La Abogacía General de la Comunidad de Madrid frustró en 2020 uno de los pilares básicos del plan de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para atraer hasta la región a policías y guardias civiles, según documentación a la que ha accedido ahora EL PAÍS. La líder conservadora quería facilitar que los agentes obtuvieran becas públicas con las que pagar una parte del coste de inscribir a sus hijos en guarderías privadas dándoles un punto extra por su profesión. De esta manera, las familias de policías y guardias civiles partirían con ventaja con respecto al resto a la hora de ser seleccionadas para recibir la ayuda. Un planteamiento que los abogados regionales consideraron “discriminatorio” y reclamaron que se eliminara del proyecto, como finalmente se hizo.

Todo empezó con una intervención pública de Díaz Ayuso en 2019. Con el argumento de que en Madrid hay un déficit de 2.500 agentes que se explica por el alto coste de vida, la presidenta propuso que se reservara para ellos un cupo de viviendas públicas; que tuvieran un baremo propio que les beneficiara a la hora de acceder a las ayudas al alquiler; abaratar los menús escolares de sus hijos; u ofrecer tarifas especiales en el transporte público. A rebufo de esas propuestas, la consejería de Educación quiso dar un punto extra a los hijos de policías y guardias civiles que solicitaran beca para alistarse en una guardería privada. La idea nunca pasó del borrador, y no se publicó en el boletín regional, porque provocó un intenso debate dentro del Ejecutivo regional, que entonces formaban PP y Cs.

“En un primer momento se estimó que podría ser factible baremar de esta manera a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de atraer a estos profesionales a la región, por la tarea tan importante que llevan a cabo”, resume un portavoz de la consejería de Educación y Universidades. “Posteriormente se decidió que no era adecuado considerarlos como familias en situación de vulnerabilidad, porque esto podría resultar discriminatorio respecto de otras situaciones. Por este motivo, la Consejería de Educación no introdujo este supuesto en la Orden”.

Para optar a obtener la ayuda, los dos padres debían estar trabajando, y cumplir con el criterio de renta per cápita exigido. Además, por ejemplo, que un solicitante fuera víctima de violencia de género sumaba un punto extra a la hora de seleccionar a los beneficiarios. La idea original era incluir a policías y guardias civiles en esa categoría.

Quien primero reaccionó fue la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, que advirtió de que privilegiar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la obtención de ayudas públicas no era correcto.

“El otorgamiento de un punto más a la solicitud porque el padre o la madre, podrían ser ambos, pertenece a un cuerpo de funcionarios concreto (Guardia Civil / Policía Nacional) priorizando a sus hijos en el otorgamiento de una beca por delante de los hijos de cualquier otro trabajador o profesional supone una clara discriminación no amparada en derecho”, alertaba en un informe. “La discriminación positiva o acción positiva tiene por objeto amparar y favorecer a ciertos grupos minoritarios en situación de vulnerabilidad social o que históricamente han sufrido discriminación con el objeto de buscar el equilibrio en sus condiciones de vida al general de la población”, recordaba. Y remataba: “No se ha podido encontrar ninguna norma convencional internacional, ley o siquiera reglamento, estudio sociológico o estadístico en el que se constate o refleje que un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinado en la Comunidad de Madrid forma parte de un grupo socialmente vulnerable, en riesgo de exclusión social o que haya sufrido históricamente discriminación”.

Una argumentación que al poco tiempo hizo suya la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que subrayó que retirar ese punto del proyecto era esencial: “En el supuesto examinado, no se ha realizado una justificación de las medidas de acción positiva, ni existe una justificación jurídica de la discriminación positiva, por lo que deberá suprimirse el párrafo examinado”.

Apuesta política

Antes de conocerse ese dictamen, Educación había defendido el punto extra para policías y guardias civiles con una argumentación que reconocía sin tapujos que su inclusión en la convocatoria tenía un carácter político y buscaba hacer realidad una apuesta estratégica impulsada por la presidenta regional.

“Con el propósito de incrementar y mejorar la seguridad, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, tras la reunión de 6 de noviembre de 2019 de la Comisión de Ayudas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha anunciado que el Gobierno Regional trabaja en una serie de medidas de apoyo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas en la Comunidad de Madrid en diversos ámbitos, incluida la educación”, recordaba en un informe interno del 12 de marzo de 2020 la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio. “Con el fin de dar cumplimiento a estas medidas se considera oportuno, dentro de los criterios de baremación de estas becas, otorgar 1 punto a los agentes en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con destino en la Comunidad de Madrid”, justificaba.

No ha sido el último problema que se ha encontrado el gobierno regional para hacer realidad las promesas de Díaz Ayuso a policías y guardias civiles.

En 2020, la Consejería de Educación rebajó a 3 euros el precio diario del menú escolar a aplicar en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid a las familias que acrediten que los niños son hijos de padre o madre de alguno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El resto de familias paga 4,88 euros. Policías y Guardias Civiles también tienen acceso gratuito al transporte público colectivo de Madrid.

No ha sido posible, sin embargo, favorecer como se pretendía el acceso de guardias civiles y policías a las viviendas públicas que se iban a construir a través del Plan Vive.

“El acceso no se ha encajado dentro del Plan Vive, sino dentro de la Agencia de Vivienda Social, que era más adecuado para las características de esta iniciativa”, explica un portavoz de la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. “Para ello, se ha estado trabajando en dos iniciativas, una con Policía Nacional en viviendas en Lavapiés, y otra con Guardia Civil en Ciempozuelos, pero no se llegó a un acuerdo porque las propuestas que les hicimos fueron desechadas”, reconoce. Y remata: “Por nuestra parte hay una disposición total para realizar esta colaboración”.

Casi tres años después, por lo tanto, la promesa aún no se ha cumplido.

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