Ayuso lanza guiños a Vox mientras el PP intenta salvar su ley de autonomía financiera

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que el PP impulsará en la Asamblea una comisión de estudio sobre la violencia de las bandas juveniles que operan en la región. Aunque el Ejecutivo autonómico no tiene responsabilidades en materia de seguridad, la líder conservadora ha defendido la necesidad de ir “más allá de tus propias competencias”, mimetizándose con el discurso de Vox, su único socio en la Cámara regional, que viene pidiéndole que actúe en este terreno desde 2019. No es un gesto aislado. Desde que la extrema derecha anunció su oposición a la ley de autonomía fiscal que patrocina el Ejecutivo regional, Díaz Ayuso ha llenado sus intervenciones de guiños al partido ultra: de reducir diputados en la Asamblea a auditar las subvenciones gubernamentales, pasando por la creación de esta comisión sobre bandas juveniles.

“Voy a llevar a la Asamblea una comisión de estudio sobre el fenómeno de la violencia juvenil, especialmente de las bandas”, ha dicho Díaz Ayuso durante una entrevista en esRadio. “Es una cuestión de desarraigo, de falta de afectividad, de valores básicos como es la familia y los entornos sociales seguros, y de drogas”, ha analizado. “El principal problema que tenemos es que Madrid no tiene competencias en materia de seguridad”, ha reconocido. “Es uno de los puntos en los que yo siempre con Vox me distancia, porque proponen cuestiones que no son ámbito de la Comunidad de Madrid”, ha subrayado. Y ha rematado: “Todos tenemos familias y queremos vivir en lugares seguros. Pero no tengo todas las competencias. Sin embargo, no me quedo de brazos cruzados. En tiempos recios hay que adelantarse, y en muchas ocasiones ir más allá de tus propias competencias y no dejar que las cosas se cuezan solas”.

En 2020, y pese a las restricciones a la movilidad impuestas por el coronavirus, 18 homicidios y 80 agresiones sexuales fueron cometidos por menores, según la memoria anual de la Fiscalía. Un dato que el ministerio público considera “alarmante”, pese a que supuso un “leve descenso” frente al año anterior.

Así, Ayuso ha prometido que el Gobierno regional aumentará su presupuesto en seguridad, financiando nuevas industrias que permitan a las policías locales “estar a la última” en tecnología. Un discurso parecido al de Vox, y que recalca el esfuerzo que está haciendo la presidenta autonómica por acercarse a la extrema derecha. Tanto como para pasar de criticar en febrero el discurso Vox ―”los de las bandas latinas son tan españoles como Abascal”, dijo en la Asamblea― a secundarlo en marzo.

Los datos sostienen la afirmación que hizo Ayuso en la Asamblea sobre el origen de los integrantes de bandas, porque un alto porcentaje de los detenidos e identificados por la Policía ya han nacido en España. Fuentes del cuerpo apuntan desde hace tiempo que este es un problema cuya solución debe ir acompañada de una intervención social. “Tenemos que preguntarnos qué hace que un chaval de 13 años quiera pertenecer a una banda”, comentan estas fuentes que trabajan día a día con este tipo de grupos violentos.

Vox es el único socio posible del PP en la Asamblea. Las elecciones de Castilla y León, celebradas el 13 de febrero, han marcado un antes y un después en la relación entre ambos partidos: la extrema derecha y la formación conservadora van a compartir en esa región su primer Gobierno. El adelanto electoral, además, mostró que el partido ultra está en crecimiento. Y eso ha afectado a los socios madrileños: Vox, hasta ahora siempre gregario del PP, ha empezado a marcar terreno.

Para empezar, Rocío Monastero ha anunciado que no apoyará la ley de autonomía fiscal que patrocina el Gobierno de Ayuso, registrando una enmienda a la totalidad. Y este ha reaccionado con una serie de acercamientos bien claros. Primero, activar el acuerdo para intentar reducir de 136 a 91 diputados el número de representantes en la Asamblea, que ambos partidos firmaron en junio con un horizonte de dos meses y del que nada se sabía hasta ahora (que llegue a buen puerto depende de la izquierda). Para seguir, aprobar, como se hará en el Consejo de Gobierno de este miércoles, la auditoría de 300 millones de las subvenciones públicas que recoge el pacto presupuestario firmado por PP y Vox (se encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF). Y para terminar, anunciar la comisión de estudio sobre las bandas juveniles en la región.

Un asunto que hasta ahora siempre había separado a Ayuso de Monasterio. Primero, porque la presidenta regional venía recordando una y otra vez que no tiene competencias. Y segundo, porque por activa y por pasiva ha insinuado que detrás de las exigencias de su contraparte había un sesgo racista. Hasta este miércoles.

¿El resultado? “La ley de autonomía financiera todavía no se ha activado”, dijo Monasterio el martes, dejando en el aire su enmienda a la totalidad de la norma, y abriendo una puerta a la negociación. “Cuando se active, nos sentaremos a hablar con ellos. De momento, lo que queremos es que se debata”. Desde el partido puntualizan que eso no implica un cambio de posición, y que siguen considerando innecesaria la ley.

“La relación con Vox tuvo un momento muy bueno cuando se consiguió aprobar el Presupuesto, y la ley Maestra, posteriormente hubo esa situación en la que presentaron una enmienda a la totalidad a la ley de autonomía fiscal, que no entendimos”, ha resumido este miércoles el portavoz gubernamental, Enrique Ossorio. “Se ha estado hablando con Vox”, ha subrayado, abriendo la puerta, además, a que la colaboración de los dos partidos incluya próximamente la reforma de las leyes LGTBI, para suprimir, entre otros asuntos, los artículos que establecen la inversión de la carga de la prueba en las acusaciones de discriminación. “Nuestra posición es que la redacción de esas leyes, desgraciadamente, muchas veces no es jurídica, sino más bien ideológica o de consignas. Lo que queremos es subsanar eso, y alguno de los temas más conflictivos que incorporan, resolverlos”.

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