Tensión por las urgencias extrahospitalarias de Madrid: los sindicatos mandan una contraoferta que se discutirá un día antes de la huelga

La negociación entre la Comunidad de Madrid y los cinco sindicatos que han convocado la huelga (Satse, CC OO, Amyts, CSIT UP y UGT) por el nuevo plan de las urgencias extrahospitalarias sigue en punto en muerto. Aunque con el lunes en el horizonte como fecha clave para desencallar un conflicto que tiene “estresados y muy preocupados” a los 778 profesionales sanitarios afectados, entre médicos (228), enfermeras (270) y celadores (280). Ante la propuesta de la Administración, prácticamente inamovible desde el principio de las negociaciones, los representantes de los sanitarios presentaron este viernes una contraoferta al plan, con varias alegaciones, con la que quieren blindar “unas condiciones laborales dignas”. Lo cuenta Ángel Bayo, médico de un Servicio de Atención Rural (SAR) y representante de Amyts, que resume el centro del conflicto en pocas palabras: habrá la mitad de los profesionales en los centros.

Porque el origen del conflicto consiste en que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció que va a reabrir los 78 puntos de urgencias extrahospitalarias que ya existían (los 41 SAR que han seguido abiertos todo este tiempo y los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que cerraron con la pandemia) con solo los efectivos de los SAR. Es decir, la mitad, por lo que se verán obligados a cambiar turnos, a realizar más horas, a algunos a cambiarse de centro. Por lo pronto, la huelga indefinida sigue prevista para el 25 de octubre y este sábado hay convocada una manifestación en defensa de la sanidad pública que saldrá de la glorieta de Neptuno a las seis de la tarde. El ambiente está caldeado.

Tanto médicos, como enfermeras y celadores se sienten “ninguneados” por la Administración de Isabel Díaz Ayuso. Son la piedra angular de un nuevo proyecto de las urgencias situadas en los centros de salud de los municipios y en zonas rurales, pero nada se ha pactado con ellos. De hecho, se han ido enterando de cómo la Comunidad de Madrid ha ido cambiado de plan a través de la prensa y de sus organizaciones sindicales, que aseguran que han intentado negociar, pero que se han encontrado con un rodillo. “Orden y mando, poco más”, describe Julián Ordóñez, de UGT. Aunque los sustos han llegado por fases.

La pandemia

Con la llegada de la covid en 2020, Madrid decidió mantener los SAR abiertos, cuyos profesionales dependen de la gerencia de Atención Primaria (en aquel momento ultratensionada por los peores momentos de la pandemia), y cerrar los 37 SUAP para reorganizar a sus profesionales, que dependen de la gerencia del Summa 112 desde 2004, cuando se cambió el Plan Integral de Urgencias y Emergencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Algunos acabaron en el Hospital Enfermera Isabel Zendal (HEIZ), otros en el hospital de campaña de Ifema y otros en unas nuevas unidades de atención domiciliaria (UAD), creadas de forma temporal para que los ciudadanos más sensibles al virus no tuvieran que trasladarse a los centros de salud.

Muchas fueron las movilizaciones ciudadanas para que abrieran estas urgencias tras finalizar 2020, tanto en los centros de salud, donde se han producido hasta acampadas, como en las calles de municipios como Getafe o San Fernando de Henares o diferentes distritos de Madrid como Vallecas. Hasta que llegó el primer anuncio de lo que iba a pasar.

El primer golpe

La Comunidad de Madrid anunció el 19 de junio que los 37 SUAP se cerrarían definitivamente y se abrirían 17 puntos de atención continuada (PAC), siete de ellos sin médicos. El cambio de nombre era importante. Ya anunciaba una mutación de las condiciones laborales. Hacía solo un mes que la Administración había conseguido apagar el fuego de otra huelga que duró dos semanas, la de los médicos especialistas de los hospitales con años, incluso décadas, enlazando contratos de temporalidad que pedían estabilizar sus puestos acogiéndose a la ley estatal que Madrid había intentado esquivar. Y con el anuncio del cierre de los SUAP, los sanitarios, con el apoyo de nuevo de manifestaciones de ciudadanos, volvieron a poner el grito en el cielo, oponiéndose en bloque al nuevo proyecto.

Once días después, la presidenta se vio obligada a rectificar y anunció que los abriría todos, sin especificar cuándo, ni cómo. Buenas noticias. Aunque los sindicatos no sabían si creerse una promesa que parecía pensada para apaciguar a las masas, sobre todo teniendo en cuenta que un día antes se habían reunido en la mesa sectorial con el entonces director general de Asistencia Sanitaria de la Administración, Jesús Vázquez, que les aseguró que no se iba a dar marcha atrás. Pero llegó la rectificación y, en pleno verano, Vázquez fue destituido.

Segundo intento

Con el nuevo curso, Ayuso se reafirmó y declaró a los cuatro vientos en el pasado debate de la región que reabriría los 78 centros (los SAR ya estaban abiertos) y puso una fecha en el calendario: a lo largo de octubre. Los días empezaron a pasar como losas en el calendario y los sindicatos esperaban con cierta esperanza los detalles de cómo se iba a realizar el nuevo plan. Cuando los conocieron, estalló de nuevo la polémica.

Se abrirían, sí, pero los trabajadores de los SUAP no volverían a sus antiguos puestos de trabajo. Se plasmaba en ese momento la guerra entre dos gerencias diferentes, la de Atención Primaria y la del Summa 112, que no estaban dispuestas a perder operativos. Los primeros alegaron que para atender los 78 PAC necesitaban a todos los trabajadores. Los segundos, que los UAD se habían convertido en imprescindibles para realizar sus funciones y que no podían perder a los sanitarios. Y en esa guerra donde se lidiaba por desvestir a un santo para vestir a otro, ganaron los UAD, pese a la oposición de los propios profesionales del Summa que aspiraban a volver a sus antiguos puestos de trabajo.

Las condiciones laborales

“No va a haber contrataciones”, ha asegurado el viceconsejero de sanidad, Fernando Prados Roa. “Se va a realizar con los efectivos que hay”, ha insistido, tras asegurar que el problema del déficit de sanitarios no es exclusivo de Madrid. Pero ahí está la clave del problema. Con la mitad de los sanitarios para los mismos centros que había antes de la pandemia, el plan consiste en que los médicos de familia puedan realizar a partir de ahora guardias de forma voluntaria y que los médicos de los SAR que trabajaban 1.536 horas anuales sumen ahora unas 1.642,5 horas anuales, más la obligatoriedad de realizar horas complementarias (un máximo de 660 horas). También se tendrán que olvidar de sus turnos específicos, las noches, los fines de semana y los festivos.

“¿Qué hacemos los que optamos a esta plaza por situaciones muy particulares como la de cuidar por el día a tu madre que está mayor y enferma de Parkinson?”, pregunta Lola Vicente, una enfermera de 57 años que lleva 11 en el SAR de Galapagar y matiza, enfadada, que hasta ahora los sanitarios de los centros rurales estaban computando 1.536 horas anuales por un ajuste legal que se aplica al turno de noche, los fines de semana y los festivos. “Una hora por la noche cuenta como una hora y 0,8 minutos”, explica. “Es así, por ley”.

Vicente, por ejemplo, tiene su vida organizada para atender también a su hermana de 50 años con discapacidad durante el día. Y, como ella, muchos de sus compañeros, que a cambio de realizar un turno que nadie quiere, consiguen conciliar con sus situaciones personales. “¿Por qué cargarte un sistema que funciona, para uno que hay que funciona?”, pregunta Bayo, médico del SAR de Arganda del Rey. “Nosotros estamos ahí para esas personas a las que no les da tiempo a ir al hospital, para atender un parto a las cuatro de la mañana, por ejemplo. Pero quieren ahorrarse el dinero que costamos los profesionales sanitarios y quieren engañar a la población: que parezca que atienden a sus intereses y que somos nosotros, con nuestros egoísmos individuales, quienes impedimos ese servicio.”.

Los PAC ya no se llamarán PAC. Ese fue el último cambio de nombre: se denominarán Centros Sanitarios 24 horas. Eso sí, los profesionales tendrán que adelantar su hora de entrada a las 15.00 o las 17.00, acabar con el complemento económico de la noche (pese a que terminarán la jornada a las 24.00 y ese dinero extra se paga cuando se trabaja más tarde de las 22.00), cambiarse de centro en algunos casos y atender con menos sanitarios a más pacientes. En 2019 hubo 700.000 consultas en los 41 SAR y los 37 SUAP. Ahora se las repartirán entre 228 médicos, 270 enfermeras y 280 celadores. Más las guardias de los médicos de familia que accedan de forma voluntaria, la gran baza con la que cuenta la Comunidad de Madrid para llegar a todo.

Para los sindicatos, los números no dan. El lunes se sentarán de nuevo y discutirán cómo sacar adelante el servicio “de una manera digna”. Si no hay acuerdo, el martes comenzará la huelga.

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