Una maquinaria afín a Génova en el Ayuntamiento de Madrid buscó pruebas contra Ayuso

La dimisión de Carromero destapa la existencia de un grupo de asesores que actuaron contra la presidenta regional

Ángel Carromero (izquierda), en la clausura del campus de verano organizado por Nuevas Generaciones de Madrid, en El Escorial en 2015.
Ángel Carromero (izquierda), en la clausura del campus de verano organizado por Nuevas Generaciones de Madrid, en El Escorial en 2015.Angel Díaz (EFE)

La historia que sacude los cimientos del Partido Popular comenzó a mediados de octubre del año pasado y terminó en enero de 2022. Diversos colaboradores y trabajadores del Ayuntamiento de la capital ―al menos tres personas, según ha podido saber este periódico― urdieron un plan para investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.


La mayoría de estos trabajadores del Consistorio fueron colocados a dedo por la dirección nacional del PP. Se afanaron en buscar la prueba definitiva de que el hermano de la presidenta de la región, Tomás Ayuso, habría cobrado una mordida de 283.000 euros. La mordida partiría, supuestamente, de un contrato a dedo entregado por la Consejería de Sanidad a una empresa propiedad de un íntimo amigo de la presidenta madrileña. La adjudicación fue de 1.512.500 de euros por la compra de 200.000 mascarillas acogiéndose a la vía de emergencia, una herramienta de la que disponen las administraciones públicas para acelerar cualquier compra o gestión en periodos de crisis, como la pandemia. La mascarilla saldría a más de siete euros. La compra se produce en un contexto de plena crisis sanitaria. Este contrato, destapado por Eldiario.es en noviembre de 2021, estaba oculto en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

En su intervención sin preguntas del jueves, Ayuso admitió que conoció la existencia del contrato en septiembre a través del presidente del PP, Pablo Casado. Tras esa cita, y siempre según la versión de la dirigente conservadora, Ayuso se puso en contacto con su hermano. En esa conversación, Tomás Díaz Ayuso habría admitido su relación directa con la empresa, y también un cobro: “Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa, y que todo era completamente legal. Que todo está regulado ante Hacienda y declarado”. Ayuso no desmintió en ningún momento que su hermano hubiera cobrado de la empresa.

El trabajo de ese grupo de colaboradores del Ayuntamiento, supuestamente alentados por Ángel Carromero, el hombre de Génova 13 en el Consistorio y coordinador general de la Alcaldía hasta que presentó su dimisión el jueves al propio Almeida, consistió en un primer momento en difundir esa información a través de diversos medios de comunicación. Es más, se reunieron con diversos periodistas de diferentes medios digitales y de papel. Les contaban su plan para tratar de averiguar si el hermano de Ayuso estaba implicado en el asunto.

Tras reunirse con los diferentes informadores, ellos mismos iniciaron una ronda de contactos con hasta dos empresas de detectives. El objetivo era muy claro: había que lograr sí o sí un documento bancario que correspondiera al supuesto ingreso de los 283.000 por parte del amigo de Ayuso a la cuenta de su hermano. Las gestiones con estas empresas fueron infructuosas. Estos bufetes les indicaron que se trataba de una maniobra inviable e ilegal, aunque, según apuntan otras fuentes, también se habló de un alto precio para tratar, al menos, de intentarlo.

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Toda esta trama se hizo, supuestamente, a espaldas del alcalde y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida. El regidor madrileño negó tajantemente estas informaciones durante una comparecencia con preguntas —pero solo en calidad de alcalde y no como portavoz del partido— en la mañana del jueves. Intentó zanjar el supuesto escándalo contando que ni Carromero ni los asesores de las empresas municipales implicados en el intento de contrato a agencias de detectives confirmaron los hechos. “En relación con esta cuestión se me da traslado de una información sobre una presunta reunión entre un detective y un empleado del Ayuntamiento”, observó Almeida. “Se me indica que, efectivamente, esta persona [el detective] viene con el conocimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo me comprometo en hacer todas las averiguaciones necesarias y que, en caso de que se produjera esa reunión, tomar todas las medidas y actuar sobre el responsable del trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda [y Suelo] (EMVS)”.

Este viernes se ha convocado un consejo extraordinario de la EMVS, en la sede de la empresa, para conocer más detalles por parte de todos los directivos. En la comparecencia de Almeida, el alcalde señaló que había iniciado una investigación interna para saber donde habían hablado con un detective. Sin embargo, este detective mandó una nota de voz a grupo de WhatsApp de compañeros asegurando que sí le habían intentado contactar para un trabajo que era ilegal y que, precisamente por eso, lo rechazó, pero que nunca iba a revelar con quién se reunió.

En una breve conversación telefónica con este periódico, Carromero aseguró el jueves que no está detrás de ninguna de estas informaciones. “Si hubiera algo mío, lo habrían publicado. Que lo saquen, que lo saquen”.

―¿Por qué entrega su cabeza al alcalde entonces?

―Me voy para no poner en riesgo el Ayuntamiento, sabiendo que ninguna de las acciones que dicen que he hecho las he hecho.

― Con esto queda en evidencia que ha podido estar detrás...

—Yo no tengo que demostrar qué he hecho. Que lo muestren.

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