Tomás Díaz Ayuso compró las mascarillas a una fábrica de cables eléctricos que falsificó certificados sanitarios

Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, es un veterano comercial sanitario que supuestamente conoce bien el mercado chino, pero en abril de 2020 adquirió mascarillas a una fábrica sin experiencia y poco fiable para que luego un amigo íntimo se las revendiera por 1,5 millones de euros a la sanidad pública madrileña. La compraventa está siendo investigada desde febrero de este año por los fiscales españoles y europeos como un posible tráfico de influencias y malversación de fondos, pero hasta ahora no se había puesto el foco en varias señales alarmantes que hacen sospechar de la mala calidad del producto.

El fabricante de las mascarillas, la empresa Jiaxing Yinuo Busway Co. Ltd., se dedicaba a hacer cableado eléctrico y solo modificó su objeto social el 3 de marzo de 2020 para incluir la elaboración de productos sanitarios. Con el fin de aparentar calidad, esa compañía aportó tres certificados de laboratorios que supuestamente habían examinado sus mascarillas y acreditado que cumplían con los estándares del mercado europeo y estadounidense: uno es una falsificación del documento de un ente italiano de homologaciones y los otros dos son de centros chinos que no estaban autorizados por el Gobierno de ese país para evaluar material sanitario de protección. Uno de esos certificadores irregulares, que aseguraba que las mascarillas compradas por la Comunidad cumplían con las normas estadounidenses, fue posteriormente advertido de fraude por la Administración de Alimentos y Medicamentos del Gobierno de EE UU (FDA por sus siglas inglesas), según informa a este periódico la portavoz Gloria Sánchez-Contreras.

A pesar de que el portador de una mascarilla defectuosa se jugaba caer enfermo de un virus muy mortífero, no saltaron las alarmas. La Comunidad de Madrid dio por buenos esos tres certificados que incorporó al expediente de la compraventa, junto con una foto de la mascarilla y otra de una caja de 10 unidades en la que aparece indebidamente el marcado CE, un indicador de que ciertos productos como las mascarillas cumplen los requisitos de seguridad exigidos por la Unión Europea, como el filtrado de partículas víricas.

Los certificados fraudulentos de Jiaxing Yinuo Busway Co, Ltd forman parte del expediente de compra de 71 páginas que la Comunidad de Madrid envió en marzo de este año a EL PAÍS tras una solicitud de acceso a la información pública que pedía conocer toda la documentación de este contrato (consulte el documento al final del artículo o descargue el PDF).

Consultado por si sabía que compraba de una fábrica novata, Tomás Díaz Ayuso responde: “Ya sabes que en China pasa de todo, cosas muy raras”. En una conversación telefónica subraya que ya ha entregado más de 200 documentos a la Fiscalía Anticorrupción, entre ellos estos certificados, sobre los que no ha querido aclarar si sabía que eran falsos. “Ahora mismo estamos esperando que (la Fiscalía) tenga algún tipo de veredicto y yo a los medios de comunicación no tengo nada que contarles”, dice el hermano de la presidenta, que asegura ser inocente. El amigo al que le fue adjudicado el contrato es Daniel Alcázar, quien no tenía experiencia como contratista público del sector sanitario. Responde por correo electrónico: “La noticia es falsa. Las mascarillas fueron entregadas con el certificado correcto”.

Poco después de la publicación de esta noticia este martes por la noche, la Comunidad de Madrid publicó un escueto tuit: “Esta noticia es falsa”, sin aportar argumento alguno. Media hora antes, un portavoz de la Consejería de Sanidad había enviado una respuesta escrita a este periódico en la que no desmentía nada de lo publicado: “La mercancía se presentó en plazo, en el lugar, con la calidad y en el número señalado por el contratista y, una vez realizada esta verificación, se procedió al pago previa fiscalización contable por el interventor”.

Luego, la cuenta de la Comunidad tuiteó una noticia de última hora de El Español que dice que la Comunidad y Priviet fueron conscientes de que los certificados de Jiaxing Yinuo Busway Co, Ltd eran falsos y por eso compraron a otro fabricante chino que según ese medio aportó un certificado correcto. Sin embargo, ningún documento hace referencia a esa otra empresa china en el expediente de 71 páginas enviado por la Comunidad a este periódico. Además, ese otro certificado había sido emitido supuestamente por el italiano Ente Certificazione Macchine (ECM) que no está autorizado por la Unión Europea para certificar EPIs, como la propia empresa ha advertido en su web, cansada de las estafas.

Los hechos sugieren una clara falta de diligencia tanto por parte del comprador, la Comunidad de Madrid, como de la persona que gestionó la compra del producto chino, que, según reveló la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso, fue su hermano. En la primavera de 2020 el mercado de mascarillas era caótico, pero un importador profesional tenía medios para asegurarse de la fiabilidad del fabricante de las mascarillas, según fuentes consultadas del sector de los equipos de protección individual (EPIs). Existen bases de datos oficiales de la Unión Europea y del Gobierno chino donde era posible una consulta rápida de laboratorios de homologación autorizados.

Distribuidores de mascarillas consultados dicen que en caso de duda era posible preguntar a los laboratorios que supuestamente habían emitido esos certificados sospechosos o a la Embajada española en Pekín. Las embajadas y las cámaras de comercio europeas mantenían “listas blancas” de compañías chinas fiables. Por ejemplo, esta lista del 22 de marzo de 2020 de las autoridades españolas en China incluye 53 fabricantes chinos con sus teléfonos, precios, condiciones de compra y detalles como si el interlocutor habla en inglés. El Ministerio de Comercio chino guardaba la suya, que el 31 de marzo abrió a consulta de todo el mundo en la web.

La patronal europea de importadores de EPI, la European Safety Federation (ESF), alertó a finales de marzo de 2020 de la proliferación de fabricantes chinos poco fiables. “Un importador de mascarillas profesional sabe lo que hace y por eso desde muy temprano recibimos muchas llamadas de especialistas advirtiéndonos de que circulaban falsificaciones”, le dice a este periódico desde Bélgica el secretario general de la patronal ESF, Henk Vanhoutte. Antes de la pandemia había unas 3.000 empresas dedicadas a producir mascarillas en China, según Vanhoutte. Alrededor de abril de 2020 esa cifra se había doblado hasta 6.000: “Muchos fabricantes recién llegados vendían productos ayudados de certificados inválidos”, añade.

Manipulación burda

Uno de los tres certificados aportados en el contrato del hermano de la presidenta es una falsificación de un documento del laboratorio italiano ECM, que fue víctima de fraudes generalizados y alertó de ello desde muy temprano, el 3 de abril de 2020, tanto en su web como en la página de la patronal europea. ECM no se dedica a la homologación de los EPI, sino de otros productos como maquinaria industrial. Los otros dos laboratorios son ACT Testing Technology Co, Ltd, y Shanghai Shifu Testing Lab Co. Ltd (SFT), que no figuran en la lista de centros habilitados por el Gobierno chino para evaluar EPIs. SFT y ACT no han contestado a solicitudes de entrevistas de este periódico.

Había más pistas para dudar de los certificados. En el de SFT, aparecen fuentes y tamaños de texto distintos, una diferencia que sugiere que el documento original ha sido alterado burdamente. En los de ACT y ECM, el campo del modelo de mascarilla homologada está en blanco.

La oferta de compraventa fue enviada a la Comunidad de Madrid el 28 de marzo de 2020 por Daniel Alcázar, quien propuso suministrar 250.000 mascarillas FFP2 por un precio de cinco euros la unidad, un precio elevado en comparación con los pagados por otras administraciones públicas en España. Propuso hacer el negocio por medio de su empresa de ropa de moda, Priviet Sportive SL, que nunca había tenido contratos públicos sanitarios. El alto cargo de la Comunidad que el 1 de abril recomendó adjudicar a dedo ese contrato a Priviet Sportive SL fue Manuel de la Puente, un veterano de la sanidad pública madrileña que antes de la pandemia había comprado productos a Tomás Díaz Ayuso y que se encargaba de seleccionar a los proveedores de mascarillas. El producto llegó a Barajas en dos tandas, el 17 y el 20 de abril de 2020, y fue trasladado al pabellón 10 del hospital temporal de Ifema, que funcionó como un macroalmacén desde donde se repartía material a los hospitales de la región de Madrid.

En los días en que se produjo la compraventa no era necesario que las mascarillas contaran con marcado CE debido a que el Gobierno español había eliminado ese requisito el 20 de marzo de 2020 para solucionar la escasez de EPI. Sin embargo, eso no suponía aceptar cualquier producto. Era obligatorio que las autoridades sanitarias en España verificaran que las mascarillas cumplían los requisitos exigidos en China, donde el estándar equivalente a las FFP2 es conocido como KN95. En consecuencia, las mascarillas debían tener informes de pruebas superadas en un laboratorio autorizado por el Gobierno chino y un informe de haber solicitado ensayos en un laboratorio autorizado en Europa para conseguir el marcado CE. Sin embargo, en el expediente de compra de la Comunidad de Madrid no consta esa comprobación. En su lugar figuran esos certificados falsos de cumplimientos de estándares europeo y estadounidense. Este periódico no ha podido localizar a De la Puente, cuya línea de teléfono ha dejado de estar activa, según el mensaje de la compañía Movistar.

“La integridad es lo primero”

El fabricante chino, Jiaxing Yinuo Busway, era una de las muchas empresas de ese país que se reconvirtieron aprovechando la fiebre mundial por las mascarillas. Fue fundada en 2013 en Jiaxing, una ciudad industrial de 5,4 millones de habitantes en el norte de la provincia de Zhejiang (en el este de China) a un centenar de kilómetros de los núcleos empresariales de Shanghái y Hangzhou. Es un núcleo urbano especializado en la fabricación de productos químicos, electrónicos y mecánicos. La actividad de esta empresa se había centrado hasta la pandemia en la fabricación de componentes eléctricos (tableros y cableado). Su página web describe a la empresa como una compañía instalada en más de ocho hectáreas con una plantilla de más de 300 empleados. Su cultura corporativa asegura que “la integridad es lo primero”.

La compañía cuenta con un capital de 20 millones de yuanes (2,9 millones de euros) y su principal accionista es Pang Fenghua, quien también aparece mencionado como gerente. Este periódico ha intentado contactar a la empresa por vía telefónica en repetidas ocasiones, sin éxito. Unas veces, el teléfono suena sin que nadie lo coja. En otras, parece hacer conexión pero la línea se corta sin que nadie llegue a decir nada. La persona al otro lado de un móvil de contacto que aparece en la página web declinó responder a las preguntas de EL PAÍS. El correo que aparece en la web ha sido deshabilitado.

Los certificados falsos y la inexperiencia de la fábrica hacen dudar de la fiabilidad de las mascarillas, pero cabe la posibilidad de que los cubrebocas fueran seguros a pesar de estas irregularidades, según fuentes del sector de los EPI. La patronal de los importadores de EPI españoles, Asepal, desconoce si las autoridades españolas han hecho un análisis de laboratorio de las mascarillas de Jiaxing Yinuo Busway y otras que llegaron a nuestro mercado con certificados falsos. “Es posible que sean fiables, pero es dudoso. La mascarilla FFP2 es mucho más compleja que una quirúrgica. Aunque parezca un producto sencillo, tiene detrás muchas reglas a las que debe adecuarse”, dice Verónica Hernández, secretaria general de Asepal.

No queda claro si estos hechos tienen relevancia penal para los investigados. En otro caso muy sonado, Luis Medina y Alberto Luceño, que están siendo juzgados por posible estafa, falsificación y blanqueo en una venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid, también aportaron un certificado falso del centro italiano ECM en su oferta a las autoridades madrileñas, pero con firmas distintas, según reveló el periódico El Español. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción no les ha imputado por ese motivo, sino por la falsificación de documentos en los que se hacían pasar por agentes comerciales de la empresa malaya que les vendió las mascarillas. En ese caso fueron los propios investigados quienes elaboraron los documentos falsos.

Consulte aquí el expediente completo con todos los informes vinculados a la compra de 250.000 mascarillas FFP2 a Priviet Sportive SL., en Issuu o en PDF.

Consulte aquí la respuesta que el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, envió a El País el 3 de marzo de 2022, concediéndole el derecho a conocer el expediente completo de la compra de 250.000 mascarillas a la empresa Priviet Sportive SL. Si no puede ver la imagen correctamente, descargue aquí el documento en PDF.