Los retos de la nueva Ley de Servicios Sociales

El 15 de junio de 2022 se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el Proyecto de Ley de Servicios Sociales que sustituirá a la actual, en vigor desde 2003. Esta aprobación surgió como respuesta a la transformación de la realidad social producida desde entonces, que se ha visto acentuada en los últimos años por la pandemia y la crisis económica. Comienza ahora el trámite parlamentario de una modificación de la norma demandada históricamente por las entidades del Tercer Sector de Acción Social. Un camino que debe recorrerse con responsabilidad, coherencia y poniendo a las personas en el centro.

La Ley de Servicios Sociales, actualmente vigente en Madrid desde el año 2003, proporcionó coherencia administrativa a este ámbito de actuación, y tuvo la capacidad de proveer a la gestión administrativa y política de estos servicios. Sin embargo, en estos años, la sociedad madrileña ha vivido un proceso de transformación que ha cambiado, de manera notable, su aspecto y estructura. Un proceso de envejecimiento poblacional, una reducción de la natalidad cada vez más significativa, una sociedad más diversa y un crecimiento de la desigualdad. Circunstancias que han provocado el desarrollo de nuevas políticas de inclusión, así como de prestaciones y servicios enfocados a ayudar a un mayor número de personas.

Por ello, es necesario actualizar la normativa a la realidad social del momento. Una regulación centrada en las personas, a quienes va dirigida la norma, apoyada en los principios fundamentales de defensa de la dignidad, universalidad, igualdad, no discriminación y equidad.

En este debate, los diferentes grupos parlamentarios deben ser sensibles y capaces de recoger las inquietudes y necesidades que desde las entidades del Tercer Sector de Acción Social venimos reclamando. Reclamaciones como el acceso universal al Sistema Público, la equidad territorial, el establecimiento de la Historia Social Única, el diseño de planes estratégicos y de calidad, la evaluación del impacto y la creación de mapas de servicios públicos que ayuden a satisfacer las necesidades sociales detectadas en cada momento.

Además, es importante incluir el concierto social como fórmula de financiación, acompañada de medidas que garanticen también una financiación adecuada y suficiente del Tercer Sector de Acción Social.

En todo este proceso, es primordial garantizar la participación social mediante la Mesa de Diálogo Civil como órgano que guíe la colaboración, la cooperación y el diálogo entre las entidades del Tercer Sector y la Administración de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, también es necesario reconocer al Tercer Sector de Acción Social como agente social de interlocución respecto a las políticas públicas sociales.

Confiamos en que los grupos parlamentarios apoyen e incorporen las necesidades que la sociedad civil reclama, para lograr una ley avanzada, moderna y garantista. Una ley por y para toda la ciudadanía.

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