El colegio de Rivas-Vaciamadrid que el Gobierno de Ayuso no quiere pagar

“Es el colmo de los agravios contra Rivas-Vaciamadrid y contra el derecho a la educación de sus niños”, sentencia Aída Castillejo (IU), la alcaldesa de esta localidad del este de la Comunidad de Madrid, de 93.000 habitantes, más de 20.000 de ellos en edad escolar. Se le agotan los calificativos para describir lo sucedido con el colegio La Luna, desde el más suave de “sorprendente” a los más duros como “indignante” y “sangrante”. “Se niegan a cumplir el convenio, no nos pagan, no terminan la segunda fase, tienen a los niños en barracones y con recreos en los pasillos y, encima, nos demandan”, resume la cuestión. El sujeto de la frase no es una empresa incumplidora, sino la Comunidad de Madrid.

La Luna es un centro de infantil, primaria y secundaria con más de 700 alumnos que construyó hace cinco años el Ayuntamiento en el barrio homónimo, situado en el oeste de la ciudad, con 22.000 habitantes, en su mayoría parejas en la treintena, y donde hasta entonces solo había un colegio concertado. Aunque las competencias en educación son de la Comunidad, el Consistorio decidió asumir ese “gasto impropio” dadas las demandas de las familias y las carestías del municipio, con el compromiso por escrito de que estas cantidades le serían devueltas. Tras la firma de un convenio con el Gobierno regional en noviembre de 2016, el Ayuntamiento puso la parcela y adelantó el dinero de la obra, que comenzó en marzo y acabó en tiempo y forma, en apenas seis meses. “Fue el único colegio construido con los medios de un municipio en 2017 y el único que la Comunidad pudo inaugurar el curso 2017-2018, los demás iban con retraso”, presume la alcaldesa, que relevó el pasado julio al exregidor Pedro del Cura tras cumplir este sus ocho años de mandato. No es el único caso: Rivas edificó otros 10 centros entre 1990 y 2010 y ha pedido seguir haciéndolos, “pero la respuesta es no”.

El acuerdo, firmado entre Del Cura y el entonces consejero de Educación, Rafael van Grieken, establecía que Rivas asumiera la primera fase de las obras ―seis aulas de infantil y nueve de primaria, espacios administrativos, aula de acogida y usos múltiples, un aula de informática y otra de música, comedor, cocina, patios de infantil y una pista polideportiva exterior― y la dotación de equipamientos y mobiliario. En el documento figura que el coste total sería de un máximo de 5.145.175,66 euros y establecía un calendario de pagos en dos plazos ―3.087.105,40 euros en 2017 y 2.058.070,26 euros en 2018―, así como que la segunda fase ―nueve aulas de infantil, 18 de primaria y 12 de la ESO―, correría a cargo del Gobierno regional. Finalmente, según detalla el concejal de Hacienda, Manuel Castro, Rivas gastó 5.089.675,01, de los que la Comunidad pagó una parte, “2.058.070,26 euros en 2018 y 1.206.336,59 en 2019″.

Una vez superados todos los plazos y como “no había manera de que la Comunidad devolviera los 1.825.268,16 euros pendientes”, explica Castro, el Ayuntamiento recurrió a una cláusula contemplada en el convenio, que establece que “en caso de que exista deuda vencida, el pago se efectuará por compensación”, en este caso a través de la tasa de cobertura del servicio de extinción de incendios. “En diciembre del año pasado iniciamos el expediente de compensación a cuenta de los dos semestres de esta tasa que Rivas paga a la Comunidad y este enero se lo notificamos”, relata el concejal. “Pero la Comunidad no quiere pagar: no reconoció la deuda y presentó en febrero un recurso de reposición. Fue desestimado por silencio administrativo y, ahora, han ido al Contencioso-administrativo”, añade. El recurso les fue notificado, ante su “sorpresa”, el pasado 14 de octubre.

“Cuando nos llegó la notificación, pensábamos hasta que había sido un error, no nos podíamos creer que, además de no pagar, nos llevaran a los tribunales. ¡Si está todo perfectamente recogido en el convenio, con el visto bueno de los interventores de las dos partes!”, se echa las manos a la cabeza la alcaldesa, que tilda lo sucedido de “incomprensible”. Castillejo, que considera la demanda “un acto de mala fe”, pide diálogo a la Comunidad y que le aclare, si no le convence la vía de la compensación, de qué forma y cuándo piensa pagar.

Por su parte, el Gobierno regional niega que exista deuda alguna que saldar. En un correo electrónico, una portavoz de Educación sostiene que la Comunidad “ha abonado todas las anualidades correspondientes a la ejecución de la primera fase y cumplido con el convenio”. En concreto, detalla que en 2018 pagó “una primera anualidad de algo más de dos millones correspondiente a las obras ejecutadas hasta ese momento”. Al año siguiente, 1,2 millones, “el montante correspondiente a las obras ejecutadas en dicho ejercicio y con las que concluían los trabajos de la primera fase”. Hasta aquí, ambas versiones coinciden.

Pero, según el Ejecutivo regional, lo que Rivas reclama es “una cantidad adicional de 1,7 millones que corresponden a unas obras de mejora que realizó en el colegio, pero que no estaban contempladas en el proyecto recogido en el convenio”, por lo que la Comunidad “no puede abonarla”. Sin embargo, el Ayuntamiento niega haber hecho ningún tipo de mejora y asegura que edificó lo estipulado en el convenio. A juicio del Gobierno autonómico, que insiste en las mejoras, “no es jurídicamente posible la compensación, tal y como se ha explicado ya al Ayuntamiento”. Aunque la corporación local asegura no haber recibido explicación alguna por parte del Gobierno regional, este sostiene que “ya se ha comunicado” con ella “para encontrar una solución dialogada sin lograr llegar a un acuerdo”, por lo que entiende que “tan solo queda la vía judicial”.

Además del pago pendiente, el Consistorio reclama que se terminen las obras de la segunda fase, que “van con mucho retraso y que estuvieron dos meses paradas en primavera”. “Si el colegio arranca en 2017, no se pueden empezar las obras en 2022. Nos ofrecimos a hacer la segunda fase, nos ofrecimos a hacer el gimnasio, que no estaba en el convenio, y a todo es que no. El año pasado plantaron seis barracones y este curso ya son 12″, explica el concejal de Educación, José Alfaro, especialmente dolido porque la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, minimizó el problema en el debate sobre el estado de la región, en el que aseguró que tan solo hay uno. “Se le olvidaron 11 de La Luna y los cuatro más que hay en el colegio Dulce Chacón”, le recuerda el concejal, que también critica que el consejero, Enrique Ossorio, los pintó como si fueran un lujo al decir “que tienen aire acondicionado y todo”. “Son declaraciones inaceptables”, remacha.

En las aulas prefabricadas de La Luna estudian los alumnos de 3º de primaria y 1º y 2º de la ESO. La presencia de los barracones “en mitad del centro, en lugar de en el parking como se pidió”, lo convierte en un sudoku sin espacio para jugar o hacer ejercicio físico. En una reciente visita, a la alcaldesa se le encogió el corazón cuando una niña le dijo “mira, este es mi patio”, señalando un pasillo. “No hay derecho, la situación del colegio es dramática”, censura la alcaldesa.

Preguntada por la marcha de la segunda fase ―el acuerdo no detalla fechas de entrega, sino que “se construirá cuando las necesidades de escolarización lo exijan”―, Educación explica que “se está realizando la fase de terminación”, que se inició en marzo con un plazo de ejecución de 12 meses. Las obras “se están desarrollando con normalidad y cumpliendo” los tiempos establecidos, añade la consejería, para concluir que queda “pendiente el inicio de las obras del gimnasio después de su adjudicación y dentro de los plazos habituales”.

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