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Urbaser reclama el pago de la búsqueda de una víctima del descuartizador de Majadahonda

La denuncia de la empresa que gestionaba el vertedero de Pinto se ha suspendido hasta que se dicte sentencia firme en el caso

El juez ordenó en mayo de 2015 a Urbaser, empresa que gestionaba el vertedero de Pinto, la búsqueda de los restos de una de las víctimas del descuartizador de Majadahonda entre la basura que les llega del municipio. Los trabajos implicaron contratar empleados y abrir un turno de tarde, y costaron 1,4 millones. El Gobierno regional se ha negado a abonar la cantidad, aunque estaba obligado por orden judicial. La empresa presentó un contencioso-administrativo que se ha suspendido hasta que se dicte sentencia firme en el proceso penal contra el descuartizador.

Agentes de la Guardia Civil trasladan al descuartizador de Majadahonda.
Agentes de la Guardia Civil trasladan al descuartizador de Majadahonda. EL PAÍS

El 23 de octubre la Audiencia Provincial de Madrid condenó a 27 años, tres meses y un día de prisión a Bruno Hernández Vega, conocido como el descuartizador de Majadahonda. La sentencia, que todavía no es firme, considera probado que mató a su tía y a una inquilina de su chalé. Se deshizo de los cuerpos triturándolos en una picadora industrial de carne y los escondió en un lugar aún desconocido.

Uno de los sitios donde las autoridades intentaron localizar los restos de la inquilina desaparecida fue entre la basura del municipio que se deposita en el vertedero de Pinto. A pesar de los esfuerzos (se emplearon siete meses, con jornadas de seis horas diarias de lunes a viernes) y de los 1.446.698 euros invertidos por la empresa, no se logró localizar ningún vestigio del terrible asesinato. Urbaser tampoco ha conseguido que el Gobierno regional se haga cargo de la factura.

La Consejería de Presidencia y Justicia, a la que reclama el importe, sostiene que no se puede hacer cargo del abono debido al momento en el que se halla el procedimiento penal: existe una sentencia contra el asesino, pero todavía no es firme. No se puede saber todavía, sostiene el Gobierno regional, “si esta Administración sería deudora del importe reclamado”. La consejería opina que podría suceder que resultara obligada a pagar alguna de las partes o que las costas se declararan de oficio. En el importe se incluyen, entre otros gastos, los ocasionados por la instrucción de la causa, asegura. Entre ellos, se encontraría el rastreo de cadáveres en el vertedero de Pinto.

Nada más lejos de la realidad, sostiene Urbaser, que presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la decisión del Gobierno regional de no abonarle el importe. Los magistrados decidieron suspender el contencioso hasta que finalice el proceso penal contra el descuartizador.

La empresa ha recurrido, porque considera que: “No es necesario esperar a una condena en costas para abonar los gastos en los que ha incurrido la empresa, porque ese importe no es un coste procesal”. Hay que tener en cuenta que Urbaser es una sociedad privada y no un organismo público, que ha colaborado con la justicia, añade. Por lo tanto, se trata de un “tercero ajeno tanto a la investigación del delito como a la Administración”.

El recurso añade que no existe ningún precepto legal que establezca que “los gastos derivados de una investigación judicial deban ser sufragados por el imputado”. En el caso de que se repercutieran esos costes a un responsable de un hecho delictivo, se podría estar vulnerando el derecho fundamental a no declarar “contra sí mismo y a no confesarse culpable”.

Al mismo tiempo, el documento señala que la obligación de la Administración de pagar los gastos deriva de una “orden judicial dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Majadahonda”. El órgano judicial envió un oficio el 18 de mayo de 2015 a la Consejería de Justicia ordenando el abono a Urbaser. Este hecho también demuestra, en opinión del letrado de la empresa, que la cantidad no puede ser catalogada como “costa procesal”. Si así fuera, el órgano instructor habría declarado en ese momento improcedente el pago de la factura.