Siete años esperando a que Madrid pague el millón que costó buscar los restos de la víctima del descuartizador de Majadahonda

Sobre la larga mesa del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid aparecen palabras escalofriantes. “Búsqueda del cuerpo”. “Delito”. “Restos”. Ocurre el 20 de julio, en la última reunión del cónclave de políticos antes de las vacaciones veraniegas, y ese tema inesperado enfrenta a los consejeros de Isabel Díaz Ayuso con una sentencia judicial: el Tribunal Supremo les obliga a aprobar el pago de 1,4 millones de euros a la empresa gestora del vertedero de Pinto, en compensación por los gastos en los que incurrió esta para buscar los restos de una de las víctimas del descuartizador de Majadahonda. Aquello ocurrió en 2015. Son siete años de espera con una factura millonaria pendiente. Y un misterio sin resolver que rodea a las dos mujeres asesinadas.

Se sabe quiénes fueron las víctimas de Bruno Hernández (1984): su tía, primero; y años después, su inquilina. Se conoce, también, una de las herramientas clave en el crimen: una picadora industrial Braher modelo P-22 comprada en 2008 por 1.189,5 euros. Se ha demostrado, además, cómo el asesino, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, intentó ocultar sus huellas. De su tía dijo que se había mudado, y le contó al resto de familiares que ya no quería saber nada de ellos. A su inquilina la suplantó escribiendo una carta en la que comunicaba a su empleador que dejaba el trabajo; y viajó con su móvil a Barcelona para intentar despistar a investigadores y familiares.

Sin embargo, nunca se encontraron los restos de las dos mujeres, pese a la movilización de los operarios del vertedero de Pinto. La primera llevaba muerta años, según los investigadores. Y encontrar los restos de la segunda entre las 20.000 toneladas de residuos fue misión imposible.

“En ambos casos la muerte violenta de las dos mujeres queda acreditada por los restos biológicos hallados en la máquina trituradora encontrada en el sótano de la calle Sacedilla nº 6 de Majadahonda, y en el caso de Adriana, por los restos de sangre hallados en paredes, suelo y techo de la citada vivienda, todo ello a pesar de no haberse descubierto los cadáveres”, detalla la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que en 2017 condenó a 27 años de cárcel al acusado, decisión que fue ratificada en 2018 por el Tribunal Supremo. “El condenado hizo desaparecer los cuerpos ocultándolos en un lugar desconocido, ya que la picadora industrial de carne era de gran potencia, capaz de triturar carne y huesos”, añade el fallo. “Posteriormente, el cadáver de Adriana fue buscado en el vertedero de Pinto entre el 28 de mayo y el 22 de diciembre de 2015, sin resultado positivo al tratarse de un cuerpo triturado. El coste de dicha búsqueda ha sido de 1.446.698,40 euros”.

¿Por qué ha tardado casi un decenio la Comunidad de Madrid en hacerse cargo del pago de los 1,4 millones de euros que costó la búsqueda de los restos en el vertedero de Pinto? ¿Qué explica esa tardanza en compensar la contratación de nuevos operarios para acelerar los trabajos, y la habilitación de un turno de tarde para agilizar la investigación?

La Dirección General de Justicia y Seguridad del gobierno autonómico se negó al abono defendiendo que el coste debía incluirse en la tasación de costas que se practicara en su día en el juicio, para que se hiciera cargo quien fuese condenado. Una argumentación que no convenció a la empresa gestora del vertedero, que es privada y actuó, precisamente, por orden del tribunal. En febrero de este año, la justicia le dio la la razón: es la Administración autonómica quien tiene que asumir los costes de la búsqueda en el vertedero al tratarse de gastos necesarios para el funcionamiento, puesta en marcha y consecución de los objetivos de la Administración de Justicia.

En caso contrario, se lee en la sentencia, se causaría a quien hubiese cumplido con su obligación de prestar colaboración a los jueces o tribunales “un grave perjuicio consistente en el impago o en un retraso indeterminado en el abono de los costes que no tiene obligación legal de soportar, tanto más cuanto que es obligación de la Administración competente el poner todos los medios a su alcance para garantizar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia”, subraya el tribunal.

Durante el juicio, la pareja del asesino describió a un hombre tremendamente afectado por su enfermedad mental, y convencido de pertenecer a la Hermandad secreta de la ER, como, aseguró, Esperanza Aguirre, Silvio Berlusconi, David Cameron o Teresa May. Ese es también el retrato que deja el libro La hermandad del mal, escrito por la periodista Cruz Morcillo. Han pasado ya siete años de los 27 a los que está condenado. El mismo tiempo durante el que ha estado esperando la empresa del vertedero de Pinto a que la Comunidad le pague por contratar nuevos empleados y crear un turno de tarde con el objetivo de buscar a una de sus víctimas.

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