Los contratos de emergencia no valen para todas las urgencias. Esto es lo que concluye la Cámara de Cuentas de Madrid tras analizar, por exigencia de Vox, los gastos en los que incurrió el Gobierno autonómico para atender la crisis abierta por la llegada de miles de menores extranjeros no acompañados a la región entre 2018 y 2021. El ente fiscalizador retrata un sistema “desbordado” y “sobreocupado” por la “afluencia masiva” de migrantes, que pasó de 848 en 2017 a 1.577 en 2018, una progresión al alza que se mantuvo en los años posteriores y que llevó a “que la atención no fuera la más adecuada”. Para paliar el problema, la Administración recurrió a contratos de emergencia. Un error, según la Cámara de Cuentas: aunque el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso cumplió el objetivo de atajar la crisis, lo hizo sin que esa posibilidad esté reflejada en la ley de contratos del sector público.

“Se propone introducir una reforma en el artículo 120.1 LCSP para contemplar la ‘emergencia social’, ‘la seguridad de los menores’ o ‘la protección de los derechos fundamentales de las personas’ entre las circunstancias habilitantes de la contratación de emergencia para facilitar las contrataciones en estos casos de imperiosa urgencia en que no es posible recurrir a alguno de los procedimientos de contratación previstos en la legislación de contratos del Sector Público”, concluye el balance del organismo fiscalizador. Y recalca: “La situación de emergencia que acredita el órgano de contratación como causa de la inmediatez de las actuaciones, no está contemplada entre las circunstancias que se enumeran como habilitantes de este tipo de contratación”.

Entre 2019 y 2021, Madrid firmó una treintena de contratos para alojar a los migrantes, por un total de 30.126.952,17 euros, según el informe. De ellos, 17.714.286,75 euros se invirtieron en crear 478 plazas de emergencia entre 2019 y 2021 para el acogimiento de los menores no acompañados que llegaron a la región. Aunque el Gobierno satisfizo el objetivo de proteger y amparar a los migrantes, según la Cámara de Cuentas, tardó mucho tiempo. “El periodo de contratación de todos los expedientes ha sido muy dilatado”, recalca, para ejemplificarlo así: “Los tiempos medios totales de los procedimientos de contratación, desde la fecha de la orden de aprobación del expediente de contratación hasta la formalización del contrato, fueron 167 días y, desde el impulso de las actuaciones con la Memoria de la necesidad de la contratación, de 286 días”. Una razón más para buscar flexibilidad en estas contrataciones.

Una exigencia de la extrema derecha

La auditoría del sistema de acogida a los niños migrantes es el resultado de la entrada de la extrema derecha a la Asamblea de Madrid. Tras llegar por primera vez al poder, en agosto de 2019, Ayuso acumuló dos años sin siquiera presentar un proyecto de presupuestos. A la tercera fue la vencida: en 2021 presentó un acuerdo con Vox para aprobar las cuentas públicas de 2022. Pero el pacto tenía contrapartidas. Entre ellas, auditar lo que se gasta el Gobierno regional en atender a estos menores que pasan por la región. Solo en un mínimo porcentaje optan por echar raíces en ella.

El partido de extrema derecha hizo del gasto en esta partida una de sus banderas en la última campaña electoral autonómica, celebrada en mayo de 2021. Entonces incluso empapeló las paredes del metro con carteles que lo comparaba con el gasto en pensiones. El informe de la Cámara de Cuentas desagrega lo que cuesta cada plaza creada para atender a menores extranjeros no acompañados con el ejemplo de tres contratos distintos. El desembolso, que incluye alojamiento, manutención, y personal a cargo, varía de 140,58 euros a 192,10 al día, y dejar un beneficio a las entidades prestatarias de entre 7,23 y 9,88 euros diarios. Los menores contarán con ese apoyo entre los 12 años y el día inmediatamente anterior a que cumplan los 18.

Las condiciones del principal contrato obligan a que ese dinero financie un alojamiento adecuado para los menores, su limpieza, manutención con cuatro comidas diarias que respeten las creencias religiosas y culturales de los acogidos, suministro de ropa y material de aseo, ciertos gastos médicos —gafas, sillas de ruedas, prótesis, apoyos como rodilleras, odontología y ortodoncia—, o su escolarización.

Además, los pisos o chalets de acogida no podrán superar las 14 plazas y tendrán una plantilla compuesta por al menos seis educadores (dos de ellos de noche y uno al 50%); cuatro auxiliares técnicos educativos con jornada completa (dos de ellos de noche); dos mediadores interculturales con jornada completa; y personal que realice las tareas de cocina, limpieza y lavandería. Finalmente, las entidades adjudicatarias facilitarán la comunicación de niños y adolescentes con sus familias para informarlas sobre la situación y evolución del menor, y obtener la documentación necesaria para regularizar su situación en España.

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