Ayuso fija un menú escolar de tres euros solo para los hijos de policías y guardias civiles

La Administración argumenta un déficit de agentes y busca la captación de 2.500 funcionarios con una batería de medidas

M. V. / J. J. M.
Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de junio.
Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de junio.Comunidad de Madrid / GTRES

“La Comunidad de Madrid presenta un importante déficit de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que compromete la seguridad tanto de los madrileños como de los visitantes que llegan a la región a lo largo del año”. Bajo esta premisa, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una nueva medida para lograr atraer a la región a 2.500 agentes del resto de las comunidades autónomas. La Consejería de Educación ha fijado en 3 euros el precio diario del menú escolar a aplicar en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid a las familias que acrediten que los niños son hijos de padre o madre de alguno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El precio diario de los menús para el resto de familias es de 4,88 euros. Según datos del Ejecutivo, en la región existen ahora mismo 13.000 efectivos de Policía Nacional y 7.500 de la Guardia Civil.

La nueva beca comedor para los niños de los agentes se ha publicado este lunes en el Boletín de la Comunidad de Madrid. “En el caso de los alumnos pertenecientes a dichas familias", observa la Consejería de Educación en el texto, "la permanencia de sus progenitores en la región facilita su escolarización estable en el mismo centro, favorece su integración social y educativa, reduce la rotación entre centros educativos que suele constituir una de las características de la trayectoria educativa de estos alumnos y, con ello, se reduce el riesgo de fracaso escolar”.

Esta iniciativa se suma a la batería de ayudas que la presidenta Ayuso anunció en noviembre de 2019 para la Policía y la Guardia Civil: la Comunidad reservará para los agentes un cupo de viviendas —aún por determinar— de las 25.000 casas que contempla construir con el Plan VIVE; diseñará un baremo propio que les beneficiará a la hora de acceder a las ayudas al alquiler; creará ayudas sociales específicas para que atiendan a sus dependientes o mayores a cargo; y les ofrecerá tarifas especiales en el transporte público. ¿La explicación? Que el coste de vida en la capital y la región es alto, por lo que hay que facilitar el traslado de los agentes.

“Esta es una nueva utilización de la Policía y la Guardia Civil para hacer campaña electoral”, criticó por entonces Pablo Gómez Perpinyà, portavoz parlamentario de Más Madrid. “Creemos que es más efectivo y más racional que no se discrimine, y que las políticas estén dirigidas al conjunto de la ciudadanía”, siguió. “Un control efectivo de los precios del alquiler sería igualmente beneficioso para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, los jóvenes, los desempleados, el personal sanitario...”.

“Con estas medidas lo que reconoce el Gobierno de la Comunidad de Madrid es que el acceso a la vivienda, a la educación y a otros servicios sociales no es universal en la Comunidad de Madrid”, apuntó Jacinto Morano, diputado de Unidas Podemos IU Madrid en Pie. “Mucha gente quedará excluida. Si el gobierno cumpliera su obligación con todos los madrileños y madrileñas en lugar de hacer regalos fiscales a los más ricos esto sería innecesario”.

El pasado enero, en una entrevista con este diario, el consejero de Vivienda, David Pérez, dijo que facilitar el acceso a la vivienda pública solo para la Guardia Civil y la Policía Nacional no era un privilegio. La Comunidad reservará un poco para este sector —aún por determinar— de las 25.000 casas que contempla construir con el Plan VIVE en las dos próximas legislaturas. ¿Por qué se reservan para estos funcionarios y no, por ejemplo, para los médicos? La respuesta del consejero fue tajante: “No implica desmerecer a esos otros colectivos, pero detectamos una carencia de agentes. Y dijimos: ¿puede la Comunidad hacer algo para resolver la situación? Se vio esta posible fórmula. Cualquier ayuda que se les dé, lejos de ser un privilegio, es la devolución justa de lo que hacen por los ciudadanos, que es garantizar su libertad y seguridad”.

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