, una ley para que los desalojados puedan vivir dignamente... en definitiva, pedimos respeto”, ha añadido. Y ha prometido: “Vamos a seguir en la pelea, porque estamos hablando de la dignidad del pueblo de San Fernando de Henares”.

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