Vox rectifica en el último minuto para evitar la primera derrota parlamentaria de Ayuso

Para cuando el pleno de la Asamblea de Madrid enfila su final, pasadas las ocho de la tarde de este jueves, ocurre lo que minutos antes parecía imposible: Vox evita la primera derrota parlamentaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, abriéndose a tramitar la ley de autonomía financiera, pese a haber firmado una enmienda a la totalidad contra el proyecto y a haber tildado a los proponentes del PP de “niños mimados”, “absolutamente incoherentes” y “tramposos” solo unas horas antes. Es un ejercicio de contorsionismo político sin casi precedentes. Para que llegue ese resultado, la extrema derecha tiene que retirar en el último segundo esa enmienda, que iba a apoyar la izquierda para tumbar el proyecto. Su decisión hace buenas todas las apuestas hechas por la oposición durante la jornada, que se vive entre duras expresiones sobre Vox y sus continuas rectificaciones para favorecer al PP: “Los pagafantas” y “el felpudo de la derecha” son descripciones que se escuchan en el pleno durante la jornada.

El PP y Vox viven todo el jueves en un intenso tira y afloja. Los conservadores, sin embargo, se fían de los precedentes. Durante casi un año, la extrema derecha ha actuado como un partido subordinado al conservador, permitiéndole sacar adelante proyectos con los que no estaba necesariamente de acuerdo: de la reforma de la ley de Telemadrid, a la elección del Administrador Provisional, el partido de Monasterio incluso rectificó para no apoyar la investigación de las muertes en las residencias con tal de no molestar a la presidenta.

Esa luna de miel amenaza divorcio cuando Vox expresa a las claras que se opone a la ley de autonomía fiscal. El proyecto, que obliga a recurrir a la justicia cualquier alza impositiva decidida por el Gobierno de la Nación, pretende neutralizar preventivamente la homogeneización de los impuestos autonómicos que estudia el Ministerio de Hacienda (que en Madrid supondría una subida en sucesiones y patrimonio). Pero Vox ve en él una profundización del Estado de las Autonomías, al que se opone. Y explicita algo más que sus reservas: se opone empleando las expresiones más duras, ninguneando la norma y ridiculizando a los proponentes.

Comienza así una doble campaña de seducción que dura semanas. La primera, soterrada, consiste en contactos privados para acercar posiciones. La segunda, pública, pone en juego a la joya de la corona del PP.

Primero, Díaz Ayuso hace público el cortejo en un pleno de finales de marzo: “En Madrid hay un gobierno de coalición”, dijo en el Parlamento, pese a que Vox no está en el Ejecutivo. Al día siguiente, para que no haya dudas, aclara que aquello no ha sido un lapsus. Y más tarde, yendo a contracorriente del nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avanza en su intento de sacar adelante la norma acudiendo a Valladolid para avalar con su presencia el primer gobierno de coalición de su partido con Vox (el de Alfonso Fernández-Mañueco en Castilla y León).

Hay un tercer elemento que acaba por convencer a la extrema derecha: para propiciar la derrota del Gobierno tiene que sumarse a la izquierda, una situación difícilmente entendible para sus votantes, y que sabe que Díaz Ayuso explotaría justo cuando las elecciones municipales y autonómicas de 2023 ya está en el horizonte.

Control de Telemadrid

“Con la izquierda no vamos ni a heredar”, resume José Luis Ruiz Bartolomé, el mismo diputado que horas antes ataca al PP por su propuesta.

Así que Vox rectifica con trazo grueso: en público, en el último minuto, y sin explicación posible. Una sorpresa acompañada por otras dos votaciones en los que los dos partidos sí coinciden. La primera es para intentar reformar el estatuto de autonomía y reducir de 136 a 91 el número de diputados (necesitarán el apoyo de 13 diputados de la izquierda). Y la segunda, con voto favorable del PP y abstención de Vox, para reformar la ley de Telemadrid por segunda vez en ocho meses, afianzando su control de la compañía: el director general del ente podrá ser elegido por mayoría simple, sorteando el acuerdo entre derecha e izquierda que era necesario hasta ahora para asegurar que era un cargo decidido por consenso.

Este cambio ha sido tramitado por lectura única, una fórmula que ya denunció el PSOE cuando fue utilizada para la anterior reforma de la ley. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite esa denuncia para estudiar si se han conculcado los derechos de los diputados socialistas al hurtarles la posibilidad de plantear enmiendas.

Así, los cambios aprobados este jueves introducen la posibilidad de elegir al director general del ente por mayoría simple cuando no se alcanza la mayoría de dos tercios de la Cámara (que obliga a entenderse a derecha e izquierda) en la primera votación. El mismo mecanismo se plantea para aprobar la Carta Básica, que fija los objetivos generales de la televisión y radio públicas durante nueve años. Y lo mismo ocurre para elegir a los miembros del consejo de administración, cuyo número se reduce de nueve a cinco.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.