Una reforma legal impulsada en 2020 por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha permitido que los hijos de policías y guardias civiles acaparen ya el 13% de las 80.000 ayudas para comedor en los centros educativos públicos no universitarios y privados concertados de la Comunidad de Madrid, según datos del curso 2021-2022 a los que accedió EL PAÍS. Frente al grueso de beneficiarios, que tienen que cumplir un estricto requisito de renta per cápita familiar (4.260 euros), los descendientes de los agentes obtienen un precio especial por el menú (3 euros diarios, frente a los 4,88 generales) simplemente por la profesión de sus progenitores. Da igual, por lo tanto, cuánto dinero ganen estos funcionarios públicos. Una situación que equipara a policías y guardias civiles con las víctimas del terrorismo o las de la violencia de género.

“La Comunidad de Madrid presenta un importante déficit de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que compromete la seguridad tanto de los madrileños como de los visitantes que llegan a la región a lo largo del año”, se argumenta en la orden de 2020 que articula la reducción especial del menú para los hijos de los agentes. “Las circunstancias socioeconómicas de estas familias, y por tanto de los alumnos pertenecientes a las mismas, pueden verse favorecidas en la medida que dispongan de incentivos, tales como el que ahora se plantea, que compensen el superior coste que implica residir en la Comunidad de Madrid en comparación con otras comunidades autónomas”, se añade. Y se subraya: “Estas medidas tienen como objetivo incentivar que agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y sus familias escojan a la Comunidad de Madrid como destino profesional”.

El curso pasado, más del 70% de los beneficiados de la reducción de precio de comedor provenía de familias con una renta per cápita inferior a 4.260 euros. Esa cifra resulta de dividir entre el número de integrantes de la familia el total de sus ingresos. Así, para lograr la ayuda, una pareja con un hijo tiene que ganar menos de 12.780 euros; 17.040 si tiene dos descendientes; o 21.300 si tiene tres.

Ese criterio tan restrictivo, establecido en 2017 por el gobierno de Cristina Cifuentes, buscaba favorecer a las familias realmente necesitadas. Sin embargo, la modificación decidida por el Gobierno de Díaz Ayuso ha abierto la puerta a que también se beneficien del sistema las familias de guardias civiles y policías que hay en la región, sin que importe cuánto ganan, y con el único argumento de su profesión.

“Madrid es de las pocas comunidades donde el 99% de las familias tienen que pagar el comedor, incluidas las que cobran el ingreso mínimo vital o la renta mínima de inserción”, lamenta María Pastor, de Más Madrid. “Pero el modelo de precios reducidos del PP es tan perverso y alejado de la realidad que una pareja con un hijo que ingrese más de 12.780 euros al año tiene que pagar el precio completo del comedor, pero una familia donde uno de los progenitores es de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado paga un precio reducido de comedor independientemente de la renta familiar que tengan”, añade. “Si el Gobierno de Ayuso quiere apoyar a todas las familias tiene que abandonar un modelo de ayudas de comedor que nos sitúa en la cola de España en cuantía, y que deja en la estacada sistemáticamente a miles de familias vulnerables cada año”, sigue. Y opina: “El comedor debe ser parte del derecho a la educación, y solo el comedor universal y gratuito puede garantizarlo”.

Como consecuencia de este sistema, los hijos de los agentes representaron durante el curso 2021-2022 el 13% del total de becados (10.465 alumnos), cuando en el curso 2020-2021 eran el 11% (8.979). Por lo tanto, su presencia en este bloque de ayudas está al alza.

Además, su peso ya es mayoritario dentro del grupo de alumnos beneficiados del precio reducido sin tener que cumplir con el criterio de renta per cápita de 4.260 euros: en él se encuentran también los niños acogidos (1%); los descendientes de víctimas del terrorismo o de violencia de género (2%); los perceptores de la renta mínima de inserción (3%); o los del ingreso mínimo vital (8%). Finalmente, hay un tercer grupo, el de los exentos de pago, principalmente por ser tutelados de la Comunidad, que apenas representa el 1%.

Cambiar este sistema, y llegar a la gratuidad total, fue una de las demandas que Pastor y Mónica García, la líder de Más Madrid, llevaron hasta su reunión de la semana pasada con Díaz Ayuso. “Vamos a tener en cuenta su propuesta, porque consideran que el tema alimenticio es esencial en los colegios, y nosotros también”, avanzó el portavoz gubernamental, Enrique Ossorio, un firme defensor de que las familias paguen al menos un euro por estos menús, que precisó que en el curso 2022-2023 se dedicarán más recursos a este programa (que pasa de financiarse con 29 millones a hacerlo con 32,3), y que habrá hasta 100.000 beneficiados.

Aquella fue una rara concesión del Ejecutivo autonómico a la oposición que refleja que esta política es clave para las familias más vulnerables de la región más rica de España.

“El modelo es fallido, pero además es cruel”, dice Isabel Galvín, portavoz de Educación en Madrid del sindicato CC OO. “Para muchos menores y adolescentes es la única comida importante que hacen. Y cada vez son menos los menores que lo reciben, e incluso la tendencia es que lo reciban más las familias de centros concertados con respecto a las familias que escolarizan en públicas”, asegura. “La gratuidad de comedor es un objetivo que debería ser prioritario. Los fondos europeos darían oportunidad para ello. Pero si no es así, como es el caso madrileño, al menos que no le falte el comedor a quien más lo necesita, que en el contexto en el que estamos son cada vez más familias”.

Proyecto frustrado

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ya frustró en 2020 uno de los pilares básicos del plan de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para atraer hasta la región a policías y guardias civiles, según documentación a la que accedió EL PAÍS. La líder conservadora quería facilitar que los agentes obtuvieran becas públicas con las que pagar una parte del coste de inscribir a sus hijos en guarderías privadas dándoles un punto extra por su profesión. De esta manera, las familias de policías y guardias civiles partirían con ventaja con respecto al resto a la hora de ser seleccionadas para recibir la ayuda. Un planteamiento que los abogados regionales consideraron “discriminatorio” y reclamaron que se eliminara del proyecto, como finalmente se hizo.

No obstante, y como demuestran las ayudas de comedor, aquel fiasco no alteró la hoja de ruta diseñada con un criterio político para privilegiar el acceso de estos profesionales a determinados recursos públicos.

Así, y con el argumento de que en Madrid hay un déficit de 2.500 agentes que se explica por el alto coste de vida, Díaz Ayuso ha propuesto que se reservará para ellos un cupo de viviendas públicas; que tuvieran un baremo propio que les beneficiara a la hora de acceder a las ayudas al alquiler; u ofrecer tarifas especiales en el transporte público, que es gratuito para los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que se identifican en cada viaje como tales.

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