Solo el 37% de los menores migrantes de 2018 se quedaron en la Comunidad
Un informe gubernamental explicita que la mayoría de niños y adolescentes están de paso
El aumento de las llegadas de menores migrantes a la Comunidad, que rondará las 3.000 en 2019, según cálculos del Ejecutivo, no se está traduciendo en que todos se establezcan en la región. Así, el Gobierno declaró "en tránsito" a 995 de los 1.577 que registró en su sistema de acogida en 2018 (el 63%, por el 37% que se quedó). "Prosiguieron su itinerario migratorio", dice un documento al que accedió EL PAÍS; "y exclusivamente mantuvieron una estancia provisional en los centros de primera acogida a modo de tránsito hacia otras Comunidades u otros países".
Todo empieza con un móvil, según cuentan quienes trabajan con los niños y adolescentes que se hacinan en el centro de Hortaleza. El teléfono permite a los migrantes mantener el contacto con sus amigos, acceder a las redes sociales, y enterarse de dónde está cada uno. Es una suerte de radio macuto en la que también se transmite la apertura de nuevas plazas de atención en otros lugares. Puede ser en Bilbao, o en Barcelona. Da igual que haya que viajar a Francia o Alemania. Las distancias no asustan a estos niños, que en la mayoría de los casos se jugaron la vida en el estrecho.
Los expertos le dicen "supervivencia" o "probar suerte". Una fuente del centro de primera acogida de Hortaleza lo define como "turismo institucional", y enumera los destinos más frecuentes: "Todos ruedan por La Línea, Sevilla, Granada, Madrid, Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Francia, Alemania, Suecia...". Para el fiscal de Sala Coordinador de Menores, Javier Huete, el problema es otro.
"Existe una interlocución interna entre los propios menores y ciertas organizaciones clandestinas que les posibilitan su entrada y asentamiento en España", expresó el miércoles a través de un comunicado emitido con motivo del Día Universal del Niño. "Ello provoca que, cada vez que se crea un nuevo recurso, inmediatamente aparece un número mayor de menores solicitando su inmediato ingreso en el mismo, siguió. "Todo ello se traduce en un agravamiento general de la escasez de medios autonómicos disponibles para abordar la protección de los menores y está generando un malestar social que, además, se une al peligro potencial de abocar a dichos menores a la delincuencia y la marginalidad como medio de subsistencia".
A 20 de mayo de 2019, el 25% de los menores registrados en la Comunidad habían sido declarados en tránsito (192 de 775). El ligero descenso estadístico con respecto a todo 2018 reflejó la situación previa al verano, la época de mayor movilidad entre los migrantes, según un documento de la dirección general de la familia y el menor. También, los problemas a los que se enfrenta la Administración: las previsiones del Gobierno son que este año pasen por la región hasta 3.000 niños y adolescentes no acompañados. Sería el récord.
Este es su perfil, según explicó Ana Sastre, directora general de Infancia, Familias y Natalidad en una comparecencia parlamentaria.
"Varones, suelen tener bastantes hermanos, proceden en la mayoría de los casos de Marruecos, la edad media se sitúa alrededor de los 16 años, presentan una madurez mayor a la que les corresponde por su edad cronológica, normalmente mantienen una relación periódica con su familia de origen, muestran deseos de mejorar su situación personal y familiar, y su proyecto migratorio es generalmente muy claro: conseguir la documentación y trabajar lo más pronto posible", resumió.
En 2018, la mayoría de los menores llegaron a Madrid tras arribar a la Península por el estrecho. 1.007 eran de Marruecos y 202 pertenecían a 8 países del Cinturón de Sudán (Ghana, Costa de Marfil, Camerún, Guinea, Mali, Senegal, Nigeria y R. Congo).
Aunque la mayoría pasaron por el centro de acogida de Hortaleza, luego se les derivó a vivir en recursos repartidos por toda la Comunidad: sus residencias están radicadas en 12 distritos de la capital y 20 municipios de la región.
Reuniones con Marruecos
En paralelo, el Gobierno regional de Ángel Garrido mantuvo contactos con el nacional y el de Marruecos para estudiar posibles reunificaciones familiares repatriando a menores a su país, como adelantó EL PAÍS. Fuentes del actual Ejecutivo, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, aseguran que esas citas no se han vuelto a repetir y detallan que el número de menores declarados en tránsito en lo que va de 2019 es de 410.
"Se han llevado actuaciones en colaboración con la Administración del Estado y el Gobierno de Marruecos para valorar la posibilidad de realizar repatriaciones garantizando siempre el principio de interés superior del menor", se lee en un texto gubernamental de mayo, con el anterior Gobierno aún en el poder. "Esta medida excepcional basada en el grave peligro que se ha descrito en el presente documento, se propone como última ratio", añade tras detallar los problemas que afrontan los migrantes.
Por ejemplo, la "sobreocupación" de los centros. O los educadores "desbordados". O las "reticencias y trabas" a acogerles por parte de distintos municipios madrileños por la "alarma social" generada.
En esa lista, sin embargo, no se recoge uno de los principales escollos para la integración de los menores. Los partidos no logran siquiera sentarse en la misma mesa para buscar una solución consensuada a la llegada de niños y adolescentes que arriesgan su vida en búsqueda de un futuro mejor y solo se encuentran instalaciones desbordadas, trabajadores agotados y una minoría de vecinos que piden su marcha.
¿Hacia un nuevo centro de menores?
El aumento de llegadas de menores, los roces con los vecinos que viven cerca de los centros de acogida, y el temor a que los migrantes caigan en manos de mafias o redes terroristas, explicitados en un documento gubernamental, llevaron al Ejecutivo de Pedro Rollán —que era presidente en funciones— a plantearse la creación de una nueva gran instalación de acogida. El nuevo Gobierno, presidido por Isabel Díaz Ayuso, aún no las ha detallado las soluciones en las que trabaja, pero no parece proclive a una nueva infraestructura.
"El modelo ideal de atención es el de unidades residenciales de entre 8 y 12 menores distribuidos a lo largo de todo el territorio de la Comunidad de Madrid (...) pero la puesta en marcha de un centro de acogida de mayor tamaño frente a módulos convivenciales de menor tamaño y que atienda especialmente la acogida inicial, es clave ante la situación de sobreocupación", se lee en un documento gubernamental de mayo.
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